Un objetivo que se plasma en un calendario sumamente exigente de cara a los próximos seis meses. Y es que, según detalla el documento acordado con la Comisión, entre julio y septiembre, el Ejecutivo de Sánchez va a tener que dar cuenta de 11 compromisos. Una lista de tareas que de octubre a diciembre engordará con otras 29 reformas.

Esta batería de proyectos es de lo más variada. Incluyen compromisos presentes en 23 de los 30 componentes en los que el Gobierno ha dividido su Plan de Recuperación aprobado esta semana por Bruselas. Tanto la reforma laboral como la de las pensiones destacan como los dos requerimientos más importantes para los próximos meses, pero no son los únicos.

Movilidad, energía, digitalización, lucha contra el fraude fiscal... La variedad de temas a afrontar va a hacer que durante el segundo semestre del año la actividad de la práctica totalidad de los ministerios sea intensa. En muchos casos, a la puesta en marcha de estas medidas se sumarán tensas negociaciones con los agentes sociales. Un aval que Bruselas ha pedido para las reformas más estratégicas.

De la vivienda a las energías renovables

En el caso de la vivienda, el Gobierno deberá dejar listos tres decretos ley fundamentales para canalizar los planes que se acometerán durante etapas siguientes del plan. El acuerdo con Bruselas recoge la regulación de las ventanillas únicas y los marcos normativos tanto de la estrategia de renovación como de la del alquiler social.

En el campo de la agricultura, debe entrar en vigor de la segunda modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Del mismo modo, se pondrá en marcha el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa para apoyar la mejora y la sostenibilidad de las zonas de regadío. Además, deben firmarse los convenios con los correspondientes organismos públicos de investigación para promover la investigación pesquera y acuícola.

Otro de los sectores que vivirá meses de intensa actividad es el de las energías renovables. Se deben poner en marcha distintos reales decretos que establezcan desde un nuevo sistema de subastas de generación renovable, a la mejora de la previsibilidad de los ingresos que se obtendrán por generación renovable en las nuevas subastas, a las condiciones de acceso y conexión de la generación renovable.

Además, antes de que termine el año, el Gobierno se ha comprometido a tener listos dos elementos que serán clave para los próximos años. Por un lado, la estrategia nacional de autoconsumo. Por otro, la hoja de ruta de la eólica marina. A esto se sumará la estrategia de almacenamiento y liberalización de los puntos de acceso y conexión a las redes eléctricas de transporte y distribución, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Modernización del turismo y la administración pública

La modernización de la administración pública también acaparará varias de las reformas más importantes en este periodo. En este punto destaca la entrada en vigor de la orden ministerial por la que se crea la Oficina Nacional de Evaluación.

Otro sector en el que se pondrán en marcha profundas transformaciones será el del turismo. En concreto, se espera que antes de final de año arranque el Plan de promoción del sector turístico. El objetivo de esta medida es mejorar la competitividad a través de la eficiencia energética y la economía circular. Este proyecto también incluye planes territoriales para la sostenibilidad del turismo en el destino con 561 millones de presupuesto. 

Al mismo nivel que las dos anteriores se situarán las acciones en materia de salud. Durante el cuarto trimestre del año, verá la luz el plan para fortalecer la atención primaria. A esta cuestión estratégica se suma una más práctica como es la aprobación del reparto de los fondos europeos para la renovación del parque tecnológico del sistema sanitario.

La lucha contra el fraude fiscal también recibirá importantes impulsos en este semestre. Según lo acordado con Bruselas, durante los próximos meses se aumentará el personal de la autoridad tributaria a, al menos, 26.320 empleados. En este periodo también deberán ver la luz las nuevas web de sociedades y de la renta. Del mismo modo, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre contribuyentes de diversas fuentes internacionales como FATCA y CRS. 

Una España más digital y conectada

El último paquete de acciones tiene como protagonista al componerte digital, el segundo pilar más importante del Plan de Recuperación tras la sostenibilidad. Con el objetivo de mejorar la conectividad está prevista la asignación del espectro de 700 MhZ para el 5G. La subasta se ha convocado para este verano. A ello se sumará la presentación de un nuevo marco fiscal para el espectro 5G que pretende ayudar a las operadoras en el despliegue. 

En la segunda mitad del año, el Consejo de Ministros deberá aprobar la Estrategia Nacional de Competencias Digitales. Una medida a la que se sumará el compromiso de publicar en el BOE el plan de ayudas para dar equipamiento digital a los colegios, dotado con 300.000 dispositivos. Una medida que llegará a un mínimo de 240.000 aulas, capacitará a 700.000 profesores y revisará la estrategia digital para, al menos, 22.000 centros escolares públicos y subvencionados. 

Del mismo modo, entre octubre y diciembre está prevista la publicación de la carta de derechos digitales. Actualmente, se encuentra en el último tramo de consulta, por lo que podría, incluso, no necesitar apurar los plazos. 

En el campo de la ciencia, antes de que termine 2021 entrará en vigor el real decreto de reorganización de organismos públicos de investigación. Del mismo modo, está comprometida la firma de cuatro acuerdos del Ministerio de Ciencia e Innovación con las Comunidades Autónomas para la implantación de planes I+D con una inversión de 140 millones de euros. Una medida que persigue coordinar las estrategias regionales y nacional de la "especialización inteligente".

Así las cosas, tras el visto bueno por parte de la Comisión Europea del conjunto del Plan de Recuperación, llega el momento de pasar de las reuniones y el Power Point a la ejecución. El Gobierno tiene por delante seis meses en los que tendrá que aplicarse para cumplir con todos los requerimientos comprometidos. Motivación no debería faltar. En la meta de diciembre esperan 10.000 millones.