La universidad española y el ascensor social

España se caracteriza por una amplia oferta pública de universidades, lo que facilita el acceso a la educación superior a la gran mayoría de la población. Sin embargo, la evolución observada en la última década suscita la pregunta de si estos centros de enseñanza, que son fundamentales para el progreso económico y social de nuestro país, están adaptándose suficientemente rápido a las necesidades del mercado laboral.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en el curso 2020/21 existían en España 84 universidades (50 de ellas públicas, 34 privadas), que alojaban a casi 1,7 millones de alumnos: 80% eran estudiantes de grado, 15% de máster y 5% de doctorado. Estos 84 centros ofrecían un total de 3.062 programas de grado y 3.613 másteres, con la particularidad de que la universidad pública ofrecía 45 grados y 55 másteres, mientras que la oferta de la privada era en promedio de 16 grados y 18 másteres.

Más allá de las preguntas que sugiere la foto –¿Tiene sentido ofrecer más de 3,000 grados en España? ¿Cuál es la razón de que la oferta de la privada esté más concentrada que la de la pública?–, lo verdaderamente interesante es analizar la evolución de estos datos durante los últimos años, porque nos da una idea del futuro que podría deparar a la universidad pública si continúa la tendencia actual.

En la última década, el número de alumnos de grado matriculados en centros públicos se ha reducido un 13%, mientras que en privados ha aumentado un 36%. Esta evolución ha provocado que los alumnos de universidades privadas pasen de representar un 12% del total en 2010 al 17% en 2020, en un contexto en el que los precios de la universidad pública se han mantenido relativamente estables, mientras que los de la privada no han dejado de aumentar.

Que la universidad privada le robe cuota a la pública a este ritmo, a pesar de que cuesta entre 10 y 20 veces más al año, sólo puede significar que esta última no está atendiendo adecuadamente las demandas de padres, alumnos y, sobre todo, empleadores, que son a fin de cuentas los que tienen que validar la relevancia y utilidad de un programa de educación superior. Es evidente que esta tendencia pone en riesgo un ascensor social que de por sí está bastante maltrecho España.

Uno de los hallazgos de la ciencia económica más ampliamente aceptados es la prima salarial que genera la educación, definida como la remuneración media extra que obtiene un trabajador por cada año adicional que avanza en el sistema educativo tradicional. Sin entrar a debatir cuál es la razón de fondo de que esto ocurra, los datos no dejan lugar a dudas: según la EPA de 2021, el trabajador con estudios superiores medio cobraba 2.606€ brutos al mes en España, frente a los 1.354€ del trabajador que sólo había completado la educación secundaria obligatoria.

Por tanto, en términos estadísticos y sobre el papel, la mejor oportunidad que tiene un joven de clase media o baja para ascender socialmente es terminar la universidad e incluso continuar con estudios de postgrado tras ella. Sin embargo, el trasvase de alumnos de público a privado podría indicar que estas mejores y más amplias oportunidades profesionales otorgadas por la universidad, son particularmente ciertas si asistes a la privada. Buceando un poco más en los datos, la percepción es similar.

Mientras que en los últimos 10 años el total de alumnos matriculados en grado ha decrecido un 1% anual –el invierno demográfico–, en este mismo periodo los estudiantes de máster han crecido al 9% anual y los de máster privado al 17% anual. Puesto que los estudiantes de grado en universidad pública aún representan alrededor del 85% del total, el crecimiento de los postgrados viene muy probablemente dado por graduados de centros públicos que deciden continuar con estudios de máster en el sector privado.

La mejor noticia de que la universidad privada sea tan cara es que no tendría por qué serlo. La tecnología ya permite desde hace años educarse a un precio muy accesible a través de plataformas como Coursera, Udemy o YouTube. Sin embargo, la regulación impide que propuestas educativas más flexibles y baratas puedan competir de tú a tú con modelos universitarios tradicionales, que no sólo tienen la función de formar a los estudiantes, también de servirles de trampolín para su salto al mercado laboral.

Por ejemplo, para que una institución privada sea oficialmente acreditada como universidad en España tiene que cumplir criterios como i) ofrecer al menos ocho programas de grado o máster, ii) que el 50% del personal docente tenga el título de doctor y el 70% dedicación completa, o iii) contar con un programa de investigación adecuado. Cumplir con estos requisitos encarece enormemente la provisión de educación y genera barreras de entrada a un sector donde la acreditación institucional sigue siendo fundamental para competir.

Con un salario medio en España de alrededor de 25.000 € brutos al año, es evidente que una educación privada que cuesta entre 10.000 y 25.000 €, es inaccesible para la gran mayoría de la población. Y si de verdad los datos significan lo especulado arriba; esto es, que la educación superior privada ofrece mejores oportunidades profesionales que la pública, el ascensor social nunca llegará a funcionar porque la mayoría de la gente ni siquiera podrá abrir la puerta.

Una educación superior accesible y adaptada a las necesidades del mercado laboral es vital para el progreso de un país. Con las reformas adecuadas, el sistema público de universidades tiene una buena oportunidad de ofrecer una educación de esas características, pero no deberíamos demorarnos mucho más en implantarlas. Mientras tanto, urge flexibilizar el marco regulatorio y reducir las barreras de entrada para que el sector privado pueda innovar y ofrecer alternativas baratas y de calidad. De esta forma, mantendremos las puertas del ascensor social abiertas de par en par.

*** Edu Riera es CEO y fundador de Zrive.