El juez del Supremo que investiga la filtración de datos reservados del novio de Ayuso cita a Miguel Ángel Rodríguez

Nada más conocer la noticia Rodríguez ha declarado a los medios: "Ya veré lo que me pregunta y ya veré lo que contesto". Estas han sido sus palabras en los pasillos de la Real Casa de Correos durante el acto de la Constitución.

La comparecencia de Rodríguez fue solicitada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos investigados en el proceso abierto por el Supremo sobre la revelación en la prensa de un correo electrónico dirigido a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que la defensa de González Amador admitía que éste había cometido fraude tributario. 

La sospecha de que la filtración del correo pudo provenir del fiscal general o de la fiscal jefe de Madrid se debe a que ambos pidieron en la noche del 13 de marzo al fiscal que ha investigado a González Amador la cadena de correos que se intercambió con la defensa del empresario.

La Fiscalía General pidió esa información para desmentir en una nota de prensa las informaciones falsas publicadas esa noche por El Mundo y otros medios -citando "fuentes de la defensa" de González Amador- en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto de conformidad, aunque luego lo había retirado para llevar al empresario a juicio. En realidad, había sido el abogado de González Amador el que planteó al fiscal zanjar con un acuerdo la investigación tributaria al empresario.

En la noche del 13 de marzo, el jefe de gabinete de Ayuso publicó en X un mensaje en el que, en el mismo sentido erróneo, manifestaba: "Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.

Este mensaje fue publicado con anterioridad a que García Ortiz y Rodríguez accedieran a los correos cuya revelación se investiga.

Además, el instructor del Supremo ha citado a declarar, también como testigos y a petición del fiscal general, a los periodistas que firmaron las informaciones falsas y a otros que después publicaron el contenido del correo electrónico del abogado de González Amador.

El instructor también ha aceptado la solicitud de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de dirigir un oficio a la jefa de la Inspección Fiscal para que informe si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género relacionadas con los hechos que son objeto de investigación.

La misma resolución alude al oficio que Hurtado envió al servicio de seguridad de la Fiscalía General solicitando, a petición de APIF, que se conservasen las imágenes del patio central de la Fiscalía General, donde García Ortiz y su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, fueron vistos manejando un teléfono móvil el día en que la UCO registraba el despacho del fiscal general.

La diligencia ha resultado inviable tras la respuesta de ese servicio de que no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central.

Sin embargo, el instructor ha admitido la petición de APIF de que se tome declaración como testigo al fiscal Salvador Viada, que presenció esa escena.

La declaración del fundador de APIF se considera pertinente "en la medida que la reunión habida entre la teniente fiscal del Tribunal Supremo y Álvaro García Ortiz el
día que se practica el registro en la sede de la Fiscalía General del Estado,
cualquiera que fuera el momento, puede aparentar una muestra de una afinidad
y proximidad con el investigado que es conveniente aclarar ante las quejas
formuladas por algunas de las acusaciones por tales muestras", señala el instructor.