"Cualquiera que vea un precio desorbitado en las mascarillas, que venga a la CNMC"

"Cualquier ciudadano que compre una mascarilla por la que le piden un precio desorbitado puede comunicarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo investigaremos", afirmaba este martes Carlos Balmisa, director de Control Interno de la CNMC, durante su intervención en un congreso online organizado por la World Compliance Association dedicado a analizar el papel del cumplimiento normativo en la crisis mundial generada por la pandemia del Covid-19.

Ponentes de seis países y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han participado en el evento. La World Compliance Association, presidida por el abogado español Diego Cabezuela, destinará íntegramente los beneficios del encuentro a la lucha contra el coronavirus a través de la plataforma de donaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Balmisa explicó que la CNMC, organismo encargado de vigilar el funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y las empresas, ha creado un buzón de consultas y denuncias relacionadas exclusivamente con las normas de competencia en el contexto actual de la emergencia sanitaria debida al coronavirus.

"Los canales de denuncia nos permiten aplicar una justicia material de forma inmediata", explicó Balmisa, que señaló que la CNMC publica sus investigaciones y resoluciones "y eso frena conductas ilícitas". 

En el congreso participaron, entre otros, Patrick Moulette, director de la División Anticorrupción de la OCDE; Joel Segura, exprocurador anticorrupción de Perú; Daniel Alonso, exfiscal de Manhattan, y Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, además de las compliance officers de grandes empresas como Repsol, Ikea y Porsche.

Moulette puso de manifiesto que la respuesta a la pandemia del coronavirus no debería verse debilitada por la corrupción y defendió que las investigaciones de los organismos que combate ese fenómeno "deben proseguir sin verse influenciadas por razones económicas o políticas". La clave es "el respeto a la ley y a las obligaciones internacionales anti-corrupción. La cooperación internacional debe continuar", dijo.

Añadió que, en un contexto en el que los gobiernos están dedicando numerosos recursos para hacerse con materiales que permitan combatir la pandemia, es necesario centrar la vigilancia en los intermediarios de las operaciones. 

El juez Magro, por su parte, consideró imprescindible que los tribunales y la Fiscalía dispongan de peritos especializados en cumplimiento normativo y a los que se pueda recurrir cuando en el seno de un procedimiento judicial sea preciso contar con expertos capacitados para emitir una opinión profesional acerca de la corrección de los modelos de compliance implantados por compañías y empresas.