La fecha del 15 de octubre aparece subrayada en el calendario de todos los gobiernos autonómicos. A partir de ese momento la Comisión Europea "anima a los Estados miembros a que presenten sus anteproyectos de planes" de recuperación y resiliencia, que para España alcanzarán los 140.000 millones de euros. Pero cómo elaborar un inventario adecuado de propuestas si no se conocen los canales de interlocución, sin instrucciones precisas acerca de los criterios que deben cumplir los proyectos, sin conocer la estrategia que seguirá el Gobierno en el reparto por territorios. 

INNOVADORES ha contactado con altos cargos de comunidades y capitales de provincia gobernados por el PP, PSOE y Ciudadanos, así como con consultoras y centros tecnológicos de referencia en nuestro país. Ante la inconcreción, se impone el pragmatismo: la clave será política más que técnica, pese a que están en juego dos de los grandes vectores de innovación en la economía, la transformación digital y la transición ecológica.

Sobre el papel, el liderazgo del proceso de recepción de los proyectos y elaboración del borrador corresponde a Manuel de la Rocha, director general de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno. Junto a él, una comisión interministerial encabezada por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera coordinará el proceso. Fuentes del gabinete de la Vicepresidencia Económica no niegan la incertidumbre que rodea al plan, pero la atribuyen "a que Europa no ha publicado aún el reglamento para optar a las ayudas", así que de momento no tiene sentido "empezar a ver cómo hacerlo". 

Subrayan la posible confusión que se ha generado en torno al calendario para formalizar la petición de ayudas: el 15 de octubre es el plazo límite para que España envíe a Bruselas su Plan Presupuestario, no la fecha final para el borrador del plan de recuperación, sino en realidad el día "a partir del cual" se puede presentar.

Contrasta este formalismo con las urgencias que se están autoimponiendo los gobiernos autonómicos y los principales ayuntamientos, pero también las grandes consultoras (tensión en los despachos de las Big Four) y las compañías de referencia en sectores estratégicos (directivos del Ibex se integrarán en la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, la CEOE está llamada a filas). Todos llevan semanas tomando posiciones para el reparto de los 140.000 millones de euros reservados para España. "La mayoría de los proyectos serán de colaboración público-privada, es indispensable que haya empresas y es inevitable que estén las grandes", declara un alto cargo de un Ejecutivo autonómico socialista. 

En el otro extremo de la balanza, centros tecnológicos, patronales y consultoras con fuerte implantación territorial como las que integran la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi) hacen una llamada a iniciar un diálogo abierto con los diferentes actores implicados.

Aunque se habla (pese a la ausencia de instrucciones) de "proyectos país" con potencial "efecto transformador", desde los Ejecutivos autonómicos y los grandes ayuntamientos se da por seguro que su aplicación va a ser "territorial".

La "carambola"

De modo que no es un tema cualquiera, eso es evidente. Un alto cargo de un gobierno autonómico presidido por el PSOE le otorga una categoría "crítica". ¿Por qué? Se asocia los fondos del plan de recuperación con una posible "carambola": el dinero europeo, si se articulan las propuestas adecuadamente, podría servir para compensar las disfunciones que presenta el actual modelo de financiación autonómica.

En efecto, una de las incertidumbres que pesan sobre todo el proceso, y que no despejará el esperado reglamento de Bruselas, es si habrá un criterio de reparto territorial, es decir, si los 140.000 millones de euros se distribuirán a las comunidades autónomas en función de su peso en el PIB, de su territorio, de su población, de su desviación respecto a la renta per capita media... todos ellos criterios políticos circunstanciales frente al propósito de fondo los planes de recuperación: la digitalización y la transición verde.

Ángel Niño, concejal de delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, aporta otra de las claves para posicionarse en esta batalla: el papel de los ministerios. "Hemos intentado consultar con fuentes del ministerio, y no nos dan aun razón, nos dicen que debemos esperar. Lamentablemente, a día de hoy, no sabemos nada más allá de los contactos que hemos podido mantener en Bruselas".

Igualmente, fuentes de la Comunidad de Madrid nos explican que "se ha anunciado muchísimo dinero y todo el mundo se ha vuelto loco para saber cómo conseguirlo, pero aún no se sabe si se hará a través de los ministerios o de las propias CCAA". Recuerdan estas mismas personas que esta clase de gestiones de fondos europeos suele dilatarse en el tiempo y resultan extraordinariamente complejas: "Sirve de analogía lo que suele suceder con la planificación 'ordinaria' de cada periodo de 'programación' europea (cada siete años, más o menos, ahora está finalizando la del 2013-2020, que cuentan con otros tres años adicionales para terminar de gastar y pagar los proyectos cofinanciados). Los planes plurianuales de Feder y FSE, tanto los nacionales, como los que afectan a varias regiones (o plurirregionales, en jerga) y los regionales , se aprueban con hasta más de un año de retraso y tienen que esperar a que se apruebe antes el acuerdo marco nacional de asociación con la Comisión, lo que antes se llamaba el marco comunitario de apoyo. Luego, una vez en marcha, no hay quien ejecute todo eso, es complejísimo, porque los reglamentos son infumables".

Estas mismas voces apelan a que este nuevo reto presupuestario "no tiene buena pinta, no, salvo que hagan bien las cosas, comiencen a detectar grandes proyectos útiles desde abajo -no desde consultoras- y sean colaborativos y compartidos , pero además , mucho más ligeros en tramitación y burocracia, y con un funcionamiento más ágil, más parecido a como se trabaja en Europa con los fondos propios de Bruselas (los programas de iniciativa comunitaria cuyo presupuesto es 100% europeo, como el H2020 o el futuro Horizon Europe 2030, mucho más ágiles, porque sus normas propias no son tan carpetovetónicas como las del derecho administrativo de los estados miembro) que a los fondos europeos Feder o FSE cofinanciados, que son un querer y no poder".

Por lo pronto, hay ministerios que están mostrándose proactivos en la discusión de propuestas con las comunidades autónomas, como el de Industria, mientras que otros, que tendrán mucho que decir en el futuro, como el de Transición Ecológica, de Teresa Ribera, permanecen pasivos. El peso político de los titulares de las carteras del Gobierno de Sánchez, se teme, va a ser determinante, y todas las expectativas están puestas en "cómo tutelarán" los proyectos que se eleven a la comisión interministerial que correspondan a sus competencias respectivas.

Entre las prioridades que la Comisión Europea ha establecido para estos fondos figuran áreas tan diversas como las tecnologías limpias, transporte sostenible (y las redes de carga y repostaje de los vehículos eléctricos en el foco), digitalización de los servicios públicos (con una importante visión hacia la adopción de la nube) y la adaptación de los sistemas educativos a una realidad (impulsando las competencias digitales en los programas formativos). 

Y, en el caso de nuestro país, entre las recomendaciones realizadas en el último informe del Consejo a España en mayo de este año, Bruselas cree que tendremos que hacer importantes esfuerzos en materia de investigación e innovación en energías sostenibles, en apoyar la digitalización de las pymes y la adopción de tecnologías digitales, especialmente en las zonas rurales. Europa también nos pide reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública o asegurar la aplicación efectiva de las medidas que proporcionen liquidez a las pequeñas empresas y autónomos. Serán, presumiblemente, estas áreas las que vertebrarán gran parte de los 140.000 millones de euros que nuestro país recibirá de las arcas comunitarias.