El juez tumba el relato del Gobierno: no cree a Ábalos e incluye en el suplicatorio los datos de Aldama

El juez de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor de causa abierta por el llamado inicialmente caso Koldo, decidió ayer cursar el suplicatorio al Congreso para proceder con todas las consecuencias contra Ábalos al hallar contra él "indicios cualificados" de que "obtuvo beneficios" por la adjudicación de contratos públicos, afirma en su resolución.

Esos contratos no son solo ya los referidos al suministro de mascarillas y otros materiales para luchar contra la Covid-19, sino que, por dos veces, el magistrado alude a "otros contratos de empresas y particulares" obtenidos "antes y después" de la pandemia y, en concreto, la "adjudicación de obra pública", precisa en otro momento.

EL ESPAÑOL

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El caso Koldo es ya el caso Ábalos y éste no se va a limitar a los contratos de las mascarillas, origen de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que pasó luego a la Audiencia Nacional y ésta elevó al Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre.

El objeto de la causa se extenderá también -una vez levantada, previsiblemente, la inmunidad parlamentaria a Ábalos- a los contratos de obras públicas a los que se ha referido el empresario Víctor de Aldama en su confesión ante el instructor del Tribunal Supremo.

Aldama, "aprovechando la relación personal" con Ábalos y el asistente de éste, Koldo García,"habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia [de la Covid-19], lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión, así como podría haber obtenido también,
antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros
contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o
institucional", afirma el magistrado.

El párrafo encierra varios mensajes. El primero, que el instructor no ha creído a Ábalos cuando le dijo el pasado día 12 que apenas tenía relación con Aldama. 

Puente lo dice con claridad: la declaración voluntaria prestada por el exministro de Transportes "no se aviene con los indicios [...] que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada".

El instructor considera "indiciariamente justificado" que, "al menos", Ábalos pudo beneficiarse económicamente con el pago, "por parte de Aldama o de personas terceras por él interpuestas" del alquiler de la vivienda de una de sus exparejas y del alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz en la costa. "Y obtenido también de Aldama un contrato de alquiler con opción de compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, contrato en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara la opción, aparentemente muy inferior al de mercado".

De los dos primeros pagos había numerosos indicios en la investigación, pero el contrato de la vivienda del Paseo de la Castellana fue revelado por Aldama.

De la resolución se desprende, en segundo lugar, que Puente ha considerado que muchos de los datos incriminatorios aportados por Víctor de Aldama -y los "documentos aportados"- merecen ser investigados. En particular, el supuesto pago de comisiones por empresas que resultaron adjudicatarias de obras públicas de Transporte. Y ello pese a los esfuerzos del actual ministro para desacreditar a Aldama. 

El instructor del Supremo, no obstante, ha expurgado la confesión de Aldama y en el suplicatorio no hay la más mínima referencia a la afirmación de Aldama de que Ábalos y Koldo le dijeron que una parte de las comisiones percibidas fue a parar al PSOE.

Ese testimonio de referencia, sin ninguna acreditación, no ha sido incluido como objeto de la investigación. De hecho, ni el instructor ni el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, preguntaron por ese aspecto a Koldo García, que compareció después de Aldama.

En cambio, Puente sí indica que el beneficio económico que habría obtenido Ábalos es el mencionado pago de alquileres, "al menos", una matización que abre la puerta a la investigación de los pagos en metálico que Aldama dice haber realizado tanto al exministro como a su antiguo asesor.

De la resolución se infiere también que la estrategia pactada de García para tratar de exculpar a su exjefe no ha funcionado: el instructor no ha dado credibilidad a ninguno de los dos. 

E.E.

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Koldo García "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las que José Luis Ábalos Meco también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado", afirma.