La Policía realizando un desahucio.
Soy experto inmobiliario y así veo el padrón municipal: “No debe utilizarse para legitimar la ocupación ilegal”
Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, propone una batería de medidas para acabar con los okupas.
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La ocupación ilegal de viviendas es un tema que preocupa y mucho a los españoles. Así queda reflejado en los últimos barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Incluso hay pueblos que denuncian que están ‘tomados’ por los okupas.
Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, ha enumerado una serie de propuestas para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado del alquiler estable. Una de ellas tiene que ver con el padrón municipal.
“El empadronamiento es una herramienta administrativa que permite acceder a servicios públicos, pero no debe ser utilizado para legitimar la ocupación ilegal”, afirma Carlos Sánchez. Y añade: “ Planteamos que las administraciones tengan mecanismos de revisión y actuación inmediata para evitar que quien ocupa una vivienda de forma ilegal pueda beneficiarse de derechos derivados de esa situación”.
¿Cómo combatir la ocupación ilegal?
Otras propuestas planteadas por el experto de Alquiler Seguro se refieren a la promoción de un marco jurídico claro, seguro y estable. También propone una regulación global de la vivienda. “No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro”, añade Sánchez.
Otro punto tiene que ver con la implantación de un registro de sentencias firmes de impago de rentas de alquiler. De esta manera, se aportaría mayor transparencia al mercado. Y crear un censo de alquileres. Esta base de datos facilitaría a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la identificación de inquilinos legítimos y ocupantes ilegales.
A estas propuestas, Carlos Sánchez añade otras como que haya mecanismos de expulsión ágiles (que se pueda desalojar en un plazo máximo de 48 a 72 horas); y la revisión del padrón municipal y la limitación del acceso a ayudas públicas: “No se trata de dejar a nadie sin recursos, sino de garantizar que las ayudas públicas se destinan a quienes acceden a la vivienda por vías legales”.
Por último, propone la agilización de los litigios civiles de desahucio por precario; la equiparación del tratamiento del allanamiento y la usurpación; el registro de empresas de mediación entre propietarios y ocupantes; y aumentar los plazos de desclasificación de la VPO (Vivienda de Protección Oficial).
“La ocupación ilegal no solo afecta a los propietarios, sino que también encarece el alquiler y genera inseguridad en el mercado. Las propuestas buscan equilibrar la protección de los propietarios con soluciones habitacionales para las personas en situación de vulnerabilidad”, concluye Carlos Sánchez.
