La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere, ha presentado cuatro demandas tras la conclusión del proceso de reestructuración financiera, por el que la empresa de juegos traspasará su parte operativa a un nuevo holding llamado Codere New Topco.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) referente a la junta de accionistas del grupo, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, el vehículo inversor de los Martínez Sampedro, Masampe S.L, ha solicitado el ejercicio de acciones contra determinados acreedores del grupo, la homologación en España de las operaciones de reestructuración, una auditoría de fraude de la actividad del negocio de Codere Online y el ejercicio de acciones en materia de protección de datos.

Tras la reestructuración financiera, la parte operativa del grupo será transmitida al nuevo holding Codere New Topco, cuyo accionariado se repartirá en un 95% para los acreedores y el 5% restante estará en manos de la antigua Codere, que recibe además 'warrants' emitidos por la nueva sociedad matriz.

Los fundadores de la multinacional han señalado que la refinanciación financiera implica que los acreedores se harán con la totalidad de los activos de la empresa, sin intervención ni homologación judicial, un acto que va "en contra del principio de prohibición del pacto comisorio en España, y en ejecución de acuerdos abusivos que se pueden calificar de presuntamente delictivos en España".

Votación del acuerdo

"Los acreedores buscan retribuir a los que colaboren en la ejecución de esos acuerdos presuntamente delictivos", han denunciado. En este sentido, una vez expuestos ante la junta quienes son esos acreedores y los importes de sus deudas, se someterá a votación el acuerdo de ejercer contra los mismos, las acciones que procedan en derecho español.

Por otra parte, Masampe S.L ha señalado que la reestructuración del grupo no es posible sin la homologación judicial en España, la cual será solicitada ante el tribunal español competente.

La familia fundadora ha incidido en que la reorganización financiera prevé la homologación judicial en España de los acuerdos de reestructuración de las filiales españoles y lo excluye de la matriz del grupo, Codere S.A.

"No se ha dado ninguna explicación a esta diferencia", han explicado los Martínez Sampedro, denunciando que el acuerdo de reestructuración "es ilegal en España", ya que no se basa en ningún convenio de acreedores, y "simplemente, se les entregan a los acreedores todos los activos, sin convenio alguno, y sin ninguna valoración de los activos antes del 11 de mayo de 2021".

Auditoría de fraude

Las demandas de los Martínez Sampedro continúan con Codere Online, la filial de juego 'online' del grupo que cotiza en el Nasdaq tras una fusión de su negocio con DD3, una sociedad cotizada con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés).

Según estos, la actividad de la filial se realiza aproximadamente en un 65% aproximadamente en España, pero, sin embargo, se ha creado un complejo sistema de sociedades filiales de la empresa en varios paraísos fiscales.

"Hay motivos más que justificados para solicitar una auditoría de fraude, no financiera, de toda la actividad de Codere Online que además se jactan se ejecuta solo en beneficio de los acreedores del grupo Codere, y no de sus accionistas", han añadido.

También en relación a Codere Online, los fundadores ha denunciado que se están utilizando los datos de todos los clientes residentes en España para cederlos en masa a sociedades no residentes en España, en beneficio de terceros.

"No consta que se haya informado en detalle a las autoridades competentes y se hayan obtenido las autorizaciones necesarias", han añadido.

Dimisión de consejeros

Al margen de las demandas de los Martínez Sampedro, el consejo de administración de la compañía tomará conocimiento de la dimisión del consejo de administración y la aprobación de su gestión durante la junta, en el marco de la disolución de la sociedad.

En este sentido, se someterá a votación la aprobación de la disolución del grupo y el nombramiento de un liquidador único, además de la solicitud de suspensión y exclusión de cotización de las acciones de la compañía.

La empresa propondrá a Servicios de Liquidación Societaria S.L como liquidador único del grupo, que percibirá el 2% del valor líquido de los activos resultantes de la liquidación, una cifra que oscilará entre los 325.000 y los 450.000 euros.