El juez que instruye el caso Tándem-Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ampliado los delitos por los que investiga al expresidente del BBVA Francisco González (FG), que ahora deberá responder de una supuesta administración desleal.

En una resolución conocida este miércoles, el magistrado atiende una petición de la Fiscalía Anticorrupción para añadir ese presunto delito a la investigación por cohecho y revelación de secretos que ya pesan sobre el financiero. Estos cargos están relacionados con la contratación de José Manuel Villarejo para diferentes encargos (investigaciones patrimoniales y de empresarios y políticos que se temía que actuaran contra el banco) en los que ese excomisario habría utilizado métodos ilegales, como el acceso al tráfico de llamadas de los espiados.

Según la resolución del juez, que reproduce los argumentos de Anticorrupción, ahora se atribuye a González "haber utilizado recursos de la entidad para su uso exclusivamente personal", en concreto "para valorar la adquisición de una finca a título privado".

Información antigua

Se trata de una información que figura desde hace años en el procedimiento y cuya fuente de conocimiento es, además, el propio BBVA.

En 2019 el banco entregó en la Audiencia Nacional el informe forensic realizado por la firma auditora PwC y los despachos jurídicos Uría y Garrigues. En él se dio cuenta de que se habían localizado documentos elaborados por Cenyt -empresa vinculada a Villarejo- referidos a la localización, valoración, información registral y condiciones de adquisición de fincas en cuya compra estaba interesado Francisco González.

En uno de los informes de Cenyt se detallan datos genéricos de dos empresarios, Joaquín Arespacochaga Llópiz y Luis Palacios Moreno, y su relación con la empresa Rochester Ibérica, propietaria de una finca en El Escorial (Madrid).

Los autores del forensic localizaron correos electrónicos cruzados entre Joaquín Gortari -entonces director del gabinete del presidente, hombre de la máxima confianza de FG y promovido a jefe de auditoría interna del BBVA poco antes de la salida de González en diciembre de 2018- y Antonio Béjar, que era director de riesgos del banco y ahora es uno de los investigados en el Tándem, al igual que Gortari. Ambos intercambiaron información referente a Rochester Ibérica y a determinadas anotaciones registrales de prohibición de disponer que podían afectar a la compra de la finca.

También se hallaron mails en los que Francisco González era informado de la financiación de la finca de El Escorial, cuya enajenación fue descartada.

La empresa de Villarejo también hizo gestiones relacionadas con otras en las que González estaba interesado situadas en Madrid, Toledo, Baleares y Marbella. Finalmente, FG se inclinó por la última, que se encuentra en Guadalmina.

Riesgos reputacionales

La investigación a FG por esa supuesta administración desleal se produce a pesar de que, en la declaración que prestó el pasado día 15, Gortari explicó que no se trataba de un encargo a Cenyt al servicio privado del entonces presidente sino que la finalidad era que el banco no se expusiera a "riesgos reputacionales" si, por falta de información, González se metía una transacción millonaria inconveniente, motivo por el que era no sólo bueno sino incluso "obligado" saber a quién y qué iba a comprar el máximo directivo de la entidad. 

Ahora el juez ofrece al expresidente del BBVA la posibilidad de declarar, si lo estima oportuno, sobre este nuevo delito investigado.

García-Castellón ha añadido también a un nuevo investigado en el caso: Pablo García Tobin, director de comunicación.

Se le incorpora al procedimiento por un supuesto delito contra la Administración de Justicia por haber "encubierto" a Francisco González, cargo que se desprende, según Anticorrupción, de la declaración que prestó el pasado marzo Inés Díaz, directora de seguridad física del BBVA.

Díaz dijo que el 25 de mayo de 2018, tras la aparición de las primeras noticias en prensa sobre la contratación de Villarejo por el BBVA, García Tobin y Eduardo Arbizu -exdirector de los servicios jurídicos del banco, también investigado- la convocaron a una reunión. A instancias del responsable de comunicación, añadió, se creó una carpeta en Google Drive para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt.

El juez ha acordado otras diligencias también solicitadas por los fiscales, como datos sobre un crédito concedido por BBVA a Villarejo en el período en el que trabajaba para la entidad.