La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez del caso Tándem-Villarejo que siga investigando al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y a ambas compañías al existir indicios de que los primeros pudieron ordenar una investigación sobre el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. Esa investigación fue encomendada por los departamentos de seguridad al comisario José Manuel Villarejo, que habría empleado métodos ilegales para tratar de conseguir información sobre el pacto alcanzado entre la mexicana Pemex y Sacyr para hacerse con el control de Repsol.

La Sala ha estimado los recursos interpuestos por el propio Luis del Rivero, defendido por el letrado Jaime Campaner y personado en el procedimiento como acusación particular; la Fiscalía Anticorrupción y el partido político Podemos, que ejerce la acción popular, contra el archivo de las diligencias para Fainé, Brufau y sus respectivas compañías, acordado por el juez el pasado 29 de julio.

La Fiscalía alegó el que instructor había acordado un "cierre en falso" de la investigación y la defensa del expresidente de Sacyr se quejó de que la instrucción no estaba agotada. A su juicio, resultaba "incongruente" que el 13 de julio el juez prorrogara la investigación con el argumento de que "aún no había cumplido sus fines atendido el volumen de la documentación intervenida y la complejidad de su análisis y valoración" y que dos semanas acordara el archivo acogiendo una petición de las defensas sobre la que las acusaciones no pudieron alegar.

Indicios

En una resolución conocida este lunes, el tribunal acoge los argumentos de las acusaciones y revoca el archivo del proceso en lo que se refiere a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé, y ordena al juez García-Castellón proseguir la investigación.

La Sala recuerda que se han descubierto indicios de conductas delictivas (presuntos delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos) como consecuencia del encargo realizado a Villarejo por los responsables de seguridad de Repsol y CaixaBank, "tras un pacto de las compañías Sacyr y Pemex que podía tener una importante repercusión en el accionariado de Repsol".

Existen, en particular, indicios de que Villarejo, que entonces era comisario en activo, investigó a Del Rivero, su esposa y otras personas vinculadas a Sacyr, y "pudo haber accedido a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones de esas persona".

El tribunal revoca el archivo del procedimiento por lo que respecta a Brufau porque "hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de sus resultados".

Del mismo modo, "las diligencias previas ponen de manifiesto indicios que obligan a continuar el procedimiento respecto de Isidro Fainé e impiden una decisión como la adoptada por la resolución impugnada", afirma la Sala en referencia al archivo de las diligencias para el expresidente de CaixaBank.

"Fainé ha reconocido en sus declaraciones el impacto que el acuerdo Sacyr-Pemex podía tener para CaixaBank en cuanto accionista de Repsol al poderse producir cambios en la composición de las mayorías de capital con acceso al control de esta última compañía", señala.

"Buena prueba de ese interés es que Fainé estuvo de acuerdo, al hablar con Brufau de este asunto, en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías
colaborasen en el asunto Sacyr-Pemex y que sus respectivos responsables se
reuniesen para tratar con el grupo Cenyt", perteneciente a Villarejo.

La Sala destaca que Fainé reconoció haber transmitido a su director de seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño, la noticia de la contratación de Cenyt por Repsol, "encomendándole que se reuniera con su homólogo en Repsol para abordar el
asunto". Rancaño, además, le infirmó de los resultados de las gestiones de Cenyt.

Modelo de 'compliance'

En relación con el sobreseimiento de Repsol y CaixaBank, la Sala indica que el instructor se basó en que ambas compañías habían implantado un modelo de prevención de delitos, con reglas anticorrupción y controles para evitar la contratación de un funcionario público.

Sin embargo, en línea con los recurrentes, el tribunal considera que la instrucción no puede darse por finalizada sin haber practicado antes las diligencias de declaración de los responsables de cumplimiento normativo y sin haberse aportado la documentación de soporte del informe de KPGM aportado por Repsol  para poder analizar su modelo de prevención establecido.

La resolución menciona todos los indicios aportados por los recurrentes que pueden indicar que no se aplicaron debidamente los controles del plan de prevención y por ello entiende necesaria la práctica de nuevas diligencias.