Imagen de archivo de la comida de un local.

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Así es como afectará la nueva ley del desperdicio en el sector alimentario en España

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El desperdicio alimentario es un problema global que afecta tanto al medioambiente como a la economía. De hecho, según datos de Too Good To Go, se tiran más de 7,7 millones de toneladas de comida cada año en todo el país, lo que equivale a cerca de 250 kilogramos por segundo.

Este fenómeno no solo refleja una grave ineficiencia en la distribución de recursos, sino que también tiene un alto coste ambiental, ya que la producción de alimentos desperdiciados implica el uso innecesario de agua, energía y tierras, además de contribuir significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Ante esta realidad, el gobierno ha decidido tomar medidas drásticas y ha aprobado una nueva ley para combatir esta problemática, buscando reducir significativamente la cantidad de alimentos que se desperdician y fomentar un uso más sostenible de los recursos.

Nueva ley del desperdicio

Tal y como hemos mencionado anteriormente, hoy, 19 de diciembre de 2024, se ha aprobado en España la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario destinada a reducir el desperdicio alimentario, un problema creciente que afecta tanto al medioambiente como a la economía.

Esta legislación se inserta dentro de un esfuerzo más amplio por combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad en el país, alineándose con las directrices europeas para la reducción de residuos y la promoción de la economía circular. La ley tiene como objetivo reducir de manera significativa el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo final.

Entre los principales puntos de la ley, destaca la obligación de los grandes establecimientos comerciales, como supermercados y grandes cadenas de distribución, de donar los alimentos que no pueden vender pero que siguen siendo aptos para el consumo.

A través de esta medida, se busca asegurar que los excedentes alimentarios sean canalizados hacia organizaciones benéficas, en lugar de ser descartados. Además, se establece un sistema de incentivos fiscales para las empresas que faciliten estas donaciones, con el fin de fomentar una mayor colaboración entre el sector privado y las ONG.

La ley también hace hincapié en la educación y concienciación de la población. Se pondrán en marcha campañas informativas dirigidas a consumidores, productores y distribuidores para sensibilizar sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario. Estas campañas promoverán prácticas responsables tanto en el hogar como en los establecimientos comerciales.

Otra de las medidas clave de la nueva legislación es el establecimiento de sanciones para las empresas que no cumplan con las normativas relativas a la gestión de excedentes alimentarios y las donaciones. A su vez, se incentivará la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan mejorar la conservación de alimentos y optimizar la cadena de suministro.

Cómo afecta al sector alimentario

En términos generales, la legislación obliga a los grandes comercios y cadenas de distribución a gestionar de manera más eficiente sus excedentes de alimentos, promoviendo donaciones a organizaciones benéficas en lugar de permitir que estos productos se descarten.

En el caso de los supermercados, especialmente los más grandes, deberán adaptarse a un sistema de inventarios más riguroso y desarrollar estrategias para evitar que alimentos aún aptos para el consumo sean desechados. Esta medida, aunque positiva desde el punto de vista social, implicará un cambio significativo en la gestión de sus recursos.

Por otro lado, los bares y restaurantes, aunque no estarán sujetos a las mismas obligaciones de donación que los grandes comercios, sí tendrán que adaptarse a nuevas normativas que favorezcan la reducción de residuos.

Por ejemplo, la ley incentivará a estos establecimientos a optimizar sus procesos de preparación de alimentos y a diseñar menús que reduzcan el desperdicio, además de promover la educación al consumidor sobre el uso responsable de los productos. Algunas empresas del sector también podrían beneficiarse de incentivos fiscales si implementan tecnologías o prácticas que minimicen el desperdicio.

En cuanto a las empresas de distribución y productores, la ley también les exigirá un esfuerzo adicional en la gestión de los alimentos sobrantes. En algunos casos, como ocurre en los supermercados, se exigirá una mayor transparencia y trazabilidad de los productos para garantizar que los excedentes no acaben en la basura, sino en manos de quienes lo necesiten.

No obstante, a pesar de este gran paso dado hacia delante, desde Too Good To Go, compañía de impacto social que lucha contra el desperdicio de alimentos, advierten que el texto no es todo lo ambicioso y arriesgado que debería ser para poder poner freno a los más de 7,7 millones de toneladas de comida que se tiran cada año en nuestro país.

"Celebramos que, después de varios meses de parón en su tramitación, la aprobación de la ley en la sesión plenaria de hoy haya sido una realidad. Sin embargo, sentimos que se está perdiendo una gran oportunidad, ya que creemos que el texto corre el riesgo de no ser lo suficientemente ambicioso", ha apuntado Victoria Albiñana, responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Too Good To Go en España.