Un juez del TS, el que investiga al fiscal, veta por primera vez la entrega de los videos de los testigos para evitar filtraciones

Así lo ha acordado el magistrado Ángel Hurtado, que investiga si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, filtró datos reservados del expediente por fraude tributario abierto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hurtado, que ha prevenido en varias ocasiones a las partes, tanto verbalmente como por escrito, de la necesidad de respetar el secreto sumarial, ha dictado este viernes una resolución en la que acuerda que "las diligencias consistentes en la
toma de declaraciones personales quede limitada a la entrega a las partes de
su trascripción por escrito, no así del soporte videográfico en que queda
registrado, al que podrán tener acceso en la sede de este Tribunal".

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Hurtado se basa en que, aunque la ley establece como principio general que las actuaciones judiciales serán públicas, contempla excepciones.

Así, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que "excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones».

Hurtado indica que en una resolución emitida el pasado 25 de noviembre de 2024 "se recordaba a las partes que el levantamiento del secreto del sumario 'no ha de hacer olvidar que el sumario sigue siendo secreto en el sentido genérico' (...), lo que implica que, por la razón de reserva que ello conlleva, está prohibida su difusión a terceros por quienes ha tenido acceso a ella».

Posteriormente volvió a pedir «a todos la máxima discreción y el máximo escrúpulo en respetar lo que dice el artículo 301» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la reserva de las actuaciones practicadas en la fase de instrucción.

"No obstante los anteriores antecedentes", añade, "no se puede obviar las filtraciones que a determinados medios han tenido varias actuaciones, lo que ya ha dado lugar a la deducción de particulares para su remisión al Juzgado de Instrucción correspondiente".

Por ello, acuerda que "para el momento procesal en que nos encontramos" no se entreguen a las partes las grabaciones de las declaraciones que se han producido (y, presumiblemente, las que vengan a continuación, entre ellas las del propio fiscal general).

La medida es insólita. Otro magistrado de la misma Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el caso Ábalos, no ha limitado la entrega a las partes de los videos de las comparecencias de los investigados, que han podido ser conocidas de forma directa por la opinión pública.

Hurtado tomó la primera declaración testifical el pasado 29 de noviembre. Se trataba del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Después interrogó el 10 de diciembre al fiscal del Supremo Salvador Viada, también como testigo.

El pasado miércoles y ayer comparecieron Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Ayuso, y varios periodistas.

Para el próximo jueves están citados como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto, autor de la denuncia contra la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El 21 de enero comparecerán los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía Superior de Madrid.