Adiós a los mitos de la Inquisición: fue una "central de inteligencia" para proteger a la Monarquía Hispánica

El proceso abierto por el Santo Oficio contra Montagnolo resulta llamativo porque se trata de una conjura contra la Monarquía Hispánica y desvela un interesante fenómeno que desgrana Mercedes Temboury Redondo, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, en La Inquisición desconocida (Arzalia): un tercio de las condenas a muerte dictadas por el tribunal religioso concurría en otros delitos de la justicia secular y respondió a "indicaciones y prioridades civiles, políticas, bélicas, económicas, sociales y antropológicas".

Es decir, según la hipótesis de la investigadora, la Inquisición fue utilizada no solo para perseguir herejías y desviaciones teológicas, sino para rastrear otros delitos que perjudicaran la estabilidad y la fortaleza de la monarquía católica. De las 1.695 condenas a muerte acordadas entre 1540 y 1700 —un 3% de todos los procesados— cabría diferenciar cuatro motivos fundamentales: criptojudaísmo (32%), criptoislamismo (36%), luteranismo (20%) y delitos sexuales (9%). Fuera de esta clasificación quedan casos excepcionales como las once personas sentenciadas por brujería en el famoso proceso de Zugarramurdi.

'Inquisición española. Auto de fe en Valladolid, 21 de mayo de 1559' Rijksmuseum

"La visión de una Inquisición que atormentaba a pacíficos ciudadanos que, aparentando ser católicos, eran en realidad judíos, protestantes o musulmanes y, en la intimidad de sus hogares, practicaban otros ritos y rezaban otras oraciones, va a difuminarse para dejar paso a la imagen de una institución que, de forma quirúrgica y con las mayores garantías procesales que existían en la época, fue capaz de desarticular y reprimir amenazas y ataques a la monarquía en un contexto internacional extremadamente complejo", avanza Temboury en la introducción de la obra, que presenta algunos casos de estudio inéditos.

La autora subraya que las detenciones se produjeron frecuentemente por asuntos ajenos a la religión, aunque después, en el curso de las declaraciones, la condena se justificó por ella. Muchos de los moriscos relajados —aquellos reos que eran entregados al brazo secular para aplicarle la pena capital— fueron perseguidos por delitos civiles como la rebelión, la piratería, el asesinato o la huida a Berbería, que en la coyuntura de la guerra del Mediterráneo, sobre todo en época de Felipe II, suponía nutrir de recursos humanos al enemigo otomano.

Auto de fe en una localidad del Virreinato de Nueva España en el siglo XVIII. Wikimedia Commons

Entre los luteranos, los protestantes de potencias como Inglaterra, la Francia hugonote o las Provincias Unidas, se contabilizan ejemplos de bandoleros, espías, libelistas o falsos religiosos —sacerdotes, frailes y monjas que se introducían en las distintas órdenes religiosas para difundir doctrinas contrarias al catolicismo—. Respecto al grupo de los judíos, la historiadora diferencia tres categorías de delitos civiles: mercaderes y comerciantes que desarrollaron actividades de contrabando, evasión fiscal, tráfico de moneda o conspiración con potencias enemigas; la emigración, que suponía la salida de la riqueza del país; y la falsificación de estado o de identidad para entrar a formar parte de la Iglesia.

El invento de los Tercios españoles con el que lograron la supremacía en los campos de batalla de toda Europa

Un encierro menos duro

Mercedes Temboury concluye que la Inquisición "actuó de forma selectiva en calidad de 'central de inteligencia', de agencia de contraespionaje, de conocimiento de información de amenazas y riesgos estratégicos y tácticos para la estabilidad y los intereses de la monarquía y de su posición hegemónica". Y respalda una hipótesis planteada hace años por el historiador Miguel Artola de que el Santo Oficio, por algunos de sus rasgos, como su capilaridad, su red de informantes o la mezcla de respeto, confianza y temor que infundía, podría llegar a compararse con la Guardia Civil.

Portada de 'La Inquisición desconocida'. Arzalia

En este sentido se desgrana un proceso ocurrido en 1604 contra siete moriscos de la villa de Calanda acusados de asesinar al oficial de justicia del pueblo. Según la documentación, invitaron a Gaspar Méndez, nombrado por el Santo Oficio para que los conversos fueran a misa, a jugar a los naipes o a los dados a la casa de uno de los implicados. Todos ellos fueron acusados por numerosos testigos que subrayan la presencia y el conocimiento que tenía la Inquisición del medio rural: contaba con gente sobre el terreno y el apoyo de muchos habitantes, así como una aparente flexibilidad a la hora de tratar con aquellos que podían constituir un potencial peligro.

Temboury, que también ha publicado hace poco Los historiadores hablan (Gadir), una recopilación de entrevistas sobre Historia e Hispanismo, analiza otras cuestiones interesantes en su ensayo. Por ejemplo, asegura que las condiciones de vida en las cárceles del Santo Oficio fueron mejores que en las ordinarias. Los presos tenían mejor alimentación, cuidados médicos, intérpretes y "relativa libertad de circulación" —el fiscal Crespos de Escobar, en un memorial de 1654, se quejaba de que los reclusos de Granada salían de prisión a todas horas sin límite de tiempo y sin vigilancia—, además de que existían pautas estrictas para la aplicación de la tortura.