Este domingo los ciudadanos españoles están llamados, una vez más, a las urnas. Esta vez, los habitantes de la región, al igual que sus compatriotas comunitarios, elegirán la nueva composición del Parlamento Europeo.  

Esta institución, a través de los diputados electos, es la encargada de aprobar el presupuesto y controlar cómo se gasta el dinero en la Unión Europea (UE), así como de elegir al presidente de la Comisión Europea, nombrar a sus comisarios y obligarles a rendir cuentas. Pero no solo eso. La máxima ocupación de este organismo es la de dar forma y decidir las nuevas leyes que influirán en la vida de los ciudadanos de la UE, una labor que ha sido especialmente intensa en el último lustro en lo relativo al ámbito digital. 

En este período, el Parlamento ha desplegado todo un core legislativo con foco en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el procesamiento de datos o la protección a los derechos online de los usuarios de la región. Estas normas no solo han marcado la anterior legislatura, sino que también anticipan los deberes a los que deberá enfrentarse este organismo una vez se conozca su nueva composición. 

En DISRUPTORES - EL ESPAÑOL analizamos cuáles han sido los principales hitos tecnológicos del Parlamento Europeo durante los últimos cinco años y avanzamos algunos de los ámbitos pendientes de esta institución para el siguiente lustro. 

Cinco años intensos 

A lo largo de la legislatura que acaba de concluir, el Parlamento Europeo ha abogado por aproximarse a la digitalización desde una perspectiva humanista, es decir, poniendo al ser humano en el centro. Como consecuencia de ello, a principios de 2023, impulsó la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, un documento pionero en el que se establece la base de los valores y los derechos fundamentales de la UE a la hora de legislar sobre ámbitos como los servicios digitales, la protección de datos o la ciberseguridad. 

En relación a los servicios digitales, el organismo también desplegó en este período la Digital Service Act (DSA), una ley que obliga a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes con el objetivo de proteger a los usuarios y sus derechos.

Paralela a ella, se desarrolló la Digital Market Act (DMA), una norma que establece requerimientos para las grandes plataformas con el objetivo de garantizar que dichas empresas operan de manera justa y que, además, permite que aquellas firmas que desarrollan tecnologías emergentes puedan competir con ellas en un entorno empresarial mucho más equilibrado. 

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Los datos también tuvieron su espacio en la carrera legislativa europea y, en los últimos años, el Parlamento impulsó la Ley de Datos (Data Act) y la Ley de Gobernanza de Datos (Data Governance Act), dos normas complementarias cuyo principal objetivo es promover la innovación eliminando las barreras de acceso a la información de los consumidores y las empresas.

Siguiendo con esta temática, el organismo comunitario fijó su posición sobre la creación de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con el que se pretende consolidar el derecho de los usuarios a acceder a recetas, imágenes y pruebas de laboratorio de forma segura en otros países de la región. En este sentido, también se trabajó en mejorar el intercambio transfronterizo de información a través de la Ley Europea de Interoperabilidad. 

La identidad digital fue otra de las protagonistas en estos últimos cinco años, en los que se modificó el reglamento ya existente y entró en vigor el eIDAS2, a través del cual se materializó la creación de una cartera digital en la región con la que los ciudadanos podrán identificarse, almacenar y compartir todo tipo de información (como permisos de conducir o títulos universitarios). 

En materia de ciberseguridad, el Parlamento finalizó sus negociaciones con el Consejo sobre la Ley de Ciberresiliencia, que establece requisitos de seguridad para los dispositivos conectados a fin de proteger a los consumidores y a las empresas frente a los productos digitales en el mercado único.

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También, avanzó en el impulso a la Ley de Cibersolidaridad (o Cyber solidarity Act), que busca reforzar la solidaridad y las capacidades de detección, preparación y respuesta frente a amenazas e incidentes de ciberseguridad mediante la consolidación de un escudo europeo compuesto por los centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos. 

En estos cinco años trabajó, además, en la modificación del Reglamento de Ciberseguridad de 2019 con el objetivo de mejorar la ciberresiliencia de la UE al permitir la futura adopción de esquemas europeos de certificación para los servicios de seguridad gestionados. 

Uno de los documentos más importantes que vio la luz en este período es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), una ley pionera que regula el uso de esta tecnología con el objetivo de mitigar sus riesgos y potenciar sus capacidades. La norma entrará en vigor en 2026 en su totalidad, aunque algunos de sus puntos más importantes estarán operativos antes de que finalice este ejercicio. 

También, en estos años, el Parlamento ha impulsado normas para reforzar la autonomía estratégica europea, dado que la última legislatura coincidió, de pleno, con la crisis sanitaria. Así, vieron la luz leyes dedicadas a aumentar la disponibilidad de materias primas fundamentales para la industria de la Unión Europea, entre las que destaca, por ejemplo, la Ley de Chips (Chips Act). 

Y ahora, ¿qué?

Así, a la vista está, este organismo ha estado centrado en los últimos años en desplegar todo un ecosistema regulatorio que aborde las diferentes aristas del ámbito digital, desde la ciberseguridad a la inteligencia artificial, pasando por la gestión de los datos. Hoy, sin embargo, se abre un folio en blanco en el que la nueva composición de esta institución no solo tiene oportunidades, sino también algunos deberes pendientes. 

Los expertos avanzan que, si los cinco años anteriores estuvieron marcados por la presentación de normativas, el próximo lustro deberá enfocarse en el aterrizaje de dichas legislaciones. Desde las patronales tecnológicas españolas, por ejemplo, creen que es momento de frenar la "hiperactividad regulatoria" y dotar de recursos a los organismos que velen por el cumplimiento de las normas ya implantadas para comprobar su utilidad real. 

También, entre los aspectos que debe reforzar el Parlamento en su nueva etapa destaca la autonomía estratégica de la región para tratar de hacer frente de la mejor forma posible a las vulnerabilidades externas que se han puesto de manifiesto a raíz de los conflictos sanitarios y geopolíticos. 

Las competencias digitales y el impulso de los perfiles TIC son otro de los objetivos que debe marcarse esta institución en su nueva andadura, según los expertos consultados por este medio. Así, este organismo deberá promover iniciativas que ayuden a desarrollar nuevas competencias laborales y a reducir la brecha de talento que existe en el sector tecnológico para avanzar hacia el objetivo de 20 millones de especialistas marcado por Europa para 2030. 

Todos estos campos de trabajo deben ser abordados, además, de forma sostenible, aplicando las herramientas digitales para impulsar la transición verde.