El juez que investiga a Begoña Gómez cita a Google, Indra y Telefónica, las empresas que hicieron el 'software' de la UCM

El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a los representantes de Google, Indra y Telefonica para profundizar en la investigación del software para medir el impacto social de la pyme que Begoña Gómez propuso utilizar en su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Sobre la esposa del presidente del Gobierno pesa una querella por la supuesta apropiación indebida de ese software, que registró a su nombre en un dominio de Internet.

Las tres tecnológicas crearon gratuitamente esa herramienta para la UCM, aunque no se llegó a desarrollar.

Peinado también ha citado el día 22 de enero a los representantes de la Fundación Manpower y Arsys Internet, la compañía a través de la que Begoña Gómez registró el software unido a su cátedra.

También vuelve a llamar al vicerrector de Relaciones Institucioneles de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y a su antecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. Todos ellos declararán como testigos. 

Cabe recordar que estos dos últimos ya declararon también como testigos con anterioridad, por lo que esta es la segunda vez que les cita.

En una providencia el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid adopta esta decisión después de que el pasado día 18 Begoña Gómez negara en su declaración ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la mujer de Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, negando de igual forma que tuviese ánimo de lucro.

Cabe recordar que fue en octubre cuando el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho software.

Después de que se acordara su citación, su abogado -el exministro socialista Antonio Camacho- defendió por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue "porque la UCM así se lo indicó expresamente".

La defensa también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron "cómo debía registrar" el dominio de internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".