José Antonio del Olmo, que fue director de control de funciones corporativas de Iberdrola hasta su jubilación en 2016, está citado a comparecer el próximo viernes a un acto de conciliación en Bilbao -previo a la formalización de una demanda laboral- convocado a instancia de la compañía energética, que reclama al antiguo controller 573.128,46 euros brutos.

Esa cantidad corresponde, de un lado, a los bonos estratégicos de los años 2014 a 2016 percibidos por Olmo y a la retribución variable de 2016, cuando dejó la empresa, y, de otro, a los bonos estratégicos que recibió entre 2007 y 2013.

La reclamación laboral ha sido promovida por Iberdrola dos meses después de que el Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao condenara a José Antonio del Olmo por violar el secreto empresarial tras acreditarse que robó facturas y otros documentos confidenciales que pasaron por sus manos y que nunca ha devuelto.

Olmo ha entregado algunos de esos documentos al juez que investiga el caso Tándem en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que investiga al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y a otros altos directivos, además de a Iberdrola Renovables, por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo. 

El antiguo controller asegura haber confeccionado en diciembre de 2004 un documento -en el que no aparece otra firma que la suya y las casillas correspondientes al visado de sus superiores están vacías- en el que afirma que el exjefe de seguridad, Antonio Asenjo, le dijo que Galán conoció la contratación de Villarejo para neutralizar la oposición existente en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado. Asenjo ha negado que diera a Olmo dato alguno sobre el presidente de la compañía.

El documento de Olmo ha sido determinante para que el juez haya dado la condición de investigado a Galán, que está citado a declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de enero. La defensa del presidente de Iberdrola ha pedido al juez que aclare antes la validez y eficacia procesal de ese escrito del controller, ya que en los procesos judiciales no pueden surtir efectos las pruebas obtenidas ilícitamente.

El frente laboral que ahora se abre para Olmo se debe a la consideración de que "el directivo, incumpliendo la normativa interna de Iberdrola, así como su contrato laboral y sus más elementales obligaciones de confidencialidad y buena fe contractual, al menos desde 2004, a lo largo de su relación laboral, fue apropiándose indebidamente, con la finalidad de sustraerla, de información secreta y especialmente sensible de la sociedad", en particular facturas confidenciales.

Según Iberdrola, Olmo "incumplió su contrato, el Código de Conducta Profesional de la compañía, el Código Ético y el procedimiento interno de aprobación de facturas sin pedido", unos documentos que se guardan en caja fuerte y a los que pueden acceder muy pocas personas.

Las facturas de la contratación de Villarejo pasaron por las manos de Olmo, que las aprobó. De hecho, sin su visto bueno no hubieran podido pagarse. Pero el controller ha admitido haberse quedado con facturas, como las relativas al Consejo Consultivo de Andalucía, que eran ajenas a su ámbito de control, "lo que pone aún más si cabe de relieve la transgresión de la buena fe contractual en que incurrió Olmo, que buscó, ex profeso, dichas facturas con el único fin de sustraerlas", asegura Iberdrola en la papeleta de conciliación.

"En el momento de su acceso a la jubilación", añade el escrito, "no devolvió a la sociedad dicha documentación" sino que se la quedó "pese a conocer que ello estaba expresamente prohibido por las políticas empresariales".

"Todo ello lo hizo con premeditación, durante más de 10 años, con total ocultación y persiguiendo fines espurios completamente ajenos a los laborales y a los propios intrínsecos al deber de lealtad y de buena fe que debe de presidir toda relación laboral, deberes reforzados en puestos de confianza como el ostentado por el directivo".

"Vicio de consentimiento"

Durante su permanencia en Iberdrola, Olmo tuvo "determinados beneficios a los que no habría accedido como trabajador ordinario, entre otros los bonos estratégicos". Se trata de una retribución "totalmente extraordinaria, concedida a un colectivo muy reducido de directivos y vinculada al cargo de confianza y especial lealtad a la empresa, que resultan de todo punto incompatibles con la conducta totalmente irregular y continuada en el tiempo del directivo que Iberdrola acaba de conocer"

La energética sostiene que, si hubiera conocido la conducta de Olmo antes de marcharse de la empresa, "habría considerado incumplidas sus obligaciones laborales básicas" y no habría percibido ni las retribuciones variables ni los bonos estratégicos. Hubo, sostiene, un "claro vicio en el consentimiento" de Iberdrola en esos pagos a su antiguo director de control de funciones corporativas.

Esas cantidades fueron cobradas "indebidamente", según la compañía, pues su empleado, "prevaleciéndose de la ocultación de su actuación, creó una falsa creencia en la empresa que, confiando en su buen hacer, le retribuyó con una gratificación a la que solo habría tenido derecho como recompensa, entre otros, a su fidelidad a la empresa, fidelidad que, como se ha conocido ahora, dejo de existir desde el año 2004".

La papeleta de conciliación enumera los aspectos del código ético, de régimen disciplinario, de la guía de conducta de directivos y de su propio contrato que Olmo habría incumplido, y recuerda que tanto el convenio colectivo de Iberdrola aplicable en 2016 como el Estatuto de los Trabajadores "prevén como conductas merecedoras del despido disciplinario la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

A su parecer, Olmo "no solo incumplió sus obligaciones como responsable de las facturas desde, al menos, el año 2004 y su deber de devolver a Iberdrola toda la información una vez cesara su relación laboral en el año 2016 —poniendo en riesgo en todo este tiempo la confidencialidad de las mismas— sino que, transgrediendo la más elemental buena fe contractual, abusando de su cargo y de manera totalmente consciente y voluntaria, durante años estuvo sacando del sistema empresarial cientos de facturas confidenciales –algunas incluso ajenas a su cargo– para sustraer las mismas, de manera totalmente irregular y oculta".