El Gobierno se prepara para pasar a una nueva fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Durante los últimos meses, el equipo de Sánchez ha estado centrado, primero, en el diseño y la conceptualización de su estrategia y, después, en la defensa y negociación en Bruselas del proyecto. Ahora, tras el visto bueno de la Comisión Europea, el ejecutivo se adentra en un momento que estará marcado por las capacidades de gestión.
Una fase en la que un factor va a estar por encima de todos: la ejecución. Además de 70.000 millones, el Plan de Recuperación trae consigo un nivel de compromisos ligados a un calendario que va a poner a prueba todas las estructuras del Estado. En lo que se refiere a los fondos europeos, el equipo de Gobierno se va a partir en dos unidades: reformistas y ejecutores.
En el lado de los cambios estructurales que se han comprometido con Bruselas, los ministros Escrivá, Montoro y Díaz van a tener que pilotar las reformas de pensiones, fiscalidad y mercado laboral. Del lado de los ejecutores, una figura emerge como la principal encargada de gestionar los principales proyectos del plan de recuperación: la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Tanto es así que en estos momentos el equipo de Iván Redondo está ultimando los flecos de una próxima crisis de Gobierno que supondrá una profunda reorganización de la que surgirá el equipo con el que el presidente Sánchez quiere afrontar lo que resta de legislatura.
Gran apoyo externo
La decisión de poner en manos de Ribera la gestión de los proyectos clave del Plan de Recuperación viene dada por factores externos e internos. De puertas hacia fuera del ejecutivo, durante los últimos meses, su papel ha crecido notablemente en los contactos con los primeros espada de las industrias que se van a ver más afectadas por las reformas que el ejecutivo va a poner en marcha.
Tanto es así, que hasta representantes de compañías que en estos momentos no entran dentro de sus competencias, la señalan desde hace tiempo como la persona clave dentro del Gobierno en cuestiones relacionadas con el Plan de Recuperación. "La que está al frente de este proyecto es Ribera" señala uno de los negociadores de los primeros PERTE que quiere poner en marcha el Gobierno.
En esta cuestión es importante destacar que el elemento de la sostenibilidad, presente en gran parte de los proyectos del plan, tiene su origen en la cuestión energética. Un ejemplo claro de esto se puede comprobar en la movilidad. La puesta en marcha de toda la infraestructura de carga necesaria para que el coche eléctrico se convierta en una alternativa real para los ciudadanos o la transformación del origen de la energía necesaria en el proceso productivo de las plantas de automoción españolas, tienen su punto de partida en las renovables.
En estos proyectos, en principio, más cercanos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, capitaneado por José Luis Ábalos, o al de Industria, Comercio y Turismo, con Reyes Maroto al frente, la figura de Ribera ya está siendo clave a la hora de configurar los elementos centrales de su conceptualización de la mano de las empresas más importantes de estos sectores.
De la conceptualización a la ejecución
Si desde fuera del Gobierno existen cuestiones que han terminado por aupar a la vicepresidenta cuarta al papel clave del Plan de Recuperación, dentro del propio Gobierno también existen movimientos que están ayudando en la misma dirección. En la ya mencionada remodelación del ejecutivo, se pretende que lo relacionado con los fondos europeos tenga un componente más técnico que político.
Una vez conseguido el beneplácito de la Comisión Europea para las líneas maestras y los proyectos del plan, ahora ha llegado el momento de ponerlo en marcha. Un reto ingente ya que jamás en la historia moderna de España se han activado en un periodo de tiempo tan corto tantos proyectos y de tal calado como los que impulsarán los fondos europeos.
Para ello, se quiere dotar a Ribera y a su equipo de las mayores capacidades posibles para alcanzar esta meta. Entre las opciones que están encima de la mesa está la de unir ministerios. Una medida que, además, del mensaje político que siempre trae consigo la reducción de carteras, también buscaría dotar de más recursos al ministerio para la Transición que tiene un equipo más escueto que, por ejemplo, el de industria, para poner en marcha licitaciones o concursos.
¿Septiembre o julio?
Este es el contexto en el que se está trabajando la configuración del nuevo equipo de Sánchez. Una trasformación que tendría lugar en una inminente crisis de Gobierno cuya fecha se ha ido moviendo durante las últimas semanas. En las filas del ejecutivo señalan que, en estos momentos, ningún ministro conoce cuál va a ser su rol en la nueva etapa del Gobierno.
Hace unas semanas el consenso señalaba que la reorganización tendría lugar con septiembre en el horizonte para arrancar el curso con el estreno de carteras. Durante los últimos días, ha ido ganando peso la posibilidad de que la revolución se ponga en marcha ya este mismo mes de julio.
Pedro Sánchez se ha comprometido a realizar un encuentro con todos los presidentes autonómicos como pistoletazo de salida del Plan de Recuperación. Con el diseño anterior, julio habría sido el mes para que los actuales equipos cerraran los flecos pendientes. Ahora, parece que se va imponiendo la opción de utilizar este mes para que la nueva organización se haga con los mandos antes del parón de agosto y que ya esté lista para el encuentro del presidente con los responsables autonómicos.
Sea cual sea el calendario final, queda claro que tras los indultos de los presos independentistas catalanes y la aprobación del Plan de Recuperación por parte de Bruselas, la legislatura entra en un nuevo capítulo. Uno en el que, en lo referente a los fondos europeos, el ejecutivo se dividirá entre reformistas y ejecutores.
Al frente de estos últimos se situará la actual vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. De su buen hacer dependerá gran parte del futuro de este ejecutivo y del impacto positivo que los 70.000 millones comprometidos tengan en la economía española. Seguramente, una de las misiones con más potencial de impacto ha tenido un político español entre sus manos en la historia reciente del país.
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