La fiscalidad que asfixia a las nucleares: el caso de Almaraz

Mientras gran parte de los países occidentales están reforzando su apuesta por la energía nuclear para descarbonizar las economías, España mantiene su plan de cierre escalonado, ignorando las señales de alerta sobre el impacto de esta decisión en la seguridad de suministro y en la economía de las regiones afectadas.

Un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pone de manifiesto que el cierre nuclear (cuya operatividad supera el 80% frente a la intermitencia de las energías de origen solar o eólico) incrementará la dependencia del gas, especialmente si no se acelera la implementación de tecnologías de almacenamiento energético. A pesar del crecimiento de la solar fotovoltaica, que en 2024 ya representa casi el 20% de la producción eléctrica en España, su intermitencia sigue generando desequilibrios en el sistema eléctrico, incluyendo episodios de precios negativos en el mercado mayorista.

La decisión de cerrar los reactores, que actualmente representan el 20% de la producción eléctrica del país, sin alternativa renovable por la falta de capacidad de las redes eléctricas ha propiciado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a aprovechar las instalaciones y extender la vida útil de las centrales nucleares existentes y facilitar su “sostenibilidad económica”.

Y es que, más allá de los debates sobre el aprovechamiento al menos temporal de unas instalaciones que generan una energía sin emisiones, lo cierto es que la historia de la nuclear española está escrita sobre modelos fiscales insostenibles. Según un informe de la consultora PwC, desde el año 2008, la carga fiscal de las centrales nucleares ha aumentado un 400%, con un incremento adicional del 50% tras el acuerdo de cierre de 2019.

Las centrales pagan 25€/MWh en impuestos y tasas, equivalentes a entre el 35% y el 40% de su facturación anual. Además, desde 2013 enfrentan tributos específicos vinculados al combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, supuestamente destinados a financiar las actividades de Enresa, la empresa encargada de almacenar los residuos radiactivos.

“El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema 'artificial' de viabilidad económica por su elevada fiscalidad", explican los analistas de la consultora sobre un problema generado por decisiones fiscales y no por limitaciones técnicas que subraya la necesidad de replantear el marco regulatorio. Sin las actuales cargas impositivas, las centrales nucleares podrían continuar operando y contribuyendo a la transición energética.

Pero año tras año la situación no ha hecho más que agravarse. Para este 2025 el Gobierno decretó una subida del 30% en la llamada ‘tasa Enresa’ que, además de limitar los ingresos de las operadoras, ha generado una desventaja competitiva artificial frente a otros socios europeos, más allá de limitar los ingresos.

“En los últimos años la energía nuclear española ha sido aproximadamente 12 €/MWh más cara que la francesa”, calcula PWC sobre un desajuste que impacta al consumidor. La energía nuclear barata y estable ayuda a moderar los precios en el mercado mayorista, algo que se perdería en un escenario de cierre. PwC estima que el cierre nuclear producirá un aumento “de 13,26 €/MWh del precio medio del mercado eléctrico en España a raíz del mayor número de horas en las que los ciclos combinados (CCGT) fijarían el precio”.

Un ejemplo paradigmático es el de las centrales del municipio cacereño de Almaraz. Su cierre está programado para 2028 y supone un desafío significativo para el mix energético. Los dos reactores extremeños ilustran cómo la presión fiscal ha sentenciado a muerte esta fórmula energética. Pese a que la planta sigue operando con eficiencia y aporta estabilidad al sistema, sus tributos ascienden a 435 millones de euros anuales, superando con creces sus costes operativos.

El pago anual incluye 176 millones de euros de la tasa Enresa, 82 millones de euros de impuestos autonómicos y locales y 165 millones de euros de otros gravámenes como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado. Estos tributos han convertido a la central en un negocio inviable, no por problemas técnicos o de seguridad, sino por un diseño fiscal que impide su continuidad.

“El plan de cierre nuclear en España avanza sin que exista un desarrollo paralelo de alternativas de almacenamiento energético”, explican desde el Foro Libre Mercado. La AIE ha advertido que, si no se acelera el despliegue de infraestructuras como centrales de bombeo o baterías a gran escala, la estabilidad del sistema podría verse comprometida.

España navega en esta encrucijada entre el pragmatismo y el idealismo, con el riesgo real de naufragar en un debate primordial para los nuevos modelos económicos, la competitividad industrial, el precio de la electricidad o, incluso, la seguridad del suministro.