La pandemia de la Covid-19 ha acelerado muchos procesos de digitalización en las empresas privadas pero, también, en la propia Administración Pública. Incluso en áreas que tradicionalmente han sido más recelosas a dar el salto tecnológico, como pueda ser la de Justicia.

"Ciertos miedos nos han mantenido limitados y encorsetados durante demasiado tiempo. Ahora es el momento del cambio, de hacer de la necesidad una virtud", ha admitido Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, durante el Foro Legaltech organizado por Invertia - EL ESPAÑOL junto a Legálitas.

"Llevamos demasiados años hablando de la digitalización de la justicia, y ahora es una necesidad palpable", ha explicado.

Tan claro tiene este imperativo el ministro que lo sentenciaba a renglón seguido: "El hecho de lo digital en la justicia es clave. Ya no se cuestiona que la tecnología sirve para acortar los tiempos de los procesos, para ser más ágiles y hacer que la Justicia sea más efectiva".

Para Juan Carlos Campo, los desafíos principales tienen que ver con "los recursos económicos disponibles y los recursos humanos", áreas en las que ve una oportunidad extraordinaria en el futuro inmediato: "Los fondos europeos tienen como una de las prioridades la transformación digital dirigida a mejorar la calidad de servicios. Y, en paralelo, estamos impulsando la formación para la introducción de las nuevas tecnologías emergentes en la Administración de Justicia".

El ministro no ha obviado uno de los lastres tradicionales en todos estos procesos de cambio: la fragmentación del sistema judicial en España, compartido con las Comunidades Autónomas.

"Hemos impulsado la cogobernanza de la Justicia desde el principio de la pandemia, con una buena colaboración y disposición de todos. Lo que queremos es seguir construyendo esa colaboración leal y constructiva, acelerando el desarrollo en las zonas donde haga falta y aprovechar lo ya hecho en regiones donde estén más avanzadas, en base al principio de solidaridad entre CC. AA.".

Concluía su intervención Campo adelantando el foco en tecnologías concretas como "la inteligencia artificial y la Justicia basada en datos" y haciendo una advertencia contundente sobre el 'hype' que a veces rodea a la digitalización: "La tecnología por sí sola no es suficiente para transformar la justicia. Necesitamos acompañarla de estructuras organizativas adecuadas y el máximo rigor jurídico".

La 'legaltech' que nació antes que el concepto

En el Foro Legaltech organizado por Invertia - EL ESPAÑOL, los asistentes han podido conocer de primera mano el caso de Legálitas, una de las principales 'legaltech' de nuestro país que, paradójicamente, surgió mucho antes de que naciera el término que la acuña.

"Cuando nacimos hace veinte años, ya éramos una 'legaltech', aunque no se había inventado la palabra todavía. Ya en aquel momento, usamos todas las herramientas tecnológicas disponibles para democratizar los servicios legales a un precio reducido y con una alta eficiencia de procesos", destacó Luis del Pozo, consejero delegado de Legálitas. 

No en vano, la orientación de la digitalización en este campo debe ir siempre en la línea de ofrecer un valor añadido al ciudadano, como resaltó el directivo en su intervención.

De una empresa basada en la relación telefónica entre los ciudadanos y los abogados a una firma eminentemente digital y con la innovación por bandera. En torno a esa particular transformación, Juan Pardo, director general corporativo de Legálitas, ha explicado que su compañía ha usado "la tecnología desde el principio y por pura necesidad de negocio". Los datos así lo corroboran: con entre y tres consultas por profesional y hora, la tecnología se antoja esencial para mantener una calidad y velocidad en la atención a los usuarios de primer nivel.

"Nuestros abogados están hiperespecializados por materia jurídica, lo que nos permite ese nivel de calidad con una eficiencia muy elevada. Pero ya estamos trabajando, por ejemplo, en enrutamientos inteligentes para hacer más eficiente nuestra relación con los clientes. Por ejemplo, si ya tiene un expediente abierto con un abogado, lo mandamos a ese abogado. Si espera un documento, lo mandamos a documentación directamente. Y también usamos la tecnología para decidir la velocidad con la que atender a los clientes, dependiendo de si es un caso urgente o no", detalló Pardo.

A estas implementaciones se le suma el desarrollo de su ambiciosa área privada para los clientes, la cual permite presentar consultas y colgar todo tipo de documentación, "convirtiéndose en un repositorio digital de toda la documentación importante de una persona".

Un proyecto que ha cosechado tal éxito, también entre los despachos con los que colaboran para los casos que se judicializan, que Legálitas está planteándose abrir esa área de clientes para que esas pymes puedan ofrecerla además a sus propios clientes. "Nos llena de orgullo porque al final somos un motor de digitalización para esos pequeños despachos", presume el ejecutivo de la empresa.

