El juez mantiene a Florentino Pérez como perjudicado en la investigación de los contratos entre Villarejo e Iberdrola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del macroproceso Tándem, referido a las actividades presuntamente ilícitas de José Manuel Villarejo, ha rechazado la pretensión de que apartara al presidente ejecutivo de ACS, Florentino Pérez, de la pieza en la que se investiga la contratación del excomisario por Iberdrola.

José Luis San Pedro, que fue número dos de la eléctrica hasta 2014, y el director de Administración y Control, Juan Carlos Rebollo -que tienen la condición de investigados en el procedimiento debido a la declaración de un antiguo controller, José Antonio Olmo- pidieron el juez instructor que revocara la personación de Florentino Pérez como perjudicado en esas diligencias.

Los directivos de Iberdrola argumentaron que la intervención del presidente de ACS como perjudicado tiene sentido en otra pieza del caso Tándem, la número 19, referida a presuntas extorsiones de las que fue víctima el empresario con la utilización de archivos de Villarejo en poder de algunos medios de comunicación. Pero no tendría sentido en la pieza sobre Ibedrola porque su objeto se centra "en proyectos de investigación supuestamente contratados por Antonio Asenjo [exdirector de seguridad de Iberdrola] con la mercantil Cenyt [de Villarejo] para investigar asuntos relativos a la seguridad de Iberdrola que a Florentino Pérez no le afectan en absoluto".

La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado que se mantenga la presencia de Pérez como perjudicado en la pieza de Iberdrola. Se basa en la existencia de documentos encontrados por la Policía en los domicilios del excomisario Villarejo y de su socio, Rafael Redondo, sobre los denominados proyectos Gipsy y Posy.

El primero, que habría sido encargado a principios de 2009, tendría por finalidad verificar si un directivo de Iberdrola, J.M.A., "es receptor de comisiones y si existió acercamiento con el entorno de FLO, con el fin de recabar datos sensibles que afectasen al Presidente de IB", según un escrito de Villarejo.

En un posterior documento llamado Gipsy-Informe definitivo, fechado el 14 de abril de 2009, se concluía que no se ha acreditado que el empleado de Iberdrola hubiera facilitado información sensible de la empresa a terceros, en concreto al presidente de ACS, haciendo una mención a que "una fuente de toda solvencia del círculo muy cercano de FLO ha coincidido con el análisis de los datos manejados [por Villarejo] respecto a que FLO y su entorno mantienen un estrecho cerco sobre las actividades del Pres.de IB y no dudan en manejar un elevado nivel de medios para rastrear hipotéticos puntos débiles para emplearlos en su contra".

Proyecto Posy

El proyecto Posy tenía por objeto obtener "cualquier dato o circunstancia de interés sobre FLO y/o su equipo humano que pudiera ser empleado en un escenario de conflicto", en particular información sobre "acciones irregulares" de Florentino Pérez en la época en la que pugnaba por entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola.

El encargo del proyecto Posy habría sido hecho por DS [director de seguridad de Iberdrola] en febrero de 2009, aunque Asenjo lo ha negado ante el juez y sostiene que fue un ofrecimiento de Villarejo que nunca se llegó a concretar.

La Fiscalía también destacó que en un archivo de Villarejo denominado AS (letras coincidentes con el inicio del apellido Asenjo) existen otras carpetas y documentos que recopilaban información personal y familiar de varias personas, entre ellas de Florentino Pérez.

En una resolución dictada este martes, García-Castellón explica que "la exclusión de la personación de Florentino Pérez interesada por la parte recurrente se basa en una determinada interpretación de lo acontecido. No es que Pérez pudiera haber sido perjudicado, sino que la parte entiende que no se ha acreditado que dichos trabajos de
investigación fueran contratados por Asenjo".

"Se trata de un motivo de impugnación que no puede sostenerse en este momento", considera el juez instructor, que alude no solo a su carácter precipitado -"pues quedan aun diligencias que practicar"- sino a que, además, "se basa exclusivamente en las manifestaciones de Asenjo, sin más criterio que permita su corroboración que la interpretación que hace la parte de las mismas".

Para García-Castellón, "desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, de lo actuado se desprenden hipótesis plausibles de la existencia de hechos en los que Florentino Pérez pudiera haberse visto perjudicado".

A su parecer, lo investigado hasta ahora permite apreciar "elementos evidentes de conexión de Florentino Pérez con los hechos objeto de investigación" y "tales
indicios son suficientes para mantener la legitimación a quien la ostenta como perjudicado".