Cambio climático y ciudadanía: no es un problema de voluntad sino de oportunidades

Sucedió antes, durante y después de la celebración en Glasgow de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Los titulares de los medios, los mensajes en las redes sociales de los activistas y los análisis de los expertos oscilaban entre el escepticismo, la euforia, la decepción o el pragmático conformismo. Un muestrario de reacciones aparentemente irreconciliables, pero que convergían en un elemento común. La convicción de que de nada sirven las declaraciones grandilocuentes o las normativas si no vienen acompañadas de un cambio de mentalidad y de una implicación real de los ciudadanos para cumplir los compromisos medioambientales.

Lo que nos dicen las encuestas es que los habitantes de la Tierra sí que están preocupados por la salud del planeta y dispuestos a asumir cambios para mejorarla. Un estudio publicado en octubre por el Banco Europeo de Inversiones cifra en un 81% el porcentaje de españoles que apoya medidas más estrictas frente a la crisis ecológica. 

También de este mismo año data un macrosondeo a escala mundial -respondieron 1,22 millones de personas de 50 países- elaborado por la Universidad de Oxford y Naciones Unidas en el que un 64% de los encuestados opinó que el cambio climático representa una emergencia. Entre las medidas concretas que se proponían ante este desafío, dos de las más respaldadas fueron el impulso de las energías solar y eólica (53%) y el incremento de las inversiones en negocios y empleos verdes (50%).

Las percepciones e intenciones de la población parecen inequívocas, pero muchas veces se terminan desvaneciendo al no encontrar los cauces adecuados para ejecutarse. Por eso hay que reordenar los términos del debate. No es un problema de voluntad sino de oportunidades para materializarla. Y, sin minusvalorar la importancia de la conciencias, en la generación de esas oportunidades es en lo que hay que centrar los esfuerzos.   

En el empeño contra el deterioro medioambiental, al ciudadano de a pie se le ha reservado habitualmente el rol de consumidor consciente y comprometido. El informe 'Global Consumir Insights Pulse Survey 2021' de PwC apunta que durante la pandemia los clientes se han vuelto más sensibles al impacto ecológico de sus decisiones cotidianas de compra. Una noticia tan positiva como insuficiente: la capacidad de acción a nivel individual puede y debe ir mucho más allá.

Las inversiones en energías renovables, por ejemplo, habían sido tradicionalmente inaccesibles para el pequeño y mediano ahorrador, que veía como este mercado era coto exclusivo de fondos y grandes corporaciones eléctricas. Pero esa restricción de actores ha quedado obsoleta con la aparición de alternativas como nuestra plataforma, que permiten financiar estos proyectos desde 500 euros y acceder con seguridad jurídica a una doble rentabilidad: económica y social.

El ciudadano que invierte en renovables de manera directa encuentra una vía para contribuir a un nuevo modelo energético y, además, obtiene un retorno económico por ello. Cambia el paradigma, se refuta el mensaje de que la batalla contra el cambio climático puede librarse únicamente a costa de renuncias personales cuya única recompensa es el bien de la colectividad futura y global. Al contrario, demuestra que también proporciona mejoras individuales, egoístas en el mejor sentido del término.

Este seductor enfoque se refuerza cuando esa implicación tiene además un componente de cercanía geográfica. Tanto la normativa estatal como legislaciones específicas de comunidades como Cataluña e Islas Baleares están promoviendo que una cuota de la inversión en parques eólicos y solares se reserve necesariamente a los habitantes de los territorios en los que se emplazan.

Es una solución idónea para conciliar intereses y ahuyentar los recelos que identifican esta nueva industria como un elemento ajeno y extractivo. La población local es copartícipe e impulsora de los proyectos y accede así a unos ingresos con los que complementar su renta. Los beneficios que se quedan en casa van más allá de los empleos que generan la construcción y el mantenimiento o de las tasas que ingresan los ayuntamientos.

Si se mira con una perspectiva histórica, es lo que desde hace siglos se viene haciendo en muchos pueblos españoles, auténticos pioneros de la sostenibilidad. Los montes comunales o las sociedades de pastos beben, en esencia, de la misma filosofía: cuidar de la naturaleza inmediata y aprovechar su potencial como fuente de riqueza común y particular. Para el hoy y el mañana.

*** Nacho Bautista es CEO y fundador de Fundeen.