Ahí no acaba la cosa. Los siguientes pasos en materia de innovación de Legálitas, adelantó Juan Pardo, vendrán por la creación de espacios de "papel cero", la incorporación del reconocimiento de lenguaje natural y el uso de blockchain para automatizar todas las relaciones contractuales.

Impulsar el sector 'legaltech' en España

Estas intervenciones han sido seguidas por una mesa redonda -moderada por el editor de D+I, Rafael Navarro- en la que destacados nombres del ecosistema 'legaltech' en España han debatido de las oportunidades y retos que se encuentran en estos momentos.

En ese sentido, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, ha explicado que el trasfondo de toda esta evolución no es otro que el poder ofrecer "más servicios por menos. Algo que ya se puso de relieve con la crisis anterior y se ha hecho más patente con la pandemia. Cada vez queremos pagar más por el valor añadido y no por las horas de trabajo o la gran sede que tenga un despacho".

En su opinión, hay algunas tecnologías que son una realidad inmediata para el sector legal. "Es el caso del asesoramiento legal automatizado para reclamaciones de baja cuantía o los marketplaces en los que se valora directamente la experiencia con los abogados. También estamos viendo la incorporación de asistentes para la elaboración de documentos legales o de herramientas de eDiscovery para analizar grandes volúmenes de datos que ya están reemplazando al menos en parte la labor de los abogados junior".

A su vez, Eva Bruch, consultora de Digital Transformation & Innovation y miembro del Global LegalTech, hizo un baño de realidad sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas al sector legal y jurídico.

"Hay mucho software disponible y aunque todos los despachos requieren soluciones parecidas, sus capacidades son distintas en función de las necesidades de cada despacho", explicó Bruch. "Estamos en un momento todavía bastante prematuro. A veces tenemos que ir a tecnologías de fuera del sector 'legaltech' para sentar las bases de un despacho y sobre esa base usar verticales jurídicos. Echamos en falta especializaciones profundas dentro de este sector".

En la misma línea, Carlos Blanco, fundador de Nuclio y Encomenda VC, resaltó que "España es un buen país para crear startups 'legaltech'", ya que tenemos una buena posición tanto en el ecosistema emprendedor digital como en el de los profesionales legales. "La confluencia de ambas es algo muy potente". Sin embargo, resalta el inversor, "el ecosistema todavía está muy verde".

"Tenemos un gran obstáculo respecto a otros países como Francia, y ese es la regulación. Necesitamos una evolución rápida de la regulación en 'legaltech' y en las startups en general, con la puesta en marcha de una Ley de Startups", ha criticado Blanco, que ha echado un jarro de agua fría sobre el reciente anuncio realizado por Pedro Sánchez al respecto: "Dijeron que esta ley se aprobaría en las próximas semanas, pero nos acaban de convocar a una reunión para empezar a trabajar en ella. Si hablamos de 15 o 20 semanas, entonces sí que veremos esta ley, pero no será inminente".

Carlos Blanco añade una nota de optimismo tras estas demandas. Y es que, incluso pese a estas trabas, "ya tenemos cinco startups 'legaltech' por encima de los 100 millones de valoración. Hace falta un gran exit de alguna de estas para que la categoría sea motivadora. Vemos el nacimiento de muchas startups 'legaltech' en EE. UU. con grandes valoraciones y cada vez hay más interés de los fondos de inversión en esta categoría".

Por último, Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, recogía el guante de sus compañeros de mesa y admitía que queda "mucho camino por recorrer para responder al desafío de la transformación digital en la Justicia". De Borja ha explicado, por ejemplo, los pasos que su departamento está realizando para "reformar y modernizar el sistema de Justicia en España, que es una de las prioridades establecidas en los fondos europeos para lograr una Administración del siglo XXI".

Entre los conceptos básicos que forman parte de su estrategia, Francisco de Borja Vargues mencionó que este proceso de transformación debe hacerse "con un proyecto de país, que no nos lleve a evolucionar a distintas velocidades y siempre ofreciendo una serie servicios homogéneos en todas las CC. AA.". A sumar "un esquema de cogobernanza y enmarcado en el proyecto Justicia 2030, para trabajar con un horizonte y perspectiva más amplia".

En ese horizonte, el Ministerio de Justicia quiere reforzar algunas iniciativas desarrolladas durante la pandemia, como los juicios telemáticos o el trabajo deslocalizado ("que haga que las sedes judiciales ya no nos limiten"). La articulación de estos propósitos se plasma en tres normas -Ley de eficiencia procesal, Ley de eficiencia organizativa y Ley de eficiencia digital- que serán los ejes vertebradores de todo ello.