El Gobierno salva parte de su reforma fiscal para cumplir con la UE en una negociación caótica y de madrugada

A última hora del lunes, el Ministerio de Hacienda se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más este gravamen extraordinario y llevarlo al Pleno el jueves. El problema es que hace unas semanas ya había pactado con Junts que este tributo decayera, por lo que Sánchez tiene tres días para sacarse un conejo de la chistera y que los soberanistas catalanes cambien de parecer. 

La reforma fiscal que tantas idas y venidas ha dado al Gobierno ha derivado en una Comisión de Hacienda caótica, improvisada, con negociaciones al límite, pausas interminables y hordas de diputados entrando y saliendo de las salas de reuniones teléfono en mano. Alguno pidió a los periodistas si tenían un cargador de móvil de sobra.

Todo para dar tres días más de oxígeno a una ley que, al momento de escribir este artículo, tiene todas las papeletas de acabar en el cajón. Un dato surrealista: el Gobierno cerró a las 23.00 un acuerdo con ERC, Bildu y BNG para prorrogar el impuesto a las energéticas durante un año; dos horas más tarde, a las 01.00, el Ministerio de Hacienda dijo que también mantenía en pie su acuerdo con Junts, que implica todo lo contrario.

El acuerdo precipitado con los socios de izquierdas, por tanto, tiene mucho de simbólico y poco de práctico. La medida de las energéticas tendrá que ir, sí o sí, incluida en un real decreto en el que el bloque de investidura nunca tendrá mayoría. No sin Junts, que uniría sus votos al PP y a Vox.

Volviendo al tema. La norma que ocupará los debates del Congreso esta semana debería, como muy tarde, aprobarse definitivamente este jueves en el Pleno para poder entrar en vigor antes de que acabe el año y evitar así más sanciones de Bruselas. También para conseguir la quinta partida de fondos europeos Next Generation, que tienen esta "reforma fiscal" como requisito.

El Gobierno interrumpe los contactos con sus socios porque ve muy difícil aprobar este lunes el 'impuestazo'

Pero esa opción tampoco está ahora clara. Sobre todo, porque lo que este lunes se aprobó en la Comisión de Hacienda tiene todos los visos de acabar derruido el jueves en el Pleno o durante el próximo real decreto, si es que se incluye ahí. ¿Por qué? Porque en la Comisión sólo votan los grupos, pero no cuentan los escaños, de forma que una mayoría de partidos puede aprobar el lunes una ley que el jueves tumbe otra mayoría de diputados.

El nudo gordiano de todo el asunto es un proyecto de ley para imponer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a multinacionales en toda Europa. Ese es el núcleo del proyecto de ley y, en un principio, no iba a haber mayor problema en sacarla adelante por mayoría dado que, si no se aprueba antes del 1 de enero, puede haber una sanción a España.

Aprovechando esta situación, el Gobierno quiso hacer de la necesidad virtud y pretendió usar la norma como plataforma para la reforma fiscal que había prometido a Bruselas. Así, con acuerdos cruzados entre sus socios, el bloque de investidura empezó a incluir en la ley diferentes enmiendas (casi 140) que van desde el aumento de las tasas al tabaco hasta impuestos a la banca o los pisos turísticos.

La mayoría decayeron durante la interminable sesión de este lunes, pero una buena parte de esas enmiendas permanecen vivas (se debatirán el jueves) y otras tantas se han adherido directamente al texto del dictamen. Dicho de otro modo: si se quiere aprobar la ley y esquivar la sanción de Europa, el Congreso tendrá que tragar con los nuevos adornos de la norma.