El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Supremo el pasado 29 de enero. Europa Press
La UCO descubre que el fiscal general borró dos veces sus mensajes de Whatsapp el día que el Supremo abrió el proceso
García Ortiz también eliminó "recientemente" la cuenta personal de Gmail en la que recibió los correos cruzados entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal de delitos económicos.
En la noche en que se filtró el 'mail' en el que el abogado de González Amador admitía el fraude tributario, el fiscal general recibió una llamada del periodista que desveló el contenido de ese mensaje, pero no hablaron.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, borró sus mensajes de Whatsapp el pasado 16 de octubre, el mismo día que la Sala Penal abrió una investigación contra él por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"No se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación de mensajería Whatsapp del dispositivo" móvil del fiscal general, afirman los agentes, que señalan que el mensaje más antiguo detectado es de las 15:04 horas del 16 de octubre de 2024. Es decir, fueron borrados los mensajes anteriores al momento en que se notificó la resolución en la que el Supremo abría la causa, que se produjo antes de las 15 horas.
La UCO indica que "la falta de mensajes anteriores al 16 de octubre del 2024 en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre".
También se ha descubierto la "eliminación deliberada" de la cuenta de Gmail de García Ortiz en la que, en la noche del 13 al 14 de marzo de 2024, recibió la información sobre los correos electrónicos cruzados entre la defensa del empresario Alberto González Amador y el fiscal de delitos monetarios Julián Salto. La investigación del Supremo se centra particularmente en un 'mail' fechado el 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Ayuso ofrecía a la Fiscalía de Delitos Económicos un acuerdo de conformidad y admitía que González Amador había cometido dos delitos tributarios.
"La recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en el servicio de Google Orive no ha sido posible debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio". La cuenta del fiscal general en Gmail, según indica el propio proveedor de servicios, "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar".
Ni políticos ni periodistas
El mismo informe también analiza el tráfico de llamadas del fiscal general e indica que en la noche del 13 al 14 de marzo de 2024 Álvaro García Ortiz únicamente se comunicó con cargos de la Fiscalía: la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y la directora de comunicación, Mar Hedo.
No consta ninguna llamada entrante ni saliente con ningún político.
García Ortíz sí recibió una llamada del periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, a las 21:38 del 13 de marzo, es decir, nueve minutos después de que el diario El Mundo informara falsamente de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para que reconociera el fraude tributario.
Cuando el periodista de la Cadena Ser le llama, García Ortiz está hablando con la fiscal jefa de Madrid, por lo que el fiscal general no llega a contactar con Campos. Este informador publicó a las 23:51 horas de ese mismo 13 de marzo el contenido del correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que se ponía de manifiesto que era la defensa -y no el Ministerio Público- el que había ofrecido un acuerdo de conformidad.
En todo caso, a la hora en que Campos intenta contactar con García Ortiz éste no había tenido acceso a ese correo electrónico, que no le llega hasta las 21:59 horas del 13 de marzo.
Por otra parte, el instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a declarar el próximo 21 de febrero al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, en calidad de testigo.
El ICAM ejerce la acción popular en este proceso. El decano fue uno de los asistentes a la reunión en la que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid explicaron por qué el 14 de marzo de 2024 habían difundido una nota de prensa detallando las conversaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía de Delitos Económicos.
