Con la reforma de la ley de ciencia recién aprobada y la progresiva materialización de los fondos europeos, Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, saca pecho de la estrategia de apoyo al I+D+I en España.

Lo ha hecho en el congreso anual de la patronal tecnológica Ametic, en cuyo seno ha sorprendido al defender que "la receta de la innovación es, en realidad, muy sencilla. El problema está en su ejecución, en su materialización, que no lo es tanto".

En esa tarea se encuentra inmerso el Ejecutivo en estos momentos, tratando de impulsar la generación de conocimiento ("que necesita de un talento no demasiado sencillo de fabricar"), el fomento de la innovación en los dos polos de la ecuación que nos ocupa -la Academia y la empresa- o la divulgación a la sociedad civil de las bondades de la histórica 'i' pequeña que la iguale a las capitales 'I+D' de toda la vida.

[Teresa Riesgo ante la "una gran oportunidad" de cerrar la brecha en innovación que existe en España]

Todo ello se ha plasmado, o esa es la idea, en la mentada ley de ciencia aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto PNV, Junts o VOX. El partido de extrema derecha criticó "la ideologización y el sectarismo" del Gobierno respecto a esta norma, que en esencia ha reformado aspectos ligados al salario y estabilidad de los científicos para que no abandonen el país o creado un sexenio de transferencia (para que nuestro liderazgo en publicaciones de investigación se traduzca también en la producción de un número relevante de patentes). 

Ese apoyo unánime salvo por el anatema planteado por VOX es motivo de orgullo para Teresa Riesgo. "La innovación, la ciencia y la tecnología tienen la capacidad de generar consensos políticos", explicó. "Por primera vez, se ha puesto el tema de los presupuestos de ciencia en una ley. Creo que es un paso adelante para intentar revertir muchos problemas que hemos ido acumulando".

Se refiere, en concreto y más allá de los grandes números (prevé aumentar regularmente el gasto público en estas lides hasta alcanzar el 1,25% del PIB en el año 2030), a la flexibilidad que se incorpora para la movilidad de investigadores entre distintas universidades y centros de innovación o las medidas para reforzar el intercambio y transferencia de conocimiento entre todos los agentes del ecosistema de la I+D+I.

Acerca de las motivaciones ofrecidas a los investigadores para actuar también en la orilla de la innovación, Teresa Riesgo considera "un gran paso adelante" la creación de ese sexenio de transferencia. A preguntas de D+I, la secretaria general aclara que este complemento será compatible con su equivalente de investigación "porque el objetivo es mejorar en esta parte, no dejar de publicar papers".

El PERTE aeroespacial

Teresa Riesgo quiso ejemplificar en un caso concreto el oxímoron de la innovación que vive nuestro país. Y lo hizo, con su ya característica informalidad, hablando del sector aeroespacial.

"La innovación debe producirse de forma incremental, pero también disruptiva. Hemos dejado de mirar problemas desde abajo para hacerlo desde arriba, desde el espacio", explicó en su intervención. "Cuando hablamos del PERTE aeroespacial en ambientes más cercanos a la ciudadanía no se entiende qué hace España ahí. Pero hacemos muchas cosas en este sector".

Los planes complementarios

Pero si hay un aspecto numinoso en el discurso de Teresa Riesgo, ese es el que atañe a los planes complementarios. Bajo esta denominación de poco lustre, se esconde un anaquel de ocho áreas científico-técnicas que "buscan establecer colaboraciones con las comunidades autónomas, identificando retos comunes, prioridades y ejecutando fondos".

En concreto, el ministerio de Ciencia e Innovación trabaja en las líneas de biotecnología y salud, ciencias marinas, comunicación cuántica, energía e hidrógeno, agroalimentación, astrofísica, materiales y biodiversidad. En total, está previsto que se movilicen 466 millones de euros hasta 2025, de los cuales serán financiados 299 millones de euros por parte del Ministerio y el resto cofinanciado por las propias comunidades autónomas.