Quienes siguieron de cerca los últimos años de la caída del Banco Popular recordarán cómo el inversor mexicano y exconsejero del banco, Antonio del Valle, y el penúltimo presidente de la entidad, Ángel Ron, acabaron siendo grandes enemigos. Sus diferencias han quedado plasmadas en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional para esclarecer los motivos que provocaron la desaparición del banco.
Sin embargo, Del Valle coincide ahora con Ron en que el juez José Luis Calama debe investigar las actas de la reunión del consejo de administración del 6 de junio de 2017, el último que celebró el banco bajo la presidencia ya de Emilio Saracho, el día anterior a que el Santander absorbiera la entidad por un euro.
Antonio del Valle ha solicitado al juez del caso Popular que recabe las actas con las manifestaciones de varios consejeros de la entidad acerca de esa reunión en la que se declaró la inviabilidad de la entidad.
En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la defensa de Del Valle se adhiere a un recurso de apelación de Ron. Ambas partes se oponen a la negativa de Calama a practicar varias diligencias.
En línea con Ron, Antonio del Valle también solicita al juez que el despacho de abogados Uría Menéndez identifique a "los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo que asesoró al Banco Popular desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 7 de junio del mismo año".
A su vez, pide que "se aporten todas las comunicaciones internas" entre este bufete, que asesoraba al consejo de administración cuando se produjo dicha reunión, y los gestores o directivos del Banco Popular durante ese intervalo. Y que se entreguen al juez "cuantos documentos, en borrador o definitivos, se elaboraron por los asesores hasta la declaración de inviabilidad del banco".
Y, finalmente, solicita que todos ellos, una vez sean identificados por el despacho Uría y Menéndez, sean citados a declarar como testigos en el caso Popular.
Negativa del juez
En un auto reciente, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, denegó las diligencias que solicitó Ron. El magistrado se opuso a "desplazar el centro de gravitación" de la decisión del consejo de administración del banco al despacho Uría.
"El consejo de administración del BP [Banco Popular], integrado por personas de indiscutible formación financiera y empresarial, adoptó un acuerdo esencial para la viabilidad de la entidad", expuso.
"La mera lectura del precepto descarta florituras interpretativas. No puede desplazarse el centro de gravitación de esa decisión genuina del consejo a su presunto asesor (despacho Uría). Debemos recordar que los consejeros declararon ante este instructor en calidad de investigados, pudiendo referirse a ese asesoramiento inadecuado a que se refiere el escrito del señor Ron", reza su auto. La Fiscalía también respaldó esta negativa del juez.
Por contra, la defensa de Del Valle sostiene ahora "que los consejeros de Banco Popular pudieron no haber dispuesto de la información y el asesoramiento necesario a la hora de declarar la inviabilidad" de la entidad. Y que no fueron, por tanto, "verdaderamente conscientes de las consecuencias que ello implicaba".
"Dicho de otro modo —concluye la defensa de Antonio del Valle—, que los consejeros de Banco Popular declararon su inviabilidad (...) sin que, previamente, por parte de los asesores asistentes, se les explicaran las verdaderas consecuencias que dicha declaración implicaba".
Una causa compleja
La Audiencia Nacional lleva ya años recabando testimonios para tratar de esclarecer las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional.
Cuando Del Valle fue interrogado por el juez en 2019, culpó a la JUR del fin del banco y salió en defensa de Saracho. Mientras, Ron ha arremetido contra Del Valle en algunas de sus declaraciones en la Audiencia Nacional, puesto que acusó al mexicano de querer "dar un pelotazo" con la entidad.
En esta ocasión, ambos ponen el foco en lo mismo para pedir al magistrado que investigue una reunión que puede esconder algunas claves sobre cómo se dirimió la resolución.
La causa investiga dos piezas separadas. La primera afecta a la etapa de Ron y su equipo de colaboradores por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que la entidad llevó a cabo en 2016. La segunda, se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la entidad por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.
El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que los antiguos accionistas del Popular no podrán pedir una indemnización al Santander basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa.