Una anécdota: en la comida-networking celebrada en el marco del Foro Económico organizado por D+I que reunió en Madrid a prácticamente todos los consejeros regionales del país y a grandes empresas, al representante de Navarra se le hacían eternos los sabrosos platos servidos por el catering de la Real Fábrica de Tapices.

Y no porque no le gustaran, sino porque si alguien le preguntaba que qué tal las cosas por Navarra, él detallaba con todo lujo de detalle y con una pasión evidente, las diferentes políticas públicas que se están desarrollando en este territorio.

Le escuchaba atentamente, entre otros, el consejero balear, Miquel Company, quien durante el encuentro prometió llamar a Cigudosa para que le diera más detalles con el objetivo de poder seguir sus pasos en el archipiélago.

En marzo, unos meses después de aquel encuentro y tras otros muchos de trabajo, el gobierno de las Islas Baleares aprobó un anteproyecto de la Ley de Ciencia, si no idéntica, sí con un objetivo similar a la legislación que ya estaba vigente en Navarra.

"En Navarra, todos los procesos de innovación están recogidos en la Ley Navarra de Ciencia y Tecnología, que se asemeja a una ley similar de carácter estatal. Pero la nuestra tiene una cosa que la estatal no tiene, que es un compromiso de gasto recogido por ley. En el anexo figura la cantidad de dinero que el presupuesto tiene que destinar cada año al I+D+i y por eso no podemos saltarnos la ley. Este año [2021] ha sido el 1,35% del presupuesto; en el 2025, debemos llegar al 1,6%; y en el 2030, al 2%", dijo aquel día el representante de la comunidad foral.

En la ley balear, también existe un compromiso, recogido en el anteproyecto de ley. En este caso, no es con respecto al presupuesto sino con respecto al PIB. Según anunció en marzo el govern que preside Francina Armengol, se pretende incrementar progresivamente los recursos públicos dedicados a la investigación hasta llegar a un presupuesto anual del 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030.

Tendencia evidente

La tendencia es evidente: blindar por ley el gasto público en I+D+i. Sólo así, explican los responsables políticos que más cerca están de la innovación y la ciencia en las comunidades autónomas, se garantiza un apoyo creciente de la administración al sector privado, que año a año incrementa su apuesta por la disrupción.

Por motivos de agenda, a aquella comida no pudo asistir ningún representante del gobierno de Cantabria de manera presencial -aunque la región sí participó on line en las mesas de debate celebradas durante todo el día-.

Pero, visto lo visto, el ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla, también tenía muy claro que esa tendencia consistente en blindar recursos públicos en favor de la I+D+i, debía marcar el camino a seguir.

Y precisamente esa es la característica principal de la primera ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región presentada hace unos días por el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga.

Con un propósito idéntico a la navarra, la ley cántabra, sin embargo, va un paso más allá. Y es que, si Cigudosa y los suyos habían fijado su tope de compromiso de inversión en un 2% del presupuesto, en Cantabria lo elevan al 3%.

También hay diferencias con respecto al plazo en el que está previsto que se alcancen esos topes. En Cantabria ese blindaje del 3% se alcanzará ya en 2027, mientras que en Navarra a ese 2% se llegará en 2030.

El proyecto de ley, según explicó Zuloaga en un evento organizado por el Diario Montañés, llegará al Parlamento de Cantabria este mes de mayo, y corregirá la brecha en inversión en esta área, la undécima más baja del país en 2018, para "construir el futuro con cambios estructurales" y hacer realidad "la vieja aspiración" de cambiar el modelo productivo de la comunidad autónoma hacia uno más sostenible y con más empleo y de mayor calidad.

"La economía del conocimiento es el sistema de producción más vanguardista", aseguró el vicepresidente.

"Ley valiente"

Por eso, como en su día hicieron Cigudosa o Company, consideró "necesaria" esta ley que, además, es "valiente" porque asume compromisos de inversión pública.

Otra de las novedades anunciadas por Zuloaga fue la creación del Consejo de Política Científica Tecnológica y de Innovación, que velará por el avance de esta ley, y de la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria, que elaborará la estrategia regional de ciencia e investigación para orientar los esfuerzos económicos y de recursos humanos en esta materia.

Destacó también que esta norma "recoge la voz de los investigadores e investigadoras" y ha seguido un importante proceso participativo y de diálogo, además de contar con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios.

El vicepresidente explicó que la inversión pública comprometida tendrá un "retorno económico muy superior" con la creación de empleo de calidad y estable, hasta llegar al objetivo, en 2027, de duplicar la actual cifra de contratos de investigadores en Cantabria.

Zuloaga también repasó las medidas "inéditas en Cantabria", que el ejecutivo ha puesto en marcha durante esta legislatura para ir avanzando en esa economía del conocimiento, con la primera línea de ayudas para proyectos de transferencia del conocimiento, que ha superado el millón de euros de inversión en las dos convocatorias de 2020, la de 2021 y la actual, y la puesta en marcha de proyectos como Investigo, pionero en España, dentro del Plan de Empleo Juvenil.

Además, ha valorado el lanzamiento del plan complementario de ciencias marinas que supone una inversión de 10 millones de euros en Cantabria y es "un hito histórico en la ciencia en Cantabria" y "una oportunidad de desarrollo para el IH, el IEO en su sede de Santander y para la Universidad de Cantabria", y la futura instalación de la sede nacional de pesquerías del IEO en Santander.