El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha recurrido la decisión del juez instructor del caso Tándem de citarle a declarar como investigado el próximo 18 de enero en relación con la contratación del excomisario José Manuel Villarejo.

La defensa de Galán, que recuerda que el empresario se ofreció a ir a declarar antes de que el juez le diera la condición de investigado el pasado 23 de junio, afirma que, en la situación actual del procedimiento, la citación vulnera su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Se basa en que la Sala Penal de la Audiencia Nacional revocó el 15 de noviembre la decisión del juez García-Castellón de quitar la condición de investigado a José Antonio del Olmo, un antiguo controller de la compañía, para convertirlo en testigo.

Olmo asegura haber confeccionado en diciembre de 2004 un escrito -en el que no aparece otra firma que la suya y las casillas correspondientes al visado de sus superiores están vacías- en el que afirma que el exjefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, le dijo que Galán conoció la contratación de la empresa Cenyt (vinculada a Villarejo) para neutralizar la oposición política y social existente en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado. Asenjo ha negado que diera a Olmo dato alguno sobre el presidente de la compañía.

El documento de Olmo -reputado falso por Iberdrola, que tiene interpuesta una querella- fue lo que determinó que se diera a Galán el estatus procesal de investigado. La defensa del empresario propuso en julio varias diligencias para verificar la autenticidad del escrito del controller, pero el juez no se ha pronunciado sobre ellas en estos cinco meses. 

En el ínterin, Olmo ha sido condenado por un juez mercantil de Bilbao por robar documentos de la eléctrica y la Audiencia Nacional ha vuelto a darle la condición de investigado en el caso Tándem ya que, pese a afirmar que los pagos a la empresa de Villarejo eran irregulares, el propio controller los autorizó.

"Necesidad de investigar"

La Sala ordenó, además, al instructor que determinara en qué medida el escrito aportado por Olmo es necesario para la investigación. Galán sostiene que, sin haber despejado previamente ese extremo, su citación a declarar le provoca indefensión "dado que el elemento base de su llamada al procedimiento viene constituido por un documento confeccionado por un investigado, sobre el que pesa una denuncia formal de falsedad, cuyo archivo por el instructor ha sido recientemente revocado por la Sala, la cual ha impuesto una investigación sobre el particular, no abordada hasta el momento".

La defensa considera que la decisión de la Sala tiene como consecuencia "la necesidad de investigar la falsedad atribuida al documento" aportado por el controller, bien directamente por el propio instructor o bien por el Juzgado que corresponda si no se aprecia conexión delictiva.

"La Sala ordena al instructor adoptar una decisión concreta que, a la fecha de la providencia [en la que se cita a Galán a declarar], no ha sido emitida", destaca la defensa en un escrito presentado este viernes.

A su juicio, el planteamiento de la Sala "se acomoda a la perfección" a la doctrina del Tribunal Supremo "que proscribe el empleo de pruebas ilícitas con fines incriminatorios".

"Si, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, prueba ilícita es la obtenida con vulneración de derechos fundamentales, con mayor razón lo será aquella que, en sí misma, puede ser constitutiva de delito, al materializarse en un documento cuya falsedad ha sido denunciada y sobre el que pesan indicios de tal magnitud que la propia Sala de lo Penal ha considerado pertinente investigar", argumenta.

La defensa señala que la citación del presidente de Iberdrola en el contexto procesal descrito lleva consigo la infracción del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías. "Ni el artículo 24.2 de la Constitución ni la doctrina del Tribunal Supremo [sobre la prueba ilícita] autorizan a practicar diligencias o interrogar a una persona sobre la base de un material que ofrece indicios de falsedad y que ha de ser objeto de investigación por mandato judicial", añade el escrito, "sin necesidad de entrar ahora en el detalle de las consecuencias, de todo orden, que provocaría la investigación de una persona -incluida su llamada a declarar, en sede judicial, como investigado- con fundamento en un material presuntamente delictivo".

En el caso de que el instructor concluyera que el documento de Olmo no le es preciso para la investigación "decaen automáticamente los 'indicios' conformados en él en  contra de Galán, por lo que la investigación de éste resulta a todas luces improcedente", indica la defensa, que asegura que el presidente de Iberdrola "jamás" ha conocido en la compañía ningún comportamiento constitutivo de delito.

Prescripción

De otro lado, el Juzgado no ha resuelto, desde hace más de cuatro meses, la petición de la defensa de que se aprecie la prescripción de los hechos que se investigan.

Las diligencias tienen por objeto la contratación de Villarejo por el exdirector de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, cuando el comisario era aún funcionario de Policía en activo.

Villarejo, que habría empleado métodos ilegales como el acceso al tráfico de llamadas de las personas a las que investigó, giró a Iberdrola facturas que no reflejaron los encargos reales sino conceptos genéricos sobre seguridad.

La defensa sostiene que, incluso en la hipótesis más desfavorable a Galán consistente en que los delitos fueron continuados, el plazo de prescripción se habría superado ampliamente y así lo argumentó en un escrito presentado al juez el 2 de agosto, aún no resuelto.

En este marco, la citación de Galán "vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", defiende, ya que "no se puede seguir investigando aquello que la ley veda por estar prescrito".

Por su parte, Iberdrola también se ha dirigido al Juzgado para que el instructor investigue la presunta falsedad del documento de José Antonio del Olmo.

La eléctrica subraya el "claro perjuicio" que el caso Tándem está causando a la compañía, tanto en su reputación como en sus operaciones.

"Perjuicio" a la compañía

Ello se acaba de poner de manifiesto, afirma, en los obstáculos surgidos para la compra de la compañía americana PNM Resources, la gran operación de la energética española diseñada para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos.

"Esta adquisición está valorada en 8.000 millones de dólares y, finalmente, se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las diligencias previas", afirma Iberdrola en referencia al caso Tándem.

"La decisión de los Comisionados [miembros de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México], que han rechazado la operación de adquisición, ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal", explica. "Prueba de ello es que, en el momento de emitir su voto, cuatro de los cinco Comisionados, mencionaron expresamente la investigación penal desarrollada en España como motivo para rechazar la operación, haciendo duras manifestaciones en contra de la compañía. A estos perjuicios se une, irremediable la caída en Bolsa de las acciones de Iberdrola".