Unanimidad en el sector jurídico: el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal tendrá un impacto muy positivo en el sector sanitario y beneficiará a todas las partes. Es la principal conclusión de la mesa redonda en la que se ha abordado esta nueva norma en el III Observatorio de la Sanidad, evento organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. 

"Es un proyecto de ley muy ambicioso que, además, introduce los medios adecuados de solución de controversias, denominados MASC. La norma pide a la ciudadanía llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda", ha explicado María José Costa, asesora del Gabinete del secretario de Estado de Justicia.

La introducción de estos medios de resolución es ya una realidad en grupos como HM Hospitales, donde llevan funcionando décadas. "Se hace negociación porque no todos los errores son indemnizables. En nuestra experiencia hemos identificado que cuando gestionamos así el conflicto los resultados son buenos. Se refuerza la relación médico paciente y se reduce el coste", ha dicho Ofelia de Lorenzo Aparici, vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y socia de plataforma REDES (Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario).

Actualmente, se judicializan el 30% de las reclamaciones sanitarios, según los datos aportados por Tamara Azañedo, responsable de Siniestros de Sham-Grupo Relyens. Por ello, "la aprobación de esta ley supondría una menor judicialización y una mejor respuesta a los pacientes que reclaman, a través del diálogo. Se humaniza el conflicto".

En su intervención, Teresa Arsuaga, abogada, mediadora y escritora, ha dejado que la introducción de los MASC en la ley no busca desatascar los tribunales, sino que se insertan dentro de una búsqueda por dar un paso más en la calidad de la justicia".

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Pero con la aprobación de la futura ley también es necesario "un cambio de cultura no solo por el atasco judicial que hay, sino también porque tenemos que superar el automatismo de pasar del conflicto al pleito. Del conflicto hay que pasar a cómo solucionarlo de mejor manera", ha señalado Manuel Díaz Baños, secretario general del Centro de Mediación Fide y socio fundador de MDB Legal.

Además, Díaz ha añadido que, "en el sector sanitario, debería haber un esfuerzo adicional en el que la Administración se vea obligada a acudir al mecanismo de resolución de conflictos".

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Durante la mesa también se ha hablado sobre la necesidad o no de informar y formar al paciente sobre la introducción de estos medios de resolución de conflictos. De Lorenzo ha señalado que "informar al paciente es una obligación ética y legal del profesional".

"Tenemos que dotar al sector sanitario de transparencia. Que los sanitarios se sientan libres de registrar e informar de cualquier evento adverso. Después, el paciente decidirá si quiere judicializar", ha continuado.

Por su parte, Díaz Baños ha especificado que "es vital la formación a la ciudadanía en general, pero también a las asesorías jurídicas de las empresas. Hay que explicarlo". Una formación que también debe llegar a los profesionales sanitarios, en opinión de la portavoz de Sham.

Pero, la conclusión final de esta mesa redonda del III Observatorio de la Sanidad ha sido que será una ley que "beneficiará a todos", tanto a profesionales como pacientes.