2022 ha sido un choque de realidad para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular, y para el proyecto comunitario de los Next Generation, en general. Tras superar los peores momentos de la pandemia de la Covid-19, el intento de invasión de Rusia sobre Ucrania, ha provocado un terremoto que ha tenido como consecuencia un nuevo tablero de juego para la economía mundial.
El proceso de globalización, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido dando paso a un nuevo contexto geopolítico de bloques que ha pillado a Europa con el pie cambiado. Tras años de tejer profundas dependencias con Rusia y China, el Viejo Continente se ha convertido en una de las regiones del mundo más tensionadas tras el órdago lanzado por Putin al conjunto de la comunidad internacional con Ucrania como primera víctima.
Los Next Generation fueron conceptualizados para un mundo muy distinto al actual. Su objetivo era dinamizar sectores claves para el futuro de la economía como palanca para movilizar la economía de comunitaria tras el shock generado por el coronavirus. Un instrumento para que los países más dañados por el virus, con Italia y España a la cabeza, pudieran pisar el acelerador hasta posicionarse como actores destacados en segmentos económicos de gran potencial futuro.
La ruptura de Rusia de gran parte de los acuerdos sobre los que se ha sustentado la estabilidad occidental de la última década ha desatado una carrera a nivel internacional por tomar posiciones de ventaja en las industrias que tendrán un impacto más profundo en la prosperidad de las próximas décadas. Los esfuerzos por liderar la aplicación de la inteligencia artificial, las nuevas fuentes de energía limpias o la movilidad eléctrica se han desatado.
Una velocidad de crucero insuficiente
Todo esto ha ocurrido en un 2022 que desde el Gobierno se había señalado como el ejercicio en el que el Plan de Recuperación debía alcanzar la velocidad de crucero. Tras un 2021 en el que se levantaron los cimientos administrativos para poder desplegar el grueso de los fondos, este ejercicio debía ser el de la llegada efectiva de recursos a las empresas.
El cambio de ciclo se ha dado. El Plan de Recuperación ha pasado ya a una etapa en la que los fondos fluyen. Así como el año pasado el problema fue que las expectativas se habían dimensionado respecto a la realidad de qué impacto iba a tener en plan en el día a día de la economía del país, en 2022 el cambio de contexto exige una celeridad a la hora de aplicar reformas y poner en marcha proyectos mucho mayor a la que el Plan de Recuperación está llegando. Una ralentización debida, en gran parte, al corsé comunitario con el que se diseñó.
Los Next Generation se han demostrado como un instrumento excesivamente garantista para el contexto actual. La necesidad de que cada paso esté vigilado y de monitorizar el destino de cada euro han dotado de una rigidez a este proyecto que, en muchas ocasiones, lo desalinea con las necesidades de las empresas y con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo.
En un contexto en el que la inflación cabalga desbocada como no se veía desde finales del siglo pasado, las corporaciones necesitan tomar decisiones de forma mucho más ágil de las que permiten las reglas del juego de los Next Generation. Una falta de alineación entre el mayor despliegue de ayudas desde la II Guerra Mundial y las necesidades de las corporaciones que ya ha tenido reflejo en las primeras convocatorias.
El PERTE VEC como síntoma
En este sentido, la resolución de la primera convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico ejemplifica la realidad vivida por el Plan de Recuperación durante 2022. Tras más de un año de diseño y desarrollo, con innumerables contactos entre el Gobierno y la Comisión Europea en los que se fijaron las condiciones de las ayudas al milímetro, los interesados pudieron presentar sus proyectos.
La convocatoria contó con pretendientes para repartir varias veces los más de 4.000 millones de euros con los que se dotó a este instrumento. En su resolución, sólo un 30% del total de fondos fueros repartidos. Paradójicamente, existiendo apetito inversor de sobra y fondos a disposición de las empresas, los condicionantes de la convocatoria impidieron que las ayudas llegaran a los interesados.
Infinidad de propuestas no pudieron ser agraciadas con ayudas comunitarias por la naturaleza de sus inversiones. La imposibilidad de asignar fondos a iniciativas susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado provocaron que el dinero llegara, en gran parte, a proyectos de I+D y sostenibilidad. Algo que se espera corregir en la ya anunciada segunda convocatoria, prevista para el primer trimestre de 2023, para la que el Gobierno ya negocia con la Comisión Europea una ampliación de los conceptos que puedan recibir fondos Next Generation.
Pese a ello, el PERTE del vehículo eléctrico ha permitido que la práctica totalidad de los fabricantes de automóviles con presencia en España pongan en marcha sus planes de electrificación y aseguren el papel que las factorías de nuestro país tendrán en el futuro eléctrico de esta industria. Un hito que quedará ya para la historia industrial española con los más de 10.000 millones de inversión del grupo Volkswagen a la cabeza y la primera gigafactoría de celdas de baterías que se instalará en Sagunto como icono de esta nueva era eléctrica y sostenible.
2.000 millones en convocatorias al mes
Desde su puesta en marcha, el Plan de Recuperación se ha convertido en uno de los principales objetivos de queja contra el Gobierno por parte de partidos políticos, representantes de comunidades autónomas y organizaciones empresariales. Durante 2022 el malestar, lejos de desaparecer, ha aumentado.
El principal pilar del descontento radica en el ritmo de ejecución de los fondos y en la complejidad que encuentran las empresas a la hora de presentarse a las convocatorias. A esta cuestión, tanto desde las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular como las gobernadas por partidos nacionalistas, se señala una ausencia de diálogo y cogobernanza en el diseño del Plan de Recuperación.
Según los últimos datos presentados por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a 30 de noviembre de 2022 el ritmo mensual de presentación de convocatorias, estatales y autonómicas, asciende a los 2.000 millones de euros.
Actualmente, la Unión Europea ha transferido 31.000 millones a España de los 70.000 millones que le corresponden. Desde el Ministerio de Economía se señala que, hasta el momento, se han comprometido 38.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Según esos mismos datos ya se han resuelto convocatorias de subvenciones y licitaciones valoradas en 22.000 millones de euros entre los ministerios y las comunidades autónomas.
41.000 millones en PERTE
La llegada de la adenda del Plan de Recuperación va a sumar 94.000 millones de euros, entre préstamos y transferencias adicionales, al Plan de Recuperación. Un proyecto en el que los PERTE van a seguir desempeñando un papel clave gracias a una asignación de 40.935 millones de euros entre los 12 proyectos singulares previstos.
Desde el Gobierno señalan que la experiencia del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, en el que sólo se repartieron un 30% de los fondos en su primera convocatoria, va a permitir que en el despliegue del resto las empresas puedan acceder a un volumen de fondos mucho más importante.
La documentación publicada por el Ministerio de Economía señala que en la actualidad cinco PERTE ya han resuelto un total de 1.679 millones de euros. De ellos, 987 millones corresponden al del vehículo eléctrico, 179 millones al de energías renovables, 77 al de Salud de vanguardia, 88 al de la cadena agroalimentaria y 348 al aeroespacial.
En lo que respecta a las comunidades autónomas, en su último informe el Gobierno señala que les han sido asignados un total de 20.369 millones de euros. Entre las regiones con un mayor volumen de fondos destacan Andalucía, con 3.235 millones; Cataluña, a la que le han correspondido 2.903 millones euros, y Madrid, que cuenta con 2.190 millones de euros. El documento señala que desde las comunidades autónomas se han resuelto convocatorias valoradas en 3.400 millones de euros.
El balón en el tejado comunitario
En este contexto, 2023 aparece como un año crucial para el Plan de Recuperación. Además de mantener y aumentar el ritmo con el que los actuales fondos y los provenientes de la adenda, el Gobierno deberá disparar los contactos con los decisores comunitarios para que reduzcan y simplifiquen la dificultad de acceso los fondos.
Los procesos electorales no harán más que complicar esta tarea ya que una parte importante de los cuellos de botella del plan están en las administraciones autonómicas. El volumen excepcional de las ayudas a repartir ha superado las capacidades administrativas de muchas regiones. Algo que, lejos de corregirse, el año electoral dificultará ante potenciales cambios de liderazgos.
En este ejercicio Bruselas deberá tomar una decisión definitiva sobre qué herramientas pondrá a disposición de los estados y las corporaciones comunitarias para pelear en el nuevo contexto geopolítico. Actualmente planes similares desplegados en Estados Unidos en materia de impulsar la movilidad eléctrica cuentan con procesos de asignación de fondos que duran semanas. En Europa, convocatorias similares superan el año.
Así las cosas, el Gobierno de España tiene ante sí un año en el que deberá desfondarse para conseguir que el Plan de Recuperación llegue más allá del puerto previsto. En 2023 deberá confirmarse como un instrumento válido para permitir a las empresas con presencia en España poner en marcha las transformaciones necesarias para que el tejido industrial español pueda tener una posición relevante en la nueva era sostenible y conectada que está en pleno proceso de germinación.