La Sala, además, obliga al juez a aceptar la intervención de Iberdrola en las diligencias como parte acusadora contra Olmo.

Las decisiones ahora anuladas fueron adoptadas por García-Castellón el pasado 27 de enero, cuando acordó expulsar a Iberdrola del procedimiento e impedir que actuara como parte acusadora contra Olmo.

La compañía ostentaba esa condición debido a la querella que interpuso contra José Antonio del Olmo, que fue director de control de funciones corporativas de Iberdrola hasta su jubilación y que se ha convertido en el principal testigo de cargo contra su antigua empresa.

Iberdrola acusa a Olmo de haber elaborado en diciembre de 2004 un "documento falso" en el que el controller manifestaba que el entonces jefe de seguridad, Antonio Asenjo, le dijo que Ignacio Sánchez Galán y otros dos directivos conocían un encargo especial hecho al comisario José Manuel Villarejo para que neutralizara la oposición existente en Arcos de la Frontera (Cádiz) a la construcción de una central de ciclo combinado. En ese trabajo Villarejo habría utilizado métodos ilegales, como el acceso al tráfico de llamadas de los opositores a la central de Iberdrola.

La compañía no sólo reputa inveraz el contenido de ese documento, sino que afirma que Olmo "simuló" haberlo entregado a sus jefes, lo que no ocurrió. De hecho, el escrito sólo lleva su firma y las casillas correspondientes al comprobado y aprobado de sus superiores están vacías.

El documento, depositado en 2004 por el controller en una notaría, ha sido entregado a García-Castellón, que lo considera un elemento incriminatorio contra Sánchez Galán. Sin embargo, el instructor acaba de retirar la condición de investigados a otros dos directivos, Francisco Martínez Córcoles y Fernand Bécker, también mencionados por Olmo en el mismo documento.

Expulsión sin investigación

El juez del caso Tándem tiene en su poder la querella de Iberdrola contra Olmo porque se la remitió el Juzgado de Bilbao que inicialmente la recibió. García-Castellón aceptó su competencia para investigarla, pero no lo ha hecho.

Bien al contrario, el pasado 27 de enero revocó la condición de querellante de la eléctrica y ha preguntado al fiscal y a las partes si Iberdrola debe pasar a la condición de investigada, tal como pide el presidente de ACS, Florentino Pérez, personado como acusación particular.

García-Castellón consideró que "no puede ventilarse en este mismo procedimiento [el caso Tándem] la pretensión sostenida por Iberdrola relativa a la posibilidad que se tratase de un documento privado manipulado que se había creado [por Olmo] para perjudicar los intereses de la compañía", sino que la investigación sobre la falsedad del escrito "deberá posponerse hasta la conclusión de la investigación [de los encargos de Villarejo] y, de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos por los que se sigue esta pieza".

La Sala ha desautorizado la interpretación del juez: "Al entender el instructor que el documento de diciembre de 2004 [el elaborado por Olmo] es necesario para la investigación de los hechos de esta pieza, precisamente ha de investigar también en ella si es un documento falso o no dada la incidencia de esa circunstancia en el objeto del proceso", afirma en una resolución conocida este lunes.

"Lo que se dijo por esta Sala no es que se posponga la investigación, sino el pronunciamiento sobre la falsedad del documento o inveracidad de lo manifestado por el testigo Juan Antonio del Olmo, y este pronunciamiento se pospone hasta la conclusión de la investigación", explica el tribunal.

La Sala indica que los hechos acaecidos en la instrucción "evidencian que es la única interpretación posible a la vista del contenido de los interrogatorios llevados a cabo por el instructor los días 17 y 18 de enero a los investigados Francisco Martínez Córcoles, Fernando Bécker y José Ignacio Sánchez Galán, en los que expresamente se introduce y se pregunta por ese documento".

Concluye, por ello, que "la instrucción ha de continuar sobre ese extremo [el documento aportado por Olmo] y decidir el instructor sobre la posible falsedad" cuando la investigación termine. Ello "conlleva a restituir a Iberdrola en su posición de acusación particular".