España sigue a la espera de su marco regulatorio para los centros de datos, mientras Europa toma carrerilla

Una de las grandes promesas de José Luis Escrivá en su breve etapa al frente del Ministerio de Digitalización y para la Función Pública fue la aprobación de un Real Decreto con el que aspiraba a regular la actividad de los centros de procesamientos de datos (CPD). 

A finales de enero de este año, el exministro expuso en el Congreso de los Diputados las líneas maestras que marcarían su liderazgo en esta cartera, de la que acabó saliendo hace unos meses. En dicho discurso, más allá de mencionar el impulso a la inteligencia artificial o el desarrollo de las capacidades tecnológicas, prometió dos nuevas normas: una ley de ciberseguridad (que emplazaba para final de año) y un marco regulatorio para los CPD. 

En ese momento, Escrivá apenas dio más información sobre esa legislación, solo precisó que el foco estaría puesto en garantizar los criterios de sostenibilidad de dicha industria, conocida por su alto consumo de electricidad y agua. 

Desde ese momento, se fueron conociendo a cuentagotas algunas de las características que conformarían el futuro Real Decreto. Entre ellas, que el reglamento se desplegaría en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, que en ese momento estaba liderado por Teresa Ribera, o que no solo se regularían los requisitos de eficiencia energética, sino también la ubicación de estas construcciones para evitar que haya una concentración excesiva en determinadas regiones. 

El propio exministro señaló entonces que la idea era enmarcar esta norma dentro la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial de España, aprobada a mediados de mayo, y afirmó que el plan era tener esta norma lista antes de que acabase el año.  

Sin embargo, pocos meses después todo cambió, ya que se oficializó la salida de Escrivá del Gobierno y su nombramiento como Gobernador del Banco de España. Tras él, Óscar López, que hasta ese momento había formado parte del Gabinete del presidente del Gobierno, pasó a dirigir el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. 

En su toma de posesión, López recogió esta propuesta de su sucesor y anunció la elaboración de una Estrategia de Centros de Datos Sostenibles que ayude a impulsar "la transformación digital y la economía del dato de España" en línea con la transición ecológica y el "uso responsable" de recursos escasos como el agua o la energía. 

No obstante, desde entonces, poco se sabe de este documento. Este medio ha contactado con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para actualizar la situación del mismo, pero no ha obtenido respuesta. 

Europa toma la delantera 

Mientras España sigue a la espera de su normativa, hay otras regiones por todo el mundo que tienen en funcionamiento reglamentos centrados en la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de los centros de datos. 

A nivel europeo, una de las más importantes es la Directiva de Eficiencia Energética (DEE), que publicó su primera versión en 2012 y otra más actualizada a finales de 2023 con la que pretendían hacer frente a la problemática asociada a este tipo de construcciones, que representaron el 2,7% de la demanda total de electricidad en la UE en 2018. 

Así, en su último documento, además de aumentar los objetivos de eficiencia energética de la Unión y exigir a sus miembros que fijen objetivos orientativos a nivel nacional basados en las contribuciones al consumo final de energía para cumplir dichos estándares e incorporar nuevas obligaciones en materia de ahorro energético, también suma nuevas reglas para el consumo de los CPD. 

En concreto, esta norma establece que los centros de datos que tengan una potencia eléctrica demandada por sistemas de tecnologías de la información de, al menos, 500 kW deben publicar anualmente su consumo antes del 15 de mayo de cada año. Aquí se incluyen datos como la eficiencia energética, el uso de renovables, la reutilización del calor residual o la eficacia de la refrigeración. 

También, insta a estas construcciones a reportar sus datos energéticos a la base de datos creada por la Comisión Europea, aunque con algunas excepciones. 

Además, la directiva establece que los Estados miembros deberán velar para que los CPD lleven a cabo mejores prácticas en base al Código Europeo de Conducta sobre eficiencia energética. Entre otras cosas, propone que aquellos que tengan una entrada de energía nominal total superior a 1 MW utilicen el calor residual, a menos que puedan demostrar que no resulta técnica o económicamente viable. 

Esta directiva viene complementada por el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos, que establece la información y los indicadores clave de rendimiento que deben comunicar estos actores en la base de datos puesta en marcha por la Comisión Europea, bajo el nombre de ReportENER. 

En principio, a raíz de esa información, la Comisión llevará a cabo un informe con el que podrá establecer propuestas legislativas adicionales y explorar la viabilidad hacia CPD de emisiones cero netas. 

Actualmente, la directiva se encuentra en pleno proceso de transposición en España, una función que recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según explica este ministerio en su propia web, actualmente "están trabajando" en ello, por lo que las disposiciones del artículo 12 que hace referencia a estas solicitudes de información entrarán en vigor "una vez transpuesto y publicado en el BOE". 

A nivel nacional, hay expertos que señalan que esta ley se queda un poco "corta", ya que solo exige que rindan cuentas a los centros de datos que tienen una demanda energética superior a 500 kW, lo que deja fuera a construcciones más pequeñas y que pueden ser menos eficientes energéticamente. Por ello, piden reducir aún más el umbral. 

Cabe mencionar que, a pesar del despliegue de este cuerpo normativo, los expertos denuncian que aún hay muchos países que no han terminado la trasposición de dicha legislación, por lo que su impacto sigue en standby. Tan solo unos pocos, entre ellos Alemania, han promulgado leyes nacionales basadas en la directiva de eficiencia energética. 

El resto del mundo

En el resto del mundo, China empezó hace pocos meses a imponer restricciones al uso energético de estos centros de datos y aumentar la tasa de utilización de energías renovables de cara a 2025. También, otras regiones como Australia o Singapur están trabajando para avanzar hacia instalaciones más sostenibles y eficientes. 

Mientras, en Oriente Medio, Arabia Saudí ha desarrollado una normativa que promueve la construcción de los mismos siempre que tengan planes de gestión energética y sostenibilidad. 

Por su parte, en Estados Unidos, algunos estados han dado el paso de regular el apartado energético de los centros de datos, pero sin mucho éxito. Por ejemplo, Virginia presentó una ley que permitía a estas infraestructuras acogerse a exenciones fiscales si maximizaban su eficiencia energética, pero el proyecto nunca llegó a consolidarse. También, ha habido varios intentos en otros emplazamientos de restringir las ubicaciones de los CPD.