Sin duda, estamos ante un escenario para celebrar. Se trata de un esfuerzo de solidaridad sin precedentes por parte de la Unión Europea que, lógicamente, tendrá como contrapartida la exigencia del cumplimiento de requisitos y garantías ligadas a la ejecución al tratarse de los recursos aportados por todos los Estados Miembros, máxime en un clima electoral de algunos de los denominados “halcones”.

Siendo esos requisitos una condición habitual para la ejecución de los Fondos Estructurales, en el caso del PRTR, hemos de enfatizar dos características “ex novo”, que son el correlato lógico de su excepcionalidad: el seguimiento de los hitos como condicionalidad de pago y el volumen de recursos a gestionar en la mitad de tiempo del que estábamos acostumbrados.

Estos dos nuevos elementos generan una situación de riesgo que requiere profundizar en el control ex ante y ex post de la ejecución de los fondos para evitar irregularidades. Todos estos procedimientos de control son garantías para los ciudadanos de la UE y garantizan la transparencia y la eficacia en el uso de dinero público, pero requieren tiempo, que es precisamente de lo que no estamos sobrados.

Construir todo el entramado institucional que ha exigido el PRTR no es fácil, como tampoco es sencillo gestionar las expectativas del colaborador público necesario a este fin, que es el sector privado. Las manifestaciones de interés o las consultas preliminares que recomienda la Guía Básica del Plan antes de la adjudicación de partidas presupuestarias son buena prueba de ello. Confío en que por esta vía hayamos avanzado considerablemente en la conceptualización y definición de proyectos que encajen convenientemente en los Componentes, Palancas e inversiones del PRTR.

No obstante, vamos lentos. Según la IGAE, la ejecución de los 24.000 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, ha sido prácticamente nula hasta abril y casi nada habría llegado al nivel de compromiso en este momento. Esto tiene bastante que ver con haber dejado fuera de escena a “actores principales" en la ejecución del gasto, como las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, habida cuenta de la arquitectura institucional española, con múltiples niveles de gobierno y un elevado índice de descentralización y desconcentración.

En este sentido, invito al lector a constatar el proceso participativo que acompañó al Acuerdo de Asociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020 y la gobernanza multinivel que ahí se describe. Nada ha cambiado desde el punto de vista del legislador comunitario, como se demuestra en el artículo 28 del Reglamento 2021/241 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) cuando regula la coordinación y complementariedad entre los responsables de la ejecución de estos fondos con el resto de los fondos estructurales, a escala nacional y regional, para lograr los objetivos del Mecanismo.

Tampoco cuando el artículo 17 del mismo Reglamento invita a considerar la estrategia de los acuerdos de asociación de los MFP 2014-2020 y MFP 2021-2027, o cuando el artículo 18 prevé que forme parte del plan a presentar por cada Estado miembro, un proceso de consulta con las autoridades regionales y locales.

Sirva de ejemplo ilustrativo la denuncia del Comité Europeo de Regiones (CDR) y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) ante la Comisión de Política Económica (ECON) por la falta de participación de los municipios y regiones, pese a la previsión reglamentaria. Reservar la capacidad de decisión sobre el MRR al Estado está retrasando todos los procesos de programación y ejecución presupuestaria del resto de las administraciones territoriales, que tienen que esperar a que se activen los mecanismos tradicionales de ejecución del Presupuesto del Estado, vía conferencias sectoriales o convenios, en lugar de disponer de la senda financiera plurianual que les permitiría anticiparse en su propia programación, presupuestación, así como en las consultas preliminares para las convocatorias y licitaciones que sean de su competencia.

Esto no significa prescindir de la necesaria coordinación que se puede ejercer a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Comisión Nacional de Administración Local o, directamente, por parte del Ministerio de Hacienda al aprobar la programación de los Fondos.

Junto al MRR, se ha aprobado el nuevo MFP 2021 -2027 con una concentración temática muy exigente, lo que dificultará su ejecución. No todos los gestores de gasto serán capaces de ejecutar todos los programas, con lo que sería bueno ir repartiendo fondos entre los gestores para procurar especializarlos, equilibrando al tiempo las distintas fuentes de financiación que permiten distinta intensidad de ayudas y así garantizar la cofinanciación en todos los niveles territoriales.

En definitiva, vamos lentos. Necesitamos velocidad y especialización. La buena noticia es que el artículo 21 del Reglamento del MRR permite la modificación del PRTR a instancia de un Estado miembro. En el caso de España, tenemos un buen entramado institucional y mucha experiencia en la ejecución Espero que esto sea posible si peligra el grado de ejecución, algo que no sería en favor de nadie en concreto, sino del conjunto de nuestro país. Ojala!