Un proyecto de traducción de textos costará a la Junta de Andalucía 10 veces menos gracias a la IA generativa

Contó DISRUPTORES en diciembre de 2023 que la Junta de Andalucía había tenido que paralizar un proyecto encaminado a desarrollar un software que tradujera cualquier texto administrativo a un lenguaje claro y comprensible para cualquier ciudadano. Lo paró porque se dio cuenta de que la irrupción de la IA generativa iba a facilitar mucho más las cosas y, esa nueva herramienta no estaba contemplada en los pliegos.

No es que la Junta decidiera dejar el proyecto en un cajón, sino que decidió replantear el proyecto incluyendo, ahora sí, las bondades de la IA generativa, una tecnología que, hoy en día, ya está instalada en nuestro día a día casi sin que nos hayamos dado cuenta.

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El caso es que, como en su día prometió el director de la Agencia Digital Andaluza (ADA), Raúl Jiménez, la licitación se iba a volver a producir y así ha sido durante el mes de noviembre. El plazo para la presentación de candidaturas, de hecho, acaba esta tarde.

Esta nueva licitación ha servido ya no sólo para relanzar el proyecto paralizado hace un año sino para comprobar hasta qué punto una nueva tecnología es más eficiente que su antecesora.

Así, la licitación original, la que se basaba únicamente en inteligencia artificial, iba a costar a las arcas públicas andaluzas un total de 4,3 millones de euros. El nuevo concurso, que ya abre la puerta a las posibilidades de la IA generativa, reduce el presupuesto más de diez veces, al situar el valor del contrato en 322.000 euros.

En un sector como el público, en el que el ahorro de costes es clave para la gestión de servicios, saber elegir qué tecnología usar para desarrollar un determinado proyecto puede resultar capital, como demuestra este contrato.

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Un contrato, que, por otra parte, permitirá desarrollar un proyecto encaminado a que el ciudadano entienda cualquier documento que proceda de la administración, sea jurídico, administrativo, sanitario…

Ha sido la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad, la que ha sacado a licitación, por la cantidad mencionada, la contratación de servicios para la realización de un sistema de conversor de documentos administrativos a lenguaje claro.

La licitación, con cargo a fondos europeos Next Generation tiene el objetivo de mejorar la comunicación administrativa al objeto de hacerla accesible y comprensible.

La administración tiende a utilizar un lenguaje complejo no siempre comprensible por la ciudadanía, y especialmente por las personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, personas con menor nivel formativo, aquellas que no conocen correctamente el castellano, entre otros colectivos.

Plazo de ejecución: ocho meses

Sin embargo, estas comunicaciones pueden referirse a temas relevantes como puede ser la resolución de un procedimiento administrativo para las personas interesadas; el establecimiento de un plazo para solicitar una ayuda o una reclamación o recurso, el listado de documentación a entregar para una subsanación, entre otras. Las comunicaciones que realiza la administración tienden a estar relacionadas con derechos y obligaciones de la ciudadanía. Por tanto, han de ser lo más claras y comprensibles posibles de cara a favorecer a una comunicación eficaz.

"La real y plena inclusión de las personas con discapacidad parte por garantizar medidas de accesibilidad universal y prestación de los apoyos necesarios", ha remarcado la consejera, Loles López, que ha incidido en la importancia de estas medidas para promover la autonomía y que las personas con discapacidad puedan desenvolverse por sí solas.

Por ello, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ya tiene abierto este procedimiento de contratación en el que cualquier empresa del sector pueda presentar su oferta. La que resulte elegida tendrá un plazo de ejecución de ocho meses desde la formalización del contrato.

El gobierno andaluz considera "esencial" realizar un esfuerzo en la modernización y digitalización de la administración, "de forma que ayude a las personas a ejercer su derecho a comprender los documentos, respetando sus derechos al acceso a la información pública y ayudando a que comprendan la documentación que podría ser relevante para ellas".