El Gobierno aprueba de nuevo la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’

El Consejo de Ministros ha aprobado los proyectos de ley de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, conocidos como ‘tasa Tobin’ y ‘tasa Google’. Estos nuevos tributos pretenden “avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad económica”, subraya la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Estas tasas ya fueron aprobadas por el Gobierno socialista de la legislatura anterior, pero no llegaron a iniciar su tramitación en el Congreso ante el adelanto electoral para el mes de abril de 2019.

La ministra incide en que estas figuras tributarias están en línea con las que se debaten en Europa y tienen por objetivo modernizar el sistema fiscal. Con estos impuestos “el sistema tributario se moderniza y son parte de un primer paso” hacia un sistema fiscal más redistributivo, en el que los impuestos medioambientales “jugarán un papel determinante”.

1. ¿Qué es la ‘tasa Google’ o impuestos a servicios digitales?

Este impuesto gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida online, servicios de intermediación online y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Entre estos supuestos figuran, por ejemplo, empresas que usan bases de datos que les venden otras para contactar con usuarios o hacer publicidad personalizada sin contribuir a la sociedad, por lo que “es de justicia que la sociedad se beneficie de ello”, destaca Montero.

Este norma solo implicará a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y tres millones en España. Estos límites de ingresos “no son discriminatorios ni por nacionalidad o tipo de empresa”, ya que, además, excluyen a pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups digitales.

La recaudación prevista de este impuesto es de 968 millones de euros, una cifra inferior a los 1.200 millones inicialmente previstos en la anterior redacción de la propuesta legislativa, “debido a la ralentización de la economía”, explica la responsable de Hacienda.

El impuesto se liquidará trimestralmente, aunque se establece una excepción para 2020 en la que las liquidaciones del segundo y tercer trimestre no se realizarán hasta al menos el 20 de diciembre, con el objetivo de dar “margen” a la adaptación de las empresas y a la negociación con la OCDE y el G20, de cara al establecimiento de un impuesto digital común.

En este sentido, Montero puntualiza que, si se llegara a un acuerdo global para la tributación digital, “España adaptará su legislación interna”, en línea con lo planteado por Francia, Italia o el Reino Unido.

2. ¿Qué es la ‘tasa Tobin’ o a impuesto a las transacciones financieras?

Con este impuesto se pretende gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Su recaudación prevista es de unos 850 millones de euros anuales.

El tributo no afectará a las empresas no cotizadas y a las pymes, ya que recae sobre el intermediario financiero, y se centra en un sector, el financiero, “que durante la crisis recibió un importante apoyo” público. Tampoco va a gravar la compra de títulos de deuda (ni pública, ni privada)

Este impuesto a las transacciones financieras ya está vigente en Francia, mientras que en Alemania entrará en vigor en 2021. Hace ahora nueve años la Comisión Europea aprobó un impuesto a todas las operaciones de las entidades financieras, siempre que una de las partes en la transacción (o las dos) estuviese establecida en la UE. 11 países, entre ellos España, aprobaron esta tasa, que no se aplicaría directamente a ahorradores y pymes (se excluyen operaciones como hipotecas, préstamos, seguros y operaciones entre particulares).

La tasa debe su nombre al economista James Tobin (EEUU), Premio Nobel de Economía en 1981, por introducir este modelo impositivo en 1972 con el fin de frenar la especulación con divisas a nivel mundial. En la actualidad, se están elaborando este tipo de legislaciones ‘tipo Tobin’ para sanear las arcas públicas, aunque ha evolucionado el concepto inicial hacia un impuesto sobre todas las transacciones de acciones, bonos y divisas.