El juez del Supremo acuerda diligencias para rastrear los teléfonos del fiscal general tras el borrado de los mensajes

En concreto, Hurtado ha pedido a la UCO que averigüe los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas utilizadas por el fiscal general, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono.

Con esa información el instructor pretende seguir el rastro del móvil del fiscal general después de que éste lo cambiara antes del inicio de la causa.

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Este mismo lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.

En su opinión, es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados" porque "la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo".

Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal.

Por su parte, el abogado de la pareja de Ayuso ha solicitado al Supremo que amplíe la investigación en torno a los dispositivos del fiscal general para buscar si hay mensajes relacionados con su causa por presunto fraude fiscal con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. 

También con su sucesor, Ion Antolín, que ha dimitido al frente de la Secretaria de Estado de Comunicación, y con la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas, además de varios periodistas.

La defensa de González Amador ha presentado un escrito, en el que pide nuevas diligencias de investigación, entre ellas la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

La noche clave del 13 de marzo

El pasado 19 de diciembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no encontró ningún mensaje en el teléfono móvil del fiscal general, almacenado en las fechas en las que se produjo la filtración del expediente tributario contra Alberto González Amador y la difusión en los medios de los correos en los que la defensa de este empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales.

Así figuraba en el informe de la UCO entregado al juez Hurtado, que investiga al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos o de información reservada.

La UCO clonó el pasado 30 de octubre, en un registro en el despacho del fiscal general autorizado por el juez instructor, la información almacenada en todos los dispositivos electrónicos de García Ortiz durante siete meses, aunque después redujo a siete días -entre el 8 y 14 de marzo pasados- el acceso de los investigadores a esa información.

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Tres días antes del 8 de marzo, el fiscal Julián Salto presentó la denuncia por delitos tributarios y falsedad documental contra González Amador. El 7 de marzo, la fiscal jefa de Madrid se dirigió directamente a Julián Salto para que le remitiera por correo electrónico una copia de esa denuncia, del expediente administrativo y de las diligencias de investigación "relacionadas con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Ese mismo 7 de marzo, Rodríguez remitió el correo electrónico de Salto con toda esa información a la Fiscalía General y a la Fiscalía Superior de Madrid.

Hurtado sitúa en la noche del 13 de marzo la filtración del correo dirigido por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos reconociendo la comisión de delitos tributarios y ofreciendo un acuerdo de conformidad.

De acuerdo con el informe de la UCO, entre las fechas acotadas por el magistrado instructor se encontraron "cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea", es decir, el móvil del fiscal general no almacenó en esas fechas ningún mensaje.