El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Supremo el pasado 29 de enero. Europa Press
Marlaska amplía la protección del fiscal general tras incluirse datos privados como su dirección en informes de UCO
García Ortiz se dirige a Isabel Perelló para presentar una reclamación al responsable de protección de datos del Consejo General del Poder Judicial por considerar en riesgo su seguridad personal y familiar.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado reforzar la protección del fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de que datos privados de esta autoridad, como la dirección de su casa, se hayan incorporado al informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió el pasado viernes a la causa que instruye el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ese informe, notificado a las partes que intervienen en la causa del alto tribunal, incorpora varios anexos en los que aparece el tráfico de llamadas del fiscal general y la identificación del titular de la línea telefónica a la que él llama o desde la que le llaman, junto con el dato de las direcciones particulares de todos ellos.
Figura, así, en esos anexos al informe de la UCO el domicilio de García Ortiz. Pero también el de los titulares de los números de teléfono a los que el fiscal general ha contactado o que le han contactado a él, incluido el de su propio jefe de escoltas.
Esta situación ha llevado a García Ortiz a pedir a Interior un aumento de su protección, que ya ha sido acordado.
Paralelamente, el fiscal general ha puesto esta situación en conocimiento de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a la que ha enviado una carta adjuntando una reclamación dirigida al responsable de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces.
Queja por la actuación de Hurtado
Esa queja es efectuada por García Ortiz "ante la actuación del magistrado instructor de la causa" abierta contra él en el Tribunal Supremo.
Explica que el juez Ángel Hurtado requirió el pasado 7 de enero a la UCO que procediera a obtener de las compañías telefónicas Movistar y Vodafone los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde las tarjetas del móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Se trata del período en el que se produjo la filtración a la prensa de correos electrónicos en los que la defensa del novio de Ayuso reconocía a la Fiscalía de Delitos Económicos que Alberto González Amador había cometido dos delitos tributarios.
El instructor del Supremo pidió saber también la identidad de los titulares de las líneas que recibieron y emitieron llamadas del/al fiscal general; los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y del emisor.
Esa información se ha recogido por la UCO en unos archivos Excel a los que "de modo manifiestamente injustificado" se incorpora el dato relativo al domicilio particular de todos y cada de los titulares de las líneas telefónicas que figuran en dichos listados, "incluyendo no solo el de mi persona sino el de particulares, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En los listados aprecen los domicilios de altos cargos de la Fiscalía o de una vocal del CGPJ, entre otros.
El escrito recuerda que, en el ámbito de la jurisdicción penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que las resoluciones y actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean "adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
Bloqueo cautelar de los datos
Por ello, los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia pueden adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de las resoluciones y de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios.
El escrito del fiscal general al responsable de protección de datos del CGPJ sostiene que "la actuación llevada a cabo [en la causa instruida en el Tribunal Supremo] no solo vulnera la normativa de protección de datos en lo que al cumplimiento del principio de minimización se refiere, lo que podría ser constitutivo de una infracción muy grave, sino que pone en riesgo mi seguridad personal y familiar, así como la de los distintos interesados, hasta el punto de que a raíz de dicha injustificada actuación se ha instado a que se adopten medidas de protección en los domicilios de todas las personas afectadas".
García Ortiz pide que "se adopten todas las medidas de protección personal y de la intimidad que procedan o se inste a las autoridades competentes para que así lo hagan", incluidas "las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el Reglamento General de Protección de Datos referidas al bloqueo cautelar de los datos y a la obligación inmediata a atender al derecho solicitado".
