Lo digital se ‘cuela’ por fin en la agenda pública española

Hace 33 años, hablar de digitalización en España se antojaba cuanto menos una utopía. De hecho, a buen seguro nadie conocía ese palabro hoy tan usado y, mucho menos, podía ni imaginar el impacto que la tecnología iba a tener en nuestras vidas cotidianas o en el tejido empresarial patrio. De aquella, como mucho, se podía hablar del advenimiento de las telecomunicaciones modernas y una creciente conectividad que facilitaba los negocios y las relaciones a distancia, pero poco más.

Hoy en día, el panorama es radicalmente distinto: inmersos en la archiconocida y tremendamente manida transformación digital, casi nadie escapa al influjo mágico de esta revolución llamada a cambiarlo todo. Y de ahí la sensación de urgencia que ha calado en gran parte de los líderes corporativos y políticos españoles, a sabiendas del mal punto de partida en estas lides y de las oportunidades que nuestro país ya perdió en la Primera y la Segunda Revolución Industrial.

Esos 33 años, que se dicen pronto, son los mismos que el histórico congreso de la patronal Ametic lleva celebrándose en la capital cántabra. Un foro ineludible que ha sido fiel reflejo de esta evolución imparable y, también, del particular devenir de los tiempos: del protagonismo absoluto de las telecomunicaciones ha pasado -causas exógenas incluidas, como la escisión de los operadores a la díscola DigitalES- a centrar su tiro en la industria digital. Un sector en pleno apogeo dentro de nuestras fronteras, pero que aún es residual frente a nichos de actividad poco sostenibles y de escaso valor añadido como el turismo o la construcción.

Ahí están los datos: la economía digital en España apenas representa el 5,3% del PIB, muy lejos de países vecinos como el Reino Unido, donde supone alrededor del 10%. Tampoco tenemos demasiado éxito en la captura de ese potencial digital: apenas sacamos el 13,5% del valor en este campo, muy por debajo del 20% en el que están situadas naciones como Suecia o Noruega. Un problema dramático que supone, al mismo tiempo, una oportunidad que como país no podemos rechazar.

Ese fue el discurso repetido una y otra vez por la nutrida representación institucional que este año ha copado las principales sesiones del congreso en Santander. Las ministras Nadia Calviño (Economía y Empresa), Isabel Celaá (Educación y FP) y Reyes Maroto (Industria) han hecho suya la súplica a la sociedad y a la empresa de abordar este reto no sólo con más inversiones, sino también, y este quizás es el matiz más destacable, con una visión social. De hecho, todas ellas reconocieron la necesidad de impulsar programas formativos que aborden las capacidades digitales entre nuestros estudiantes, desde los niveles más básicos hasta la universidad.

También hubo consenso en la urgencia de contar con una estrategia de país para fortalecer tecnologías habilitadoras como la inteligencia artificial o el big data (punto incluido también en las 370 propuestas que el PSOE está usando en la negociación para lograr un nuevo gobierno con Unidas Podemos). Al igual que todas ellas coincideron en seguir el postulado de Ametic y de esta cita: reindustrializar digitalmente España es la única forma para garantizar la prosperidad económica y de la ciudadanía -con la igualdad entre hombres y mujeres o la atención al mundo rural- a largo plazo.

De conseguir el "bienestar digital", como vino a denominar Francisco Polo, secretario de Estado para el Avance Digital, quien a su vez hizo una particular defensa de las bondades de este sector a la hora de garantizar la inclusión de los jóvenes en un mercado laboral cada vez más desafiante. A este firme defensor de convertir España en una nación emprendadora a la cabeza del ecosistema de startups internacional, Pedro Mier -presidente de la patronal- le pidió ir más allá para favorecer el nacimiento de un auténtico "Estado emprendedor", donde tanto pequeñas como grandes empresas sean protagonistas de la agenda pública en materia de digitalización.

La ‘tasa Google’

El principal debate existente en este momento es la famosa y controvertida ‘tasa Google’, que busca gravar a los gigantes digitales por su actividad en nuestro país. El Ejecutivo español fue uno de los primeros en impulsar esta medida -considerada por la propia patronal tecnológica como un riesgo mayúsculo para el sector si se aplica unilateralmente-, que ahora está a la espera de que se sucedan acontecimientos allende nuestras fronteras.

Al respecto, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha declarado que "es necesario adaptar la fiscalidad al siglo XXI, porque hay una situación de desigualdad entre las empresas tradicionales que pagan sus impuestos en el lugar donde prestan sus servicios y las empresas digitales, que no pagan impuestos donde generan valor a través de los datos".

Nada nuevo bajo el sol hasta aquí: Calviño y su equipo se mantienen firmes en este propósito. Pero conforme se está urgiendo a una resolución internacional y coordinada sobre el tema, el Gobierno acepta la máxima, pero sin olvidar una posible acción unilateral: "Estamos trabajando con el G20 y la OCDE para llegar a una acuerdo para establecer esta tasa. Pero si no hay acuerdo a esos niveles, lo haremos a escala europea o incluso nacional".

Eso sí, la ministra no se pronunció sobre el reciente acuerdo al que Estados Unidos y Francia llegaron en el pasado G7 celebrado en Biarritz (por el que los galos se comprometen a compensar económicamente a las empresas norteamericanas afectadas por este impuesto en caso de que la futura tasa internacional sea inferior a la decretada en suelo francés) o su posible réplica en el caso español. "Estamos pendientes de ver ese acuerdo y el trabajo en la OCDE antes de tomar decisiones", se ha limitado a señalar Calviño.

Los líderes empresariales

Si bien la cita de este año ha sido histórica por la nutrida presencia institucional -con la participación por vez primera de un presidente del Gobierno-, ha adolecido de una falta notable de puntas de lanza empresariales. Tan solo Microsoft aportó un directivo internacional al evento (su director de Asuntos Públicos a escala europea, Jeremy Rollinson). Del resto de ponentes, muchos directivos de empresas medianas y de entidades públicas (como el Incibe), el CDTI o el Centro de Supercomputación de Barcelona, y poco más.

De hecho, entre los directivos que se congregaron en Santander solo hay que destacar la presencia del presidente de LG Iberia, Jaime de Jaraiz, quien prefirió hablar de la plantación de 47 millones de árboles en nuestro país antes que de las inversiones estratégicas que está negociando en territorio nacional, como una posible fábrica de baterías eléctricas en Aragón. También la de Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung, o la de Rodrigo Echenique, presidente de Santander España, más centrados en darse publicidad que en marcar líneas de discusión o trabajo claras.