El Gobierno ha autorizado el reparto de otros 7.890 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas. Ya van 178.896 millones desde 2012 repartidos a las autonomías que son incapaces de financiarse por sí mismas. Luego hay quien se pregunta cómo es posible que España haya alcanzado su nivel actual de deuda pública. Además del rescate financiero y del propio déficit del Estado, una de las causas de mayor peso es esta, la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de mutualizar el endeudamiento de autonomías y municipios, de sacar sus facturas de los cajones y cargarlas al fondo común, de cubrir los vencimientos de sus bonos y créditos bancarios convirtiéndolos en deuda de todo el Estado, de financiar el gasto que no cubren con sus ingresos (déficit).

De los últimos fondos aprobados esta semana por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (7.890 millones para el total de las autonomías), hay una cifra que destaca sobre el resto. La autonomía más beneficiada en términos absolutos por esta cobertura de déficits no esperados de años anteriores es Cataluña, que absorbe el 38,5% de los fondos (3.035 millones de euros).

Es una cantidad muy por encima de su peso económico dentro de España, que en 2014 se situó en el 18,9%, y prueba que el déficit de la autonomía, incapaz de financiarse por sí misma, está desbocado. También lo es el porcentaje destinado a Cataluña sobre el total de fondos utilizados desde 2012 (29,6%).  En pleno pulso soberanista es paradójico recordar cómo Cataluña se acogió por primera vez a los fondos de liquidez del Estado cuando vio que era incapaz de refinanciar el vencimiento de los bonos patrióticos emitidos por Artur Mas al llegar al poder en 2011.

De dónde salen los 3.000 millones

Hay dos causas que explican cómo es posible que se haya alcanzado esa cifra cuando la primera estimación del déficit no esperado de Cataluña en 2014 fueron 2.300 millones. La que más peso tiene es que está claro que la Intervención General del Estado (IGAE), que es quien da la cifra definitiva de diferencia entre gasto e ingresos de las autonomías, ha terminado arrojando una cifra muy superior a la inicial, de hecho en los últimos meses la estimación ya rondaba los 2.600 millones. Además, el Ministerio de Hacienda ha decidido aceptar al pago facturas de los nuevos antivirales para el tratamiento de la Hepatitis C, lo que también ha añadido una cantidad adicional a los fondos aprobados para cada autonomía que no ha sido desglosada.

En cualquier caso, el dinero destinado a Cataluña más que dobla al de la siguiente autonomía a la que más dinero se le destina de estos fondos pensados para cubrir déficit no esperados de años anteriores. La Comunidad Valenciana podrá utilizar liquidez por importe de 1.472 millones. Su presidente, Ximo Puig, acudió a ver a Montoro hace dos semanas para apremiarle a aprobar los fondos extra de liquidez en vista de que el pulso del Estado, retrasando su aprobación ante el desafío soberanista catalán, amenazaba con provocar la asfixia del resto de autonomías. 

Al margen de estos fondos extra por déficit no previsto, el Estado ya está liberando mes a mes fondos del FLA para pagar el déficit catalán previsto en 2015, haciendo que el total recibido por Cataluña en el presente ejercicio con cargo al FLA y a la facilidad financiera se eleve hasta octubre a 1.700 millones de euros. Los fondos de liquidez del Estado de este ejercicio son a un tipo de interés del 0%.

Control especial a Cataluña

Los importes asignados a cada autonomía se desembolsan, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), directamente a los proveedores una vez que las facturas presentadas por cada gobierno regional han sido certificadas por el interventor autonómico. Además, para que se abonen esas facturas, las autonomías están sometidas a un férreo control por parte de Hacienda, que las obliga a presentar un Plan Económico-Financiero 2015-2016 en caso de que no lo hayan hecho ya, a remitir información sobre su gasto farmacéutico y sanitario y a someterse a la evaluación trimestral de los plazos de pago a proveedores, que ahora incluirán también a los de los citados tratamientos antivirales de la Hepatitis C crónica. 

Estos controles han tenido un refuerzo decidido expresamente para el caso catalán. Para empezar, el pago de los fondos que se le liberan se hará por tramos co nun calendario en el que deben irse cumpliendo toda otra serie de requisitos. Por ejemplo, el Interventor de esta autonomía tendrá que remitir a Hacienda una certificado inicial actualizado mensualmente de la ejecución del Presupuesto catalán, incluidas sus empresas y organismos. Tiene que incluir en su información que tiene constancia de que los actos de los que haya tenido conocimiento no contravienen la Constitución o las leyes. 

Además, Cataluña deberá interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), informando diariamente del estado de tramitación de cada factura e incluyendo las inferiores a 5.000 euros, exentas hasta ahora de los controles más estrictos. Las facturas atendidas serán las de los servicios públicos esenciales, como Sanidad y farmacia. Los que no estén considerados como tales tendrán que solicitar autorización expresa.

El Gobierno justifica estas medidas de control adicionales sobre Cataluña en el empeoramiento de su calificación crediticia, en los 1.300 millones de déficit oculto de 2013 que afloraron el pasado otoño y en las propias manifestaciones de representantes de las instituciones catalanas declarando el impago de la deuda con las farmacias.