Ilustración: Tomás Serrano.

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Tribunales

La Fiscalía atribuye el borrado de los mensajes de García Ortiz los días investigados por la UCO a un protocolo de seguridad

J. Sánchez
Publicada

"Cero mensajes". Eso es lo que la Guardia Civil encontró en el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante los días en los que se produjo la filtración a los medios de comunicación del expediente tributario contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según se recoge en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado este jueves al Tribunal Supremo en el marco de la investigación sobre la filtración, en el móvil de García Ortiz se encontraron "cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" en las fechas que acotó el magistrado del caso, Ángel Hurtado.

Sin embargo, en el informe de la Guardia Civil no se sugería el borrado intencionado de mensajes o la ocultación de los mismos en esa etapa comprendida entre los días 8 y 14 de marzo de 2024.

E.P.

En este sentido, una instrucción de 2019 de la propia Fiscalía aconsejaba a los miembros de la institución el borrado periódico de los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.  

Fuentes fiscales recuerdan que hace cinco años se publicó una guía básica de actuaciones en la institución y una instrucción en materia de protección de datos. En esta se aconsejaba la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso" y la "limitación del plazo de conservación" de datos personales "durante el tiempo estrictamente necesario".

Javier Carbajal Madrid

Además, se imponía a los fiscales adoptar "medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento".

También establecía la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto".

Por su parte, la guía de actuaciones introduce una serie de medidas de seguridad como la limitación "al máximo" del "almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (discos duros externos, memorias USB, etcétera)" y obliga a "su encriptación en caso de que se utilicen".

También desaconseja almacenar "indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico" y "eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera", añaden las fuentes.

Actualmente, en el marco de la investigación del Supremo sobre la filtración, la UCO ha encontrado en el ordenador de García Ortiz una copia de dos correos en su cuenta de Gmail fechados el 13 de marzo con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona", que es la empresa de González Amador investigada por la Agencia Tributaria.

Investigación judicial

El pasado 2 de febrero, el abogado defensor de González Amador envió un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos. En este, el letrado admitía que su defendido había cometido dos delitos fiscales y planteaba al fiscal la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad que le evitase entrar en prisión. 

El documento privado se filtró a la prensa en la noche del 13 de marzo. La primera imagen del documento la mostró el periódico El Plural en la mañana del 14 de marzo.  

Después de que aparecieran dichas comunicaciones en la prensa, la pareja de Ayuso presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y el TSJM acabó derivando la causa al Supremo, al apreciar indicios contra García Ortiz.

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Es esta filtración, que permitió a la oposición referirse a González Amador como "delincuente confeso", la que indaga el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo a petición de la defensa. El letrado defensor, Gabriel Rodríguez, sospechaba que se podían haber filtrado los documentos desde la cuenta personal de correo del fiscal general del Estado, con dominio de Gmail.

Lo que sí asumió García Ortiz personalmente fue el envío de una nota informativa a los medios de comunicación realizada el 14 de marzo, tras la publicación en medios de la filtración. En ella se aclaraba que fue la defensa de González Amador quien ofreció un acuerdo al fiscal, y se citaban con horas y fechas, extractos del intercambio de correos electrónicos.

Entretanto, el documento privado de la defensa del novio de Ayuso al fiscal llegó al teléfono móvil de Juan Lobato, entonces líder socialista de la oposición en la Comunidad de Madrid. En una conversación a través de WhatsApp, quien fuese entonces jefa de Gabinete del hoy ministro Óscar López -y sustituto de Lobato en Madrid-, Pilar Sánchez Acera,  le envió a Lobato una imagen del documento en la mañana del 14 de marzo, antes de que fuese publicado por los medios de comunicación.

Sánchez Acera sugirió a Lobato que esgrimiese el documento en su intervención de ese mismo día en la Asamblea de Madrid, a lo que el diputado autonómico inquirió sobre cómo habían conseguido el documento. "Si no, parece que la ha dado la Fiscalía", reflexionó.

Lobato acudió a un notario a sentar acta sobre estos mensajes, que la prensa conoció a finales de noviembre. La imagen que envía Sánchez Acera al socialista madrileño no tiene marca de agua de ningún medio. Menos de una hora después, era publicada en El Plural con su logo sobreimpreso.

La acción de Lobato le costó severos ataques dentro de las filas socialistas y acabó forzando su dimisión como líder del partido madrileño pocos días después. Además, el juez Hurtado le citó a declarar. El magistrado le preguntó si estaba dispuesto a que se realizase un clonado de su teléfono móvil, a lo que sí se prestó el aún diputado autonómico y senador.