España aspira a 140.000 millones de euros de Europa en los próximos tres años: 72.700 en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y 67.300 en préstamos, pero el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los Planes de inversión de nuestro país al respecto, así como los tiempos no estaban del todo claros y quedan muchos detalles.
El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea publico la Guía para que los países elaboren los planes para optar a estas ayudas, en la cual no aclaran los diferentes hitos de este proceso e información a facilitar.
¿A dónde irán los 140.000 millones asignados a España?
Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationUE, los Estados miembros deben presentar planes para la recuperación en los que se expongan los diferentes programas nacionales de inversión, que sienten las bases de una recuperación ecológica, digital y sostenible. Bruselas "apoyará inversiones y reformas que tengan un impacto positivo y duradero en la economía y la sociedad”. Los respectivos planes por parte de los Estados miembros deben abordar los retos de política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países para 2019 y 2020.
Entre las prioridades de la Comisión Europea pasan por invertir en tecnologías limpias, transporte sostenible, digitalización de los servicios públicos y la adaptación de los sistemas educativos, entre otras, animando a que se incluyan en estos planes inversiones y reformas los siguientes ámbitos emblemáticos:
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- Activación. Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspectivas de futuro y aceleración del desarrollo y el uso de energías renovables. rn
- Renovación. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados. rn
- Carga y Repostaje. Fomento de tecnologías limpias con perspectivas de futuro a fin de acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente, de estaciones de carga y repostaje, y la ampliación del transporte público. rn
- Conexión. Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G. rn
- Modernización. Digitalización de la Administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario. rn
- Ampliación. Aumento de las capacidades industriales europeas en materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia, de última generación y sostenibles. rn
- Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales. Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y la formación profesional a todas las edades. rn
Entre las recomendaciones realizadas en el último informe del Consejo a España en mayo de este año hay que destacar:
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- Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, infraestructura energética, gestión de recursos hídricos y residuos, así como el transporte sostenible. rn
- El apoyo a la digitalización de las empresas palanca para mejorar su competitividad en las cadenas de valor mundiales, particularmente para las PYMEs. rn
- Adopción de tecnologías digitales y reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales. rn
- Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario. rn
- Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública. rn
- Asegurar la aplicación efectiva de las medidas que proporcionen liquidez a las PYMEs y autónomos. rn
- Medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. rn
¿Qué se debe presentar y cuál será el proceso?
Cada país deberá incluir en su propuesta de Plan de Reconstrucción y Resiliencia un informe motivado de por qué prioriza unas reformas respecto a otras; incluyendo un documento que recoja los objetivos a alcanzar, hitos del proceso e indicadores de medición de resultados, persiguiendo que estos sean claros, realistas, bien definidos y verificables.
El Parlamento Europeo y al Consejo deberán alcanzar lo antes posible un acuerdo sobre la propuesta legislativa a fin de que el Mecanismo esté operativo a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que los Estados miembros podrán presentar oficialmente sus planes, estableciendo el 30 de abril como fecha límite.
En su elaboración cada Estado miembro debe entablar un amplio diálogo político que integre a todos los actores pertinentes en la preparación de sus planes e interactuar con el Grupo de Trabajo para la Recuperación y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, para ello tendrán que presentar los anteproyectos de estos planes a partir del 15 de octubre de 2020, empezando de esta forma las negociaciones.
Los respectivos Planes por cada país deberán ser validados por la Comisión Europea y además deberán someterse a la evaluación de un organismo independiente, que en el caso de España será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La Comisión contará con dos meses para evaluarlo y un mes adicional para hacer una propuesta al Consejo para su aprobación, por lo que nos iríamos a finales de julio del 2021.
La financiación dependerá del cumplimiento de los objetivos, los fondos se liberarán a los países en función de diferentes hitos, si estos no se cumpliesen los pagos se suspenderían y la contribución financiera podría reducirse.
Dada la complejidad de este proceso, no hay una fecha fija para empezar a recibir prefinanciación de estos fondos, se estima que una primera parte llegue en 2021, como tampoco hay un importe cerrado. Todo dependerá de la agilidad del proceso, de la rapidez y la calidad del diseño de proyectos que presenten las administraciones españolas. Es importante recordar que un aspecto sin duda crucial será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
¿Quiénes van a decidir en España?
Para controlar y distribuir estos fondos, se ha creado una Comisión Interministerial, así como una Agencia para la Recuperación, que recaerá en la Dirección General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (antigua Oficina Económica de la Moncloa). Así mismo se contará con la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, que liderará la ministra de Hacienda. En cuento a las entidades locales, no se ha concretado el mecanismo para acceder a las ayudas.
En este momento el Gobierno se encuentra trabajando en dos niveles, por un lado, con la Agencia para la Recuperación de la que depende el foro de interlocución con las empresas del IBEX y por otro con los diferentes ministerios, en el filtrado de posibles proyectos.
Parece que el gobierno va a solicitar ayuda a las Big four para participar en el proceso de formulación y redacción de proyectos a plantear en este Plan de Reconstrucción, en este sentido desde AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i), consideramos fundamental iniciar un diálogo abierto con diferentes actores, como plataformas tecnológicas, agrupaciones empresariales, … para participar en el proceso de definción de este Plan, apostando de esta forma por una colaboración público- privada activa, enriquecedora y amplia, en un proceso tan relevante para España como el Plan de Reconstrucción y que es, a nuestro juicio, una oportunidad que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar.
Noelia Escobar Izquierdo, miembro Junta Directiva de AFIDI