Reino Unido se aleja de la visión europea sobre la inteligencia artificial y trabaja en su propio reglamento

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las grandes apuestas de Reino Unido durante los últimos años y, solo desde 2014, el Ejecutivo de la región ha desembolsado más de 2.300 millones de libras (cerca de 2.700 millones de euros al cambio actual) en este sector. 

A la par, se ha convertido en el país que lidera la inversión privada en este campo en Europa y el tercero a nivel mundial. En concreto, en 2021, las empresas nacionales atrajeron 4.650 millones de dólares (4.580 millones de euros).

El futuro también se anticipa halagüeño en este campo, ya que, según datos distribuidos por el Gobierno anglosajón, más de 1,3 millones de empresas utilizarán IA para 2040, lo que supondrá una inversión de 200.000 millones de libras (236.000 millones de euros) en este campo. 

Con el objetivo de anticiparse a este escenario, los legisladores ingleses han presentado un proyecto con varias normas relacionadas con la IA con la que pretenden separarse de la visión europea y ofrecer "una mayor flexibilidad".

Un ahorro a las empresas de 1.000 millones de libras 

La principal diferencia mencionada por los impulsores de la medida es que la de Reino Unido tiene un enfoque menos centralizado, ya que permite que "diferentes reguladores adopten un enfoque personalizado para el uso de la IA en una variedad de entornos", mientras que la AI Act, la legislación de la Unión Europea, delega la responsabilidad "en un organismo regulatorio central".

La normativa se enmarca dentro del proyecto de ley Data Protection and Digital information presentado al Parlamento en el que se modificarán las leyes de protección de datos en la región con el objetivo de "impulsar la innovación en tecnologías como la inteligencia artificial". 

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Según explica el Gobierno de Reino Unido, aprovecharán "los beneficios del Brexit" para consolidar un "nivel alto de protección a la privacidad y la información personal de los usuarios" a la vez que impulsa la economía, "reduciendo las cargas de las empresas". En total, el Ejecutivo cree que esto supondrá un ahorro para las compañías valorado en 1.000 millones de libras esterlinas.  

Así, la propuesta, publicada el pasado 18 de julio, se centra en "apoyar el crecimiento" y "evitar que se impongan barreras innecesarias a las firmas". 

Seis principios básicos para regular la IA

El reglamento, que describe el enfoque con el que se regulará esta tecnología, con sus riesgos y oportunidades futuras, se basará en seis principios básicos que los reguladores deben hacer cumplir para implementar el mejor uso de la IA en los diferentes sectores. 

Entre los puntos definidos por los legisladores, se requiere que los desarrolladores y los usuarios tengan acceso a una IA segura que funcione según lo diseñado,  transparente y tras la que se identifique a una persona jurídica responsable. 

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La Competition and Markets Authority (CMA), Ofcom, la Information Commissioner’s Office, la Financial Conduct Authority and the Medicine o la Healthcare Products Regulatory Agency serán los organismos encargados de interpretar e implementar estos principios. 

Aún así, desde Reino Unido precisan que los expertos de la industria o los académicos podrán compartir sus puntos de vista sobre cómo poner en práctica este enfoque. Todas las indicaciones que reciban, explican, formarán parte del Libro blanco de la IA en el que se recogerá cómo poner en práctica los mencionados principios. 

Consolidar la posición como "superpotencia científica y tecnológica"

Damian Collins, responsable de la digitalización en el Gobierno de dicha región, apunta que "es vital" que las reglas ofrezcan "claridad a las empresas, confianza a los inversores y seguridad al público". "Nuestro enfoque flexible nos ayudará a dar forma al futuro de la IA y a consolidar nuestra posición global como una superpotencia científica y tecnológica".

Desde el Ejecutivo explican que las leyes existentes que afectan a esta tecnología pueden ser difíciles de entender y abordar por organizaciones y empresas pequeñas, a lo que se suman las inconsistencias y superposiciones entre diferentes legislaciones, que afectan a la confianza de los usuarios. 

Además, apuntan que, si las leyes no evolucionan a la par que la tecnología, esto puede afectar a la innovación y a la protección de los consumidores. 

Por su parte, Dame Wendy Hall, presidenta del Consejo de la IA, un organismo que trabajará con el Gobierno para desarrollar el Libro blanco de la IA en los próximos meses, explica que estos pasos son fundamentales para establecer un "enfoque claro y coherente en la regulación de la IA". "fundamental para impulsar la disrupción".