Una de las críticas más duras que le ha hecho al Gobierno de Pedro Sánchez durante la actual crisis sanitaria por coronavirus es la que tiene que ver con las pruebas diagnósticas del COVID-19. Nuestro país ha y sigue acusando la falta de tests PCR suficientes para cubrir ya no a toda la población, sino siquiera a los profesionales médicos y a muchos posibles infectados -y sus familiares- que no han revestido gravedad.

Eso, unido a la compra de fallidos tests rápidos y otros esperpentos dignos de Valle-Inclán, ha obligado finalmente al Ejecutivo a tomar medidas drásticas. Y, en uno de los últimos Boletines Oficiales del Estado, se ponen a disposición todos los laboratorios privados al servicio de las autoridades públicas.

Una decisión que sigue la lógica de los cursos: aglutinar el mayor número de recursos posibles en manos de los que están gestionando esta crisis sanitaria y contar con más medios para diagnosticar la enfermedad en grupos poblacionales a gran escala. Pero como reza la tercera Ley de Newton, "para cada acción existe una reacción igual y opuesta"...

En este caso, el búmeran oficial ha provocado una gran incertidumbre entre las empresas privadas con capacidad para la elaboración de tests PCR, que hasta ahora habían sido directamente ignoradas por las autoridades. Así lo denuncia Diego Fernández, fundador y presidente de Arquimea Group, a INNOVADORES: "Nos hemos dirigido a todas las AAPP, tanto el gobierno central como las Comunidades Autónomas, para ofrecer nuestro apoyo externo si fuera necesario. No hemos conseguido un interlocutor con el que hablar. Y por ahora solo nos ha respondido el Central para un estudio epidemiológico, del que todavía estamos discutiendo los detalles". 

Esta empresa comanda una alianza privada (integrada por centros de investigación y laboratorios como CIC bioGUNE, BioAssays, Epidisease, WORLDPATHOL, LabGenetics y Life Length) que facilitaba tests PCR certificados en 24 horas a colectivos públicos y privados por 110 euros cada muestra. Desde un inicio, esta alianza anunció que no realizaría pruebas a particulares, sino que priorizaría "a residencias de ancianos, hospitales, centros sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

De hecho, Fernández reclama que el BOE solo aporta dudas a esta colaboración público-privada. "En realidad, el decreto solo indica que debemos ponernos al servicio de las CCAA, cosa que ya habíamos hecho. y establecer un protocolo por el que el precio no sea abusivo. Consideramos que el nuestro no es abusivo, todo lo contrario. Por ello, el BOE no aporta nada nuevo, pero sí que ha generado gran inquietud en las residencias de ancianos, uno de nuestros principales clientes, porque las Comunidades Autónomas pasan a ser las responsables de contratar estos servicios, pero sin especificar el protocolo a seguir a la hora de decidir qué colectivos pueden hacer los tests", se lamenta el presidente de Arquimea Group.

De hecho, esta alianza había realizado en la última semana más de 1.000 pruebas PCR para el COVID-19 y ya había recibido solicitudes no sólo de residencias de ancianos, sino también de empresas privadas (como armadores gallegos que querían pruebas preventivas para sus tripulaciones) y de algunos hospitales. Ahora, especialmente los destinatarios privados de estas pruebas, quedan en un limbo a la espera de la concreción oficial de los protocolos. "Creemos que hay buena voluntad por parte del Gobierno, pero hay un momento para la burocracia y otro para la acción. Y cada día que pasa así, es un día que pasa sin hacer tests que pueden salvar vidas", alerta Diego Fernández.

No en vano, el esfuerzo de esta iniciativa privada por democratizar los tests PCR ha sido notable. Según afirman desde Arquimea Group, la firma ha reconfigurado "toda su actividad para aportar cinco millones de euros de recursos propios para el pago a proveedores certificados de, entre otro material, los robots (Finlandia) y reactivos (EEUU-Alemania)". Y, siempre de acuerdo a su información, tienen garantizados los suministros de todos los fungibles para realizar los test, así como el equipamiento y los 90 trabajadores necesarios para su ejecución, pudiendo realizar 5.000 test al día durante al menos los próximos dos meses, ampliables a 10.000 pruebas si llegase el caso.

Fernández explica que "vimos que los tests PCR se hacían de manera manual en la mayoría de los laboratorios. Pensamos en cómo industrializar este proceso y poder ofrecer tests  masivos".  Por ello se decidieron, a principios de marzo, a introducirse en esta iniciativa, incluso pese a los problemas del mercado internacional para dotarse de recursos. "Apostamos por tecnología americana porque es más fiable que la china, tanto por suministro como por calidad del producto. Y para muchos consumibles, como los bastoncillos o los tubos de ensayo, optamos por productores locales para apoyar a la economía española pero, especialmente, porque China ya ha llegado a su tope de fabricación", explica Fernández. 

Entonces, ¿cuál es el escenario que sigue tras la decisión del Gobierno de intervenir estos laboratorios? "Lo ideal sería seguir el ejemplo de Alemania, que está haciendo medio millón de test PCR a la semana, recurrentes en los colectivos más vulnerables como residencias de ancianos y profesionales sanitarios. Esa debería ser la prioridad, para luego prepararnos para la desescalada del confinamiento, permitiendo a las empresas hacerle tests a sus trabajadores. Sin olvidarnos de otra fase, que preocupa mucho a los médicos, que es la apertura de los hospitales a enfermos de otras patologías y en los que hay que evitar la posibilidad de un contagio que podría ser muy dañino", concluye el empresario, quien se mantiene a la espera de que el Gobierno finalmente tome cartas claras y concretas en el asunto.