El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha dirigido al Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tándem para denunciar la "inactividad" del instructor respecto a sus peticiones, que están siendo sistemáticamente ignoradas.

El juez García-Castellón dio a Galán la condición de investigado el pasado 23 de junio por los contratos que Iberdrola suscribió con la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, que llevó a cabo investigaciones privadas pese a estar en activo en la Policía. Desde entonces, el presidente de Iberdrola ha presentado varias peticiones, ninguna de las cuales ha sido contestada.

El 7 de julio la defensa solicitó que se llevara a cabo una serie de diligencias para aclarar la legalidad y validez de un documento aportado por un antiguo controller de Iberdrola, José Antonio Olmo, que Iberdrola reputa falso.

Olmo asegura haber confeccionado en diciembre de 2004 un documento -en el que no aparece otra firma que la suya y las casillas correspondientes al visado de sus superiores están vacías- en el que afirma que el exjefe de seguridad, Antonio Asenjo, le dijo que Galán conoció la contratación de Cenyt para neutralizar la oposición existente en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado.  Asenjo ha negado que diera a Olmo dato alguno sobre el presidente de la compañía.

El documento aportado al Juzgado por el antiguo controller de la compañía fue el que sirvió de base para dar a Galán el estatus procesal de investigado y su defensa propuso varias diligencias para verificar su autenticidad. No han sido ni aceptadas ni rechazadas. El pasado 30 de septiembre Olmo fue condenado por un juez mercantil de Bilbao por robar documentos de la empresa y la Audiencia Nacional ha revocado la decisión de García-Castellón de dejarle como testigo en el proceso y no como investigado, condición ésta que se dio porque, pese a afirmar que los pagos a la empresa de Villarejo eran irregulares, el propio Olmo los autorizó.

Presunto espionaje

También el pasado julio Galán pidió al juez que investigara una anotación aparecida en las agendas incautadas a Villarejo de la que se desprendería que éste le espió "al punto de llegar a tomarse conocimiento ilícito del contenido de conversaciones mantenidas por éste en el transcurso de un almuerzo privado".

La solicitud tampoco ha sido resuelta. El escrito se queja de que "no se han tutelado los derechos" del máximo directivo de Iberdrola "ni se ha facilitado su ejercicio" ya que, a diferencia de lo que el Juzgado ha hecho con otros empresarios -como Florentino Pérez o Manuel Pizarro- a él no se le ha ofrecido ejercer acciones contra Villarejo por ese presunto espionaje.

El 2 de agosto, el presidente de la eléctrica pidió el archivo de la causa. Alegó, de un lado, que, de existir, los delitos que se le atribuyen (cohecho, contra la intimidad y falsedad documental) estarían prescritos. De otro, adujo que le es de aplicación la doctrina que la Audiencia Nacional y el propio juez del caso Tándem han aplicado a otros altos directivos de compañías (Antonio Brufau, Javier Monzón, Juan Miguel Villar Mir) en el sentido de que la contratación de proveedores no estaba "en el ámbito de control del presidente" y que "sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”.

Un mes después, el 2 de septiembre, el Juzgado dio traslado de la petición de archivo al fiscal y a las demás partes. Hasta este momento no ha sido resuelta, y ello pese a que sí han sido proveídos escritos de otras partes presentados con posterioridad a los de Galán.

Daño reputacional

La defensa pone de manifiesto que "la sujeción a una causa penal comporta una evidente carga personal que, en no pocas ocasiones, se traduce en menoscabos reputacionales, singularmente valorables cuando, como es el caso, el afectado proyecta una imagen pública derivada de su alta responsabilidad en una compañía cotizada de primer nivel, presente en los cinco continentes".

El escrito subraya que se han puesto en conocimiento del Juzgado "en varias ocasiones" las consecuencias gravosas que el retraso en contestar los escritos presentados está generando.

"El propio instructor debe ser consciente de ello", indica, "pues en su auto de 29 de julio de 2021, emitido en la pieza separada 21 de esta causa, destacó el perjuicio causado a una compañía por la imputación de su presidente", señala en referencia a Brufau, presidente de Repsol. García-Castellón escribió respecto a éste que “no se debe perder de vista la situación a la que se somete a una empresa cuando no sólo se imputa responsabilidad a la persona jurídica sino también a la figura de su presidente". Añadió que "los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas, sino también deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad".

El escrito de la defensa de Galán alude, a este respecto, a la "preceptiva observancia" del principio de igualdad en la aplicación de la ley y recuerda que a Brufau se le dio la condición de investigado el 15 de abril pasado, se le recibió declaración el 7 de mayo y las diligencias se archivaron respecto a él el 29 de julio siguiente.

"Es decir", resume la defensa del presidente de Iberdrola, "el devenir procesal de Brufau en ese Juzgado Central duró poco más de tres meses" mientras que en el caso de Galán, "amén de varias peticiones -incluso de sobreseimiento- sin resolver ni proveer, debe repararse en que el Juzgado no practica diligencia de investigación alguna, en su sede, desde el 9 de febrero, fecha en la que tuvieron lugar las últimas declaraciones".