El sector energético en España se enfrenta nuevamente a una situación de inseguridad jurídica con la reciente aprobación de un incremento del 30% en la Tasa Enresa, lo que, según indican algunos informes, podría amenazar la supervivencia de las centrales nucleares.

La Tasa Enresa es un cargo que se estableció en 2005 a la producción de energía nuclear, para que las propietarias de las centrales financien su futuro desmantelamiento, así como la gestión y almacenamiento de los residuos. Con este nuevo aumento, las empresas pasarán a aportar 130 millones de euros adicionales cada año, que se suman a los 450 millones que ya pagaban anualmente.

Para la patronal del sector, este hecho, “junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal que soporta, amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español”, y recuerda que el parque nuclear español acumula pérdidas económicas de 1.300 millones de euros y una importante merma de competitividad ante el tratamiento fiscalmente desigual que reciben en relación con otros países europeos.

Según un informe de la consultora PwC, la carga fiscal que enfrenta el sector nuclear en España podría representar hasta el 50% de sus ingresos futuros. La consultora pone de manifiesto la incertidumbre y los desafíos que enfrenta el sector nuclear debido no solo a la elevada carga fiscal, sino también a los constantes cambios de criterio.

Los vaivenes regulatorios se ilustran con un simple vistazo a la hemeroteca. En 2019 el gobierno y las empresas propietarias de las centrales acordaron el cierre escalonado de los reactores y un incremento máximo del 20% en la tasa Enresa, situándola en 7,98 euros/MWh. El incremento del 30% decretado ahora sitúa la tasa en 10,36 euros/MWh.

Desde 2013, las centrales han estado pagando tributos específicos por la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, destinados a financiar las actividades de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). Con la nueva subida y teniendo en cuenta todos los impuestos, nacionales, locales y regionales, la carga fiscal alcanza los 28 euros/MWh, afectando seriamente la competitividad y viabilidad económica de las centrales. 

Esta presión fiscal es particularmente preocupante cuando se compara con otros países europeos. Por ejemplo, España soporta un coste de generación de entre 58 y 62 euros el MWh, lo que supera en unos 16 euros (casi un 40% más) al de las nucleares francesas, que disfrutan de unas condiciones fiscales mucho más favorables.

El cierre de las centrales compromete la transición energética

Al margen del debate sobre la idoneidad o no de la nuclear como energía de transición, la amenaza de quiebra de las centrales antes de su cierre programado puede poner en riesgo los compromisos de reducción de emisiones, pero también de suministro. Y es que mientras se desmonta el parque nuclear —que ahorra anualmente la emisión de 20 millones de toneladas de CO2— el gobierno debe facilitar y promover la electrificación, la modernización y expansión de la red mientras resuelve un enorme atasco en la tramitación de proyectos renovables.

Las centrales nucleares en España contribuyen significativamente a la producción eléctrica, cubriendo alrededor del 20% del total nacional. Sustituir esta capacidad de generación implicaría la instalación de más de 36.000 MW de potencia solar, lo que representa un desafío logístico y económico considerable.

El cierre prematuro de las centrales nucleares no solo afectaría a la competitividad del sector energético, sino que también tendría un impacto negativo en la lucha contra el cambio climático. La generación de electricidad mediante ciclos combinados, necesarios para suplir la falta de energía nuclear, resultaría en un aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según estimaciones del think tank Oikos, este incremento de emisiones tendría un coste aproximado de 3.000 millones de euros.

En su informe, PwC subraya que la energía nuclear es “crucial para la transición energética y la garantía del suministro”. Sin embargo, la elevada carga fiscal y los cambios normativos constantes crean un entorno de inseguridad que dificulta la planificación y la inversión a largo plazo. PwC propone no aumentar la Tasa Enresa y utilizar la recaudación de la Ley 15/2012 para cubrir los costos adicionales, lo que ayudaría a mantener la competitividad del sector.

Los cambios regulatorios preocupan a las empresas

Pero el cambio de criterio en el impuesto para el desmantelamiento nuclear es solo la última de muchas decisiones regulatorias que los empresarios empiezan a mirar como un desafío a la estabilidad jurídica. Un estudio reciente publicado por la CEOE y KPMG desvela que un 48% de los empresarios españoles considera la inseguridad jurídica el principal riesgo a superar. “Las empresas necesitamos un clima de confianza, de moderación y entendimiento, con menor incertidumbre y con una mayor calidad normativa e independencia de las instituciones”, señalaba con ocasión del estudio el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

Otros ejemplos son los recientes impuestos a la banca y a las eléctricas o las casi 30 condenas internacionales, por valor de 1.161 millones de euros en indemnizaciones, tras la reforma del marco regulatorio de las energías renovables en 2013-2014, lo que implicó recortes retroactivos a las primas previamente garantizadas. Estos cambios impositivos, y su efecto en las actividades productivas, van en ocasiones en contra de las ambiciones nacionales o incluso europeas, como es el caso de las políticas de transición energética.