La OCDE adopta unos principios para desarrollar una IA robusta y segura

Los 36 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros seis países asociados, incluidos cinco latinoamericanos, han adoptado unos principios para que "el desarrollo de la inteligencia artificial sirva al interés general y sus creadores sean responsables de su buen funcionamiento". Junto a los 36 estados miembros, se han asociado Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Rumanía.

Se trata, en primer lugar, de que la inteligencia artificial sirva "los intereses de los individuos y del planeta al favorecer el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar", han explicado en un comunicado. Su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, se ha mostrado convencido de que estos principios, que no son vinculantes jurídicamente, "constituirán una referencia mundial" como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares de su organización.

Todos los países firmantes asumen que los sistemas de inteligencia artificial deben estar concebidos de forma que respeten el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad con garantías para que, por ejemplo, haya una intervención humana si es necesario.

También que se debe asegurar la transparencia y la divulgación "responsable" de las informaciones utilizadas para que las personas puedan saber cuándo están interactuando con dispositivos de inteligencia artificial y puedan contestar los resultados.

Para los 42 países implicados, los sistemas de inteligencia artificial deben ser robustos y ofrecer garantías de seguridad durante todo su ciclo de vida. Además, las personas y organizaciones que los generen, desplieguen y exploten habrán de ser responsables de su buen funcionamiento y del respeto de esos principios.

La OCDE recomienda a los poderes públicos que faciliten la inversión pública y privada para estimular la innovación en "una inteligencia artificial digna de confianza" que favorezcan sistemas accesibles, que doten a las personas de competencias para su uso, sobre todo en el ámbito laboral. Y que favorezcan la cooperación para establecer normas internacionales.