En un escrito de acusación conocido por EL ESPAÑOL, Iberdrola acusa a Olmo de un delito de apropiación ilícita de documentación empresarial y de otro de revelación de secretos.

Para cada uno de ellos pide una pena de tres años de cárcel y multa de 135.000 euros, cuantificada en función del "abultado patrimonio inmobiliario del que es titular el acusado". Además, reclama que indemnice a Iberdrola con 50.000 euros.

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Olmo, responsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola hasta su jubilación en 2016, se convirtió en testigo de cargo contra Galán y otros directivos de su antigua empresa asegurando que la eléctrica contrató de forma irregular a José Manuel Villarejo para realizar investigaciones ilícitas.

Sus acusaciones fueron investigadas por la Audiencia Nacional, que exoneró definitivamente a Galán y al resto de los señalados por Olmo.

Ahora es el excontroller el que se ve en la tesitura de responder ante los tribunales por haber actuado de forma presuntamente delictiva contra su antigua compañía.

Iberdrola se querelló contra Olmo tras la aparición en El Confidencial de tres facturas "extraídas de la documentación contable de Iberdrola, fechadas en el año 2004". Las facturas correspondían a las retribuciones de tres miembros del Consejo Consultivo de la empresa en Castilla y León, órgano que dejó de existir en 2014.

El escrito de acusación señala que en 2004 Olmo era director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola y, por su cargo, tenía acceso a esas facturas.

El exdirectivo depositó en diciembre de 2004 en una notaría de Madrid documentos extraídos de los archivos de la empresa, entre ellos facturas del Consejo Consultivo en Andalucía similares a las de Castilla y León.

Deber de reserva

"El acusado tenía el deber de reserva en relación con la documentación no pública de Iberdrola", indica el escrito de acusación. Y continúa diciendo que "la que es objeto de estas actuaciones no tenía, desde luego, tal carácter público- como empleado y como directivo", ya que estaba obligado a ello por su contrato y por los códigos de conducta de la compañía.

Olmo ya ha sido condenado, en el ámbito mercantil, por la obtención ilícita de secretos empresariales y su posterior filtración al mencionado digital.

En la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao -que fue confirmada por la Audiencia de Vizcaya- se declaró que "Olmo reconoció haber realizado copia de facturas de Iberdrola, haberlas conservado en su despacho, haberlas depositado ante notario cuando todavía era el controller de la empresa y, luego, tras su jubilación, haber trasladado a su casa estas copias. Todo ello, sin el consentimiento del titular del secreto, que era Iberdrola".