El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen reciente.
El cambio de móvil de García Ortiz al inicio de la causa acentúa las sospechas de destrucción de pruebas
- La UCO ha revelado que el fiscal general cambió de terminal el 23 de octubre. Estaba siendo investigado desde el 16 y el 30 se le incautaría su móvil.
- Manos Limpias ya ha pedido al Supremo que investigue el paradero del antiguo móvil, si tiene nuevo usuario y quién lo formateó.
- Más información: La UCO acredita que el fiscal general cambió de móvil una semana después de que el Supremo abriera causa contra él
El cambio de móvil de Álvaro García Ortiz, ocurrido a los pocos días de que el Supremo comenzara a investigarle, acrecienta las sospechas de que determinadas pruebas relevantes para esta causa hayan sido ocultadas, si no destruidas.
El pasado 16 de octubre, el Supremo abrió una causa contra el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Por un supuesto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, datos que acabaron publicados por la prensa afín al Gobierno. El día 30 de ese mismo mes, el juez Ángel Hurtado ordenó a la Guardia Civil que registrara el despacho de García Ortiz y clonara su móvil.
No obstante, como ha revelado un nuevo informe policial fechado este viernes, el máximo responsable del Ministerio Público había cambiado de terminal entre una fecha y otra: el día 23 de octubre de 2024.
Fragmento del informe de la Guardia Civil sobre el cambio de móvil.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ironizado en Twitter tras conocer esta noticia: "Curiosamente, a García Ortiz le llegó la necesidad de cambiar de teléfono justo cuando le imputó el Supremo". Y ha calificado esta actuación como un "intento de ocultar pruebas" algo que, a juicio de Gamarra, "le delata como culpable".
Por su parte, Manos Limpias, una de las acusaciones populares personadas en esta causa, ya ha solicitado al Supremo varias diligencias acerca de dicho móvil y del uso que García Ortiz hizo de él. Entre ellas, aclarar qué terminal físico era el usado por el fiscal general a mediados de marzo, durante los hechos investigados —antes, por tanto, del cambio— y si es de propiedad de la Administración.
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En un escrito, firmado por el abogado Víctor Soriano i Piqueras y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el sindicato solicita que, de ser así, el Ministerio de Hacienda informe de a quién se le ha entregado nuevamente el móvil antiguo tras el cambio y conocer quién es la persona responsable de su formateo o si, por el contrario, García Ortiz lo entregó ya borrado. "Es de pensar que es su línea de trabajo (...) por lo que debería estar localizable para la Administración", indica el documento.
Cuando la Guardia Civil analizó el teléfono actual, tras incautarlo el día 30 de octubre durante el registro del despacho, encontró "cero mensajes" almacenados en él de interés para la causa.
La Fiscalía se escudó entonces en un protocolo sobre protección de datos sensibles que obliga a los fiscales a eliminarlos periódicamente, a entregar sus terminales para aplicarles un reseteo. Manos Limpias pretende ahora que se investigue quién formateó el móvil y cuál es el paradero actual del mismo.
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la Carrera Fiscal, vuelve a instar a García Ortiz a que se replantee su situación. Por el momento, el fiscal general no planea dimitir y goza del apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.
En conversación con EL ESPAÑOL, la presidenta de AF, Cristina Dexeus, insiste en que "la situación es crítica" y "pone en entredicho la imparcialidad y credibilidad" de la Carrera Fiscal, "lejos de protegerla". "Respetando la presunción de inocencia, no es aceptable que [García Ortiz] se mantenga en el cargo", zanja, tajante.
La causa judicial
El Supremo, el órgano judicial que investiga al fiscal general del Estado, trata de reconstruir con exactitud cómo —y, sobre todo, cuándo— se produjeron los hechos sobre los que versa esta causa, que no son otros que la supuesta filtración a la prensa de información reservada sobre otro procedimiento judicial, el seguido contra Alberto González Amador. Este empresario es el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
En concreto, el Alto Tribunal investiga, desde el 16 de octubre, cómo llegó hasta un medio de comunicación afín al Gobierno el e-mail en el que el abogado de González Amador planteaba a la Fiscalía un pacto, a cambio de que el novio de Ayuso reconociese dos delitos fiscales.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL este viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en su último informe que García Ortiz cambió de móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra él. Y, por tanto, sólo una semana antes de que el juez Hurtado ordenara registrar su despacho e incautar y analizar su móvil.
La UCO indica en dicho informe que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024; es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas".
Las siglas IMSI hacen referencia a International Mobile Suscriber Identity, un número único de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para identificar a un abonado de telefonía móvil. El IMEI es un código similar aplicable a los terminales físicos.
El móvil incautado
Los agentes de la UCO analizaron el teléfono incautado el día 30 y no encontraron ningún contenido relevante para la causa. "Cero mensajes", expresaron en un informe anterior.
Por ello, a finales del pasado diciembre, el magistrado Ángel Hurtado, instructor de esta causa, ordenó varias diligencias en relación con el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz.
En concreto, Hurtado pidió a la UCO que averiguara los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados a las tarjetas utilizadas por el fiscal general, así como la titularidad vinculada a estos números de teléfono.
Con esa información, el instructor pretendía seguir el rastro del móvil del fiscal general después de que éste lo cambiara.
Una de las acusaciones populares de esta causa, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), fue la que pidió al Supremo conocer si García Ortiz "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad. ¿Para qué? A fin de comprobar si la UCO, cuando incautó el móvil del fiscal general el 30 de octubre para analizarlo, "ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo" de 2024.
Dichos días son clave en la investigación, pues el 14 de marzo por la mañana El Plural, un medio afín al Gobierno, publicó por primera vez el correo íntegro en la que el abogado de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía a cambio del reconocimiento de dos delitos fiscales por parte de su cliente y el pago de una multa. Unas horas antes, medios de la misma órbita ya habían hecho referencia al e-mail, aunque sin publicar una imagen del mismo.
González Amador
En el año 2022, una inspectora de Hacienda comenzó a investigar a Alberto González Amador y cerca de año y medio después se formuló la denuncia, por parte de la Fiscalía, en su contra. El Ministerio Público acusó al novio de Díaz Ayuso de haber cometido un fraude fiscal por un valor total de 350.000 euros, entre 2020 y 2021.
El asunto quedó en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que envió toda la documentación del caso a las oficinas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
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Horas antes de la publicación de El Plural, el 13 de marzo de 2024 por la noche, el diario El Mundo publica el siguiente titular: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso.
Dicha información, posteriormente, se revelaría como falsa, ya que fue Carlos Neira, el abogado de González Amador, quien contactó con el Ministerio Público para tantear la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Fue tras la publicación de El Mundo cuando los medios afines al Gobierno publicaban que fue Neira quien ofreció, por e-mail, el pacto al fiscal Julián Salto. En primer lugar, citan extractos del correo electrónico. Posteriormente, son ya varios los que hacen público un pantallazo del mismo. La causa judicial, iniciada con una querella de González Amador, trata de desentrañar, por tanto, cómo llega este documento a la prensa.
