Omar Sequera, cofundador y co-CEO de QUIXOTIC.
A finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030. En esta nueva hoja de ruta, los objetivos fijados para potenciar la transición energética son mucho más ambiciosos que los establecidos hace tres años: el Gobierno propone que el consumo limpio alcance los 19 gigavatios (GW) instalados en los tejados de empresas y particulares, lo que representa el triple de la cuota actual. Además, se espera un aumento del 34% en la demanda de electricidad procedente de energías renovables, muy por encima del 5% previsto inicialmente en 2021.
Estas proyecciones han sido recibidas con optimismo, pero también han generado un intenso debate en el sector. Si bien refuerzan el papel del autoconsumo como herramienta clave para enfrentar los desafíos climáticos, llegan en un momento de ajustes para la industria energética. En 2023, la adopción de fotovoltáica cayó un 32% debido, sin ninguna duda, a la bajada de los precios de la electricidad frente a los picos vividos en 2022 y a la reducción progresiva de las ayudas provenientes de los Fondos de Recuperación de la UE.
La buena noticia es que, a pesar de este retroceso, el panorama a largo plazo sigue siendo alentador: el autoconsumo ha crecido un 70% en los últimos dos años, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables. No cabe duda de que alcanzar los objetivos planteados será todo un desafío, pero es factible si se implementan las medidas adecuadas.
En todo este escenario, se subraya la necesidad de implementar reformas ambiciosas que desbloqueen el desarrollo del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas en nuestro país. Estos modelos no solo se erigen como catalizadores clave para cumplir con los objetivos del PNIEC, sino que también son capaces de acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible y descentralizado.
En los últimos años, el autoconsumo ha evolucionado hacia un modelo más colaborativo. Vecinos, cooperativas, pymes y entidades locales están creando microeconomías locales sostenibles, donde los ciudadanos pueden acceder a energía limpia a precios asequibles y reducir su dependencia de las grandes comercializadoras. Este modelo no solo democratiza el acceso a la energía renovable, sino que también fomenta una mayor independencia energética dentro de las comunidades.
Un ejemplo claro de este modelo es el aprovechamiento de los edificios públicos, como escuelas, centros municipales y polideportivos, que solo operan en horarios determinados. Durante las horas de menor consumo, estas instalaciones pueden actuar como generadores de energía renovable, redistribuyendo su excedente a los vecinos y comercios cercanos. Si escalamos este modelo creando una serie de smart microgrids reales y virtuales —es decir, redes de energía locales e inteligentes que combinan la generación, almacenamiento y consumo de energía de manera eficiente y descentralizada—, no sólo optimizamos el uso de los recursos, sino que también se crea un entorno más eficiente, descongestionando las redes de distribución y transmisión, y beneficiando a toda la comunidad.
La colaboración público-privada también juega un rol importante en el éxito de estos modelos. Así lo evidencia el caso de Microsoft en Singapur, donde el gigante tecnológico anunció la compra de excedentes de energía solar generados en los tejados de edificios públicos para alimentar sus centros de datos, en un acuerdo que se extiende por 20 años. Este tipo de alianzas estratégicas también pueden ser una realidad en España, donde el potencial de las comunidades energéticas es inmenso, debido a la radiación solar anual.
En nuestro país ya existen 353 comunidades energéticas, y miles de autoconsumos colectivos, según los últimos datos del informe del Observatorio de Comunidades Energéticas Energía Común. Estas están formadas por grupos de ciudadanos, empresas o entidades locales que se organizan para financiar y gestionar instalaciones de generación de energía renovable, como paneles solares en tejados compartidos o terrenos comunitarios. La energía producida es consumida por los propios miembros de la comunidad y los excedentes pueden ser almacenados en baterías, hidráulicas de bombeo, aplicando descuentos a futuras facturas (las llamadas "baterías virtuales") o asignando esta energía a otros usuarios, creando un ciclo energético más responsable.
Los beneficios del autoconsumo colectivo son indiscutibles, pero actualmente existen múltiples barreras que dificultan su adopción a gran escala. Para superar estos obstáculos, es fundamental acelerar y consolidar en la regulación la implementación de las directivas europeas que impulsan la participación activa de los agregadores y promueven una mayor competencia en el mercado energético. Esto permitiría la entrada de nuevos actores que ofrezcan tarifas más competitivas y sostenibles a largo plazo. Sin embargo, algo que está claro es que para que las comunidades energéticas y las pequeñas comercializadoras puedan gestionar la energía de forma eficiente y asequible, necesitan contar con herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen sus operaciones y reduzcan costes operativos.
Aquí es donde las plataformas tecnológicas desempeñan un rol decisivo. Estas soluciones, muchas de ellas ofrecidas bajo el modelo de Software as a Service (SaaS), permiten que incluso los actores más pequeños gestionen sus operaciones energéticas con la misma eficiencia que las grandes empresas. Al automatizar procesos administrativos complejos, estas herramientas permiten a los emprendedores energéticos centrarse en lo que realmente importa: operar de manera efectiva sin enfrentarse a las barreras técnicas o los elevados costes y retrasos típicos de los desarrollos a medida.
El componente digital representa, en última instancia, una manera de diferenciarse y una oportunidad para democratizar el acceso a la energía renovable a todas las personas y familias. En un mercado dominado por las grandes compañías, las plataformas tecnológicas abren la puerta a soluciones inclusivas, permitiendo que las comunidades energéticas ofrezcan tarifas justas y adaptadas a las necesidades de todos sus usuarios.
Además, en un entorno regulatorio en constante evolución, es preciso contar con plataformas que se actualizan automáticamente para adaptarse a las nuevas normativas. Estas herramientas no solo aseguran el cumplimiento legal, sino que también permiten a las empresas expandir sus operaciones sin que la gestión normativa o la tecnología se conviertan en un obstáculo.
Si logramos alinear la voluntad política con la innovación tecnológica y un enfoque colaborativo, no solo cumpliremos con los objetivos marcados para 2030, sino que también contribuiremos a reducir la pobreza energética. La verdadera transformación pasa por hacer que la energía verde esté al alcance de todos. Las plataformas que faciliten esta transición serán el motor que impulse a España hacia un sistema energético más descentralizado, sostenible y eficiente que beneficie a la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, resulta frustrante observar cómo cien vecinos instalan, financian y mantienen cien sistemas individuales, vertiendo sus excedentes a la red a cambio de unos pocos céntimos y muy pronto, sin ninguna retribución, como ocurrirá a medida que tengamos más y más horas a cero euros cada año. Si no actuamos pronto, cientos de miles de clientes podrían acabar entregando energía a la red sin recibir ninguna compensación.
***Omar Sequera es cofundador y co-CEO de QUIXOTIC.