Alvise Pérez, durante una reciente intervención ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.
El juez pregunta a la Fiscalía si debe pedir al Supremo la imputación de Alvise tras el plantón del eurodiputado
- La Audiencia Nacional ofreció a Pérez declarar de forma voluntaria el pasado día 20. El político no acudió y ha declinado comparecer.
- Más información: El 'cripto-empresario' que dio 100.000€ a Alvise declara ante el juez que esperaba "favores futuros" del político
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe solicitar al Supremo la imputación de Alvise Pérez.
Al ser eurodiputado, sólo el Alto Tribunal podría investigarle y obligarle a acudir a declarar bajo dicha condición.
Calama ofreció a Pérez que compareciese, de forma voluntaria, el pasado 20 de noviembre a la Audiencia Nacional. El político, primero, recurrió esta citación, como avanzó EL ESPAÑOL. Y, finalmente, no apareció cuando llegó la fecha. Ese día, su abogado, Yegor Varela, manifestó al juez que le plantearía varias fechas alternativas.
Ahora bien, Alvise, finalmente, ha rechazado, de forma definitiva, declarar ante Calama. Y el magistrado, en una resolución fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha preguntado a la fiscal del caso si debería enviar una exposición razonada ante el Supremo.
¿Qué es una exposición razonada? Un documento en el que un juez instructor recoge todos los indicios existentes contra una persona que está aforada.
¿Y qué indicios hay contra Pérez? El cripto-empresario Álvaro Romillo, creador del grupo Madeira Invest Club (MIC) admitió ante la Fiscalía que había entregado 100.000 euros en efectivo a Pérez, para que éste financiase su campaña a las elecciones europeas.
De hecho, Romillo aportó también decenas de chats entre ambos, en los que el político, tanto antes como después de obtener un escaño en Bruselas, le promete que hará lobby en favor de sus empresas.
A raíz de estos hechos, el juez Calama abrió una pieza separada de la causa, distinta de la principal, en la que tan sólo se investiga a Romillo por la supuesta estafa cometida por el MIC.
En esta rama, Calama comenzó a indagar en la posible financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta (SALF), la agrupación creada por Pérez para concurrir a las elecciones europeas del 9-J. Y citó a declarar el pasado día 20 tanto al cripto-empresario como a Alvise.
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El primero sí lo hizo y confirmó que esperaba "favores futuros" por parte de Pérez, cuando éste obtuviera un asiento en el Parlamento Europeo.
Pese a que existe una pieza principal (en la que se investiga la supuesta estafa) y una separada (sobre la posible financiación ilegal de SALF), en su resolución de este miércoles, el juez Calama pregunta a la Fiscalía si debe derivar al Supremo "la totalidad de la causa (...), habida cuenta de que los hechos investigados en este procedimiento resultan inescindibles en cuanto a su investigación se refiere".
Por otro lado, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, una de las acusaciones personadas en esta causa y que representa a centenares de inversores del MIC, ha solicitado a Calama que, de nuevo, ofrezca a Alvise Pérez que declare de forma voluntaria.
Si su oferta no tiene éxito, esta agrupación de denunciantes, adscrita al bufete Aránguez Abogados, reclama que el juez envíe al Supremo una exposición razonada contra el eurodiputado.
