A la primera entidad le correspondieron 72 millones por las garantías concedidas en la adquisición de Catalunya Banc (pagados el 31 de julio), mientras que Abanca recibió 14 millones por NCG Banco (pagados el 23 de diciembre). Por su parte, a CaixaBank se le ingresaron en junio del año pasado 19,5 millones por la liquidación anual de las pérdidas procedentes del esquema de protección de activos (EPA) de Banco de Valencia, según refleja la memoria de actividades del FROB correspondiente al ejercicio 2020.

Los esquemas de protección de activos fueron una de las vías que utilizó el Estado para poder dar salida a las entidades que se llevó por delante la crisis financiera. Se trata de un mecanismo por el cual el Estado garantiza a los bancos que recuperarán una parte del valor de los activos que integran, que fue muy utilizado en la pasada reestructuración bancaria para facilitar la absorción de entidades quebradas por parte de otros bancos.

A los que puso en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) con Sabadell y BBVA por las adjudicaciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Unnim, respectivamente, se suma el que concedió el FROB a CaixaBank por hacer lo propio con Banco de Valencia en noviembre de 2012.

Por este último, que vence en septiembre de 2022, la autoridad de resolución ha abonado ya al banco 129,2 millones de euros a lo largo de los últimos años, de los que 16,7 millones se han pagado este mismo 2021.

Paula Conthe, presidenta del FROB. FROB

Este EPA cubre el 72,5% de las pérdidas que puedan derivarse de una cartera de activos que inicialmente tenía un valor de unos 6.424 millones. Desde que comenzó, el FROB ha recibido unos 3,1 millones en concepto de comisión anual y a día de hoy estima que aún debe hacer frente a una obligación de unos 326,36 millones.

Coste del rescate

El FROB constituyó una herramienta clave para la salida de la pasada crisis financiera. En total, inyectó 2.331 millones de euros al sistema financiero para cubrir las garantías de los EPA de Catalunya Banc (552 millones), CEISS (430 millones), Nova Caixa Galicia (352 millones), Banco de Valencia (605 millones) y Caja Sur (392 millones).

Sin embargo, las ayudas totales canalizadas a través del FROB al sistema financiero fueron mucho mayores, habida cuenta de que la autoridad inyectó otros 56.545 millones a través de toma de acciones, participaciones preferentes o CoCos, como se conoce en el argot financiero a los bonos contingentemente convertibles en acciones.

Las entidades que mayores importes recibieron por esta vía fueron BFA-Bankia (22.424 millones), Catalunya Banc (12.052 millones), Nova Caixa Galicia (9.052 millones), Banco de Valencia (5.498 millones), Banco Mare Nostrum (1.645 millones) y CEISS (1.129 millones), pero no fueron las únicas. Dentro del importe global se encuentran también 2.192 millones correspondientes a la participación del FROB en la Sareb (actualmente del 45,9%).

A cierre de 2020, de acuerdo con esta memoria, la autoridad nacional de resolución únicamente había recuperado 5.919 millones, apenas el 10% del total inyectado, y la mayor parte fue a través del cobro de cupones de las participaciones.

José Ignacio Goirigolzarri y José Sevilla en su etapa en Bankia.

La última publicación del Banco de España en relación con el rescate financiero, fechada en noviembre de 2019, cifraba en 9.560 millones el importe estimado que podría recuperar el Estado de las ayudas públicas y correspondía en su totalidad a BFA-Bankia. Dos años después, el banco es propiedad de CaixaBank y el Estado sigue presente en su capital con una participación del 16% que terminará desinvirtiendo. El último acuerdo del Consejo de Ministros al respecto fijó en 2023 el plazo límite para la salida del capital de Bankia.

También en 2020, el FROB hizo frente al pago de 72,3 millones de euros por intereses, comisiones de apertura y otros gastos relacionados con el préstamo concedido por el Tesoro en 2012 y 2013 para canalizar los fondos del MEDE a través del rescate bancario.

Litigios tras las ayudas

El rescate también ha dejado al FROB un reguero de procesos judiciales, como los relacionados con las conductas irregulares de directivos en las antiguas cajas de ahorro. La autoridad estaba personada como perjudicada a principios de 2020 en 21 de estas causas penales, la gran mayoría muy avanzadas y con la instrucción finalizada.

Solamente dos están más atascados por su complejidad y trece ya han empezado a celebrar el juicio oral, con sentencia en seis de ellas (cinco condenatorias). Además, según explica el FROB, constan reconocidos judicialmente de manera firme hasta 20,3 millones de euros más intereses legales y costas